La financiación de la ley de dependencia fue una de las principales víctimas de los recortes adoptados por el Partido Popular al llegar al Gobierno. Y su recuperación ha sido errática. El acuerdo sobre presupuestos suscrito por el Gobierno del PSOE y Unidos-Podemos recoge un impulso de 830 millones de euros para 2019.
Las dos vías descritas en el documento son la recuperación de la cotización a la Seguridad Social a cargo del Estado de los familiares cuidadores de dependientes y la elevación del dinero destinado a los recursos (tanto en el nivel mínimo como en el acordado, según dice el acuerdo).
Los familiares cuidadores vieron cortada la cotización en 2012. Unas 145.000 cuidadoras (la mayoría de personas a cargo de dependientes son mujeres) dejaron de aparecer en los registros de la Seguridad Social al cortarse esta aportación que estaba en marcha desde 2007. El Gobierno actual anunció en julio pasado que se recuperaría este pago. Ahora ha cuantificado el esfuerzo presupuestario para el año que viene: 315 millones de euros que “pueden beneficiar a 180.000 personas”, calcula el acuerdo entre formaciones políticas.
La otra novedad presupuestaria para dependencia es la financiación para atender a los beneficarios. La ley recoge que el Estado ponga una cantidad denominada nivel mínimo y otra parte compartida con las comunidades autónomas llamada nivel acordado (la tercera pata es la aportación privada de los interesados). El proyecto global de presupuestos incide sobre ambos capítulos: 515 millones extra, “un 40% más respecto a los PGE de 2018”, explica el texto.
Para el nivel mínimo, el plan es sumar 132 millones de euros y para el acordado, “derogado por el Partido Popular”, unos 383 millones “finalistas mediante acuerdos financieros entre el Estado y las comunidades autónomas”.