La pandemia de coronavirus sigue impactando en los indicadores judiciales para medir la violencia de género, aunque a un ritmo mucho menor que al principio de la crisis. Durante los meses de verano se han interpuesto 42.854 denuncias, según los últimos datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La cifra sigue siendo menor que la del mismo trimestre de 2019 (un 5,08% menos), pero es muy diferente a la registrada en el confinamiento domiciliario. Si comparamos con el segundo trimestre, el más afectado, las denuncias se han incrementado un 24%.
El fin del estado de alarma ha propiciado que vuelvan a un nivel similar al de los meses previos y “muy próximos” a los del mismo periodo del año pasado, explica el CGPJ en un comunicado. Ocurre lo mismo con el número de mujeres que aparecen como víctimas, que han sido 41.513 –una mujer puede presentar varias denuncias–, un 4,29% menos que en 2019, pero un 24,5% superior a entre mayo y junio de este año. Siete de cada diez denuncias las presentaron las propias víctimas y solo el 0,11 % del total partieron de su entorno.
La tendencia se repite con las órdenes de protección: se han solicitado 12.179, algo menos que las 12.727 del mismo trimestre de 2019. Si lo comparamos con las pedidas durante el segundo de este 2020, encontramos que estas han subido un 16%. Se mantiene estable la proporción de las acordadas, que se sitúa en el 71%. De nuevo, las medidas más frecuentes fueron la orden de alejamiento y la prohibición de comunicación. En cuanto a las civiles, solo en un 2,5% de las ocasiones se suspendió el régimen de visitas con los hijos o hijas del presunto agresor. En más de la mitad de los casos (51,1 %), la víctima mantenía una relación afectiva con el agresor en el momento en que solicitó la orden de protección.
Tras la paralización de la actividad, los juzgados han vuelto a emitir sentencias a un ritmo también similar al del año pasado. En el tercer trimestre de 2020 se dictaron 11.547, apenas un 0,74% menos que en el mismo periodo de 2019. La mayoría, un 75,12%, fueron condenatorias.
Para Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, las cifras ponen de manifiesto “las dificultades que las víctimas han tenido durante el confinamiento para pedir ayuda acudiendo a la comisaría o al juzgado”, algo de lo que alertaron organismos internacionales. De hecho, el descenso entonces no significa que no se dieran situaciones de violencia de género, y prueba de ello es el enorme incremento de llamadas al teléfono de asistencia a víctimas 016, las consultas online y al Whatsapp de apoyo emocional y psicológico puesto en marcha por el Ministerio de Igualdad.
Con todo, y a pesar de la subida de denuncias de este último trimestre, asociaciones y expertas advierten de las consecuencias de la pandemia para las víctimas más a medio y largo plazo, entre ellas, la merma de la autonomía económica para romper con las relaciones de violencia debido a los efectos sobre el mercado de trabajo y la precariedad que está desencadenando la crisis.