Dos jóvenes atados a una cama con gomas que gritan de dolor. Uno de ellos pide “por favor” al guardia en varias ocasiones que le dé agua. El otro golpea su cabeza contra el colchón tras quejarse a gritos durante varios minutos. Esta es la secuencia del vídeo al que ha tenido acceso eldiario.es y que muestra a dos adolescentes en un centro de menores inmovilizados y sin supervisión ninguna, una obligación recogida en el reglamento de funcionamiento de estas instituciones.
Alfonso Galiana Iglesias, del colectivo centrosdemenores.es, denuncia que este tipo de actuaciones y otras agresiones ocurren “habitualmente” en el centro Tierras de Oria de Almería, donde sitúa la grabación. Además, explica que el episodio de los dos jóvenes atados en habitaciones contiguas ocurrió “hace unos días”. Se trata de un centro del que es titular la Junta de Andalucía, y que dirige la Asociación para la Gestión de la Integración social (GINSO). Además de la de Almería, esta asociación también lleva otras dos instituciones de este tipo en Algeciras y en Madrid.
Este centro de menores ya ha sido denunciado en alguna ocasión por supuestos abusos a sus internos. En 2012, la Junta de Andalucía abrió expediente al Tierras de Oria después de que un joven denunciase una agresión por parte de su coordinador. El Defensor del Pueblo realizó en 2011 un informe sobre las malas prácticas del centro tras recibir hasta cinco expedientes de queja por algunos castigos aplicados por los responsables de vigilar a los menores.
El actual Defensor, Jesús Maeztu, presentó en diciembre de 2014 el informe La atención a menores infractores en centros de internamiento de Andalucía, en el que no detectó este tipo de prácticas en Tierras de Oria. Una portavoz de la institución pública explica que se realizó una visita sin previo aviso, a puerta cerrada y con entrevistas a internos y trabajadores elegidos de forma aleatoria. A pesar de que destacan no haber recibido ninguna denuncia en este sentido, no descartan que esta clase de castigos pudieran estar produciéndose. El documento dice textualmente: “No obtuvimos elementos de prueba que corroboren las quejas relativas a posible maltrato o trato vejatorio por parte del personal hacia los menores”, recoge el texto.
Áreas de aislamiento restringidas
Según la denuncia del colectivo centrosdemenores.es –formado por criminólogos y abogados, entre otros profesionales– los únicos que han podido tener acceso a estas zonas de aislamiento para los menores son los miembros del personal de seguridad, debido a que los educadores no puede ingresar en estas áreas. Pero los empleados de seguridad no pueden decidir unilateralmente atar a un joven a una cama: necesitan la autorización de la dirección del centro. En el caso de Tierras de Oria, son el director y el subdirector, según la ley, además del coordinador de educadores (este último según la versión de la plataforma centromenores.es), quienes deben dar el visto bueno para poner en práctica estas técnicas.
El director del centro, Manuel Madrid, ha negado a eldiario.es todos los hechos y asegura que “es imposible” que ocurrieran porque él mismo “nunca permitiría este tipo de actos”. Madrid admite que la inmovilización de los internos se ha producido en alguna ocasión, pero “siempre con el conocimiento del juez”, tal y como marca la legislación.
Este tipo de castigo a los menores internados está contemplado en la ley (Art. 59.2 de la Ley del Menor), pero siempre ha de realizarse “para evitar actos de violencia o lesiones de los menores, para impedir actos de fuga y daños en las instalaciones del centro o ante la resistencia activa o pasiva a las instrucciones del personal del mismo”. Según centrosdemenores.es, un joven puede acabar atado a una cama con solo “negarse a realizar una actividad del centro”. Los dos menores del vídeo pasaron “horas atados”, siempre según la versión del colectivo.
Sobre esta cuestión, la Junta de Andalucía se remite a la versión del centro, que ha negado lo que ocurre en los vídeos y asegura que “todo es falso”. Desde el centro, y a través de su director, recuerdan que la titularidad del Tierras de Oria es del gobierno andaluz y que es el Ejecutivo autonómico el que debe pronunciarse. Este medio también ha intentado recoger la versión de la empresa gestora, GINSO, sin que se haya producido respuesta por el momento.