Mientras España sigue sin Gobierno, más de 256.000 personas permanecen en vilo: las dependientes con su derecho a una prestación reconocido pero en lista de espera para recibirla. La fila durante este tiempo, lejos de menguar, ha aumentado, y lo ha hecho dependientes valorados con Grado II y III. Es decir, dependencias severas y grandes. Según datos del Imserso, la suma de esos dos grupos era en enero de 98.577 personas; a 31 de julio, de 105.393, 6.816 más. De Grado I, moderados, la cifra se mantiene estable alrededor de 151.000. Es la primera vez desde 2015 que el número global crece.
Que lo que aumente en listas de espera sean las personas con valoración más grave se debe, según José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, a que “se atiende más a leves o moderados: genera mejor estadística y los servicios son low cost. Es una cuestión puramente económica, porque los grandes y severos cuestan más dinero. Es un espejismo estadístico, un juego para aparentar que la lista de espera disminuye. Lo venimos denunciando a lo largo de todos los dictámenes de nuestro Observatorio, pero lo grave y novedoso es lo del último año, que aumente en más de 6.000”.
Los dependientes de Grado I fueron eliminados de las estadísticas en 2012, el mismo año en el que Mariano Rajoy puso en marcha los recortes al sistema de ayuda a la dependencia. Volvieron a contabilizarse y por tanto a incorporarse a las listas en 2015, motivo por el que entonces la cifra también creció. “Las Comunidades están asfixiadas. Si no se les transfiere dinero desde la Administración central, prefieren atender a los moderados”, insiste. Como ejemplo: una persona con Grado I de dependencia puede requerir solo de un servicio de teleasistencia (25 euros) o una ayuda a domicilio a media jornada para estar bien atendida; una con gran dependencia, una plaza de residencia que cuesta alrededor de 1.800 euros al mes. Esa es “la razón por la que desde 2008 también ha descendido el coste medio por persona dependiente atendida: se atiende a más moderados y el gasto es menor”.
Un caso de entre esos casi 7.000 es el de Rosario. Lleva en una residencia concertada de Catalunya –la comunidad con más personas en lista de espera, el 32% de las que tienen derecho a prestación– desde el 20 de junio. Con la valoración de grado III, desde hace más de dos meses. El precio de su plaza, 1.700 euros al mes, lo paga su familia “con una situación económica no muy halagüeña, algunos en paro”, cuenta su hijo, Juan Antonio. “Al reconocerla como gran dependiente nos dijeron que la ayuda llegaría en al menos 3 meses. Eso es lo teórico, pero sabemos que no es exacto. Lo que hemos pagado de nuestro bolsillo ya se da por perdido. En cualquier caso, cuando la reciba tampoco cubrirá todo lo que cuesta, será algo complementario”.
El motivo: los presupuestos paralizados
José Manuel Ramírez hace la relación directa de este aumento de grandes dependientes sin prestación con el estado de paralización en el que se encuentra el sistema. “Estamos con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2018 prorrogados, que a su vez arrastran los recortes del año 2012. Se va acumulando y acabará todo colapsando. Mientras no hay gobierno, no aumenta la financiación y cada día mueren en España 80 personas sin recibir lo que les corresponde por derecho. Y por tanto cada día se incumple la Ley con las personas más vulnerables. La dependencia ha tenido muy mala suerte: primero, machacada y prácticamente aniquilada por el gobierno de Rajoy; luego, sin ser recuperada por el de Pedro Sánchez”, denuncia.
El presupuesto destinado a dependencia en 2010 era de 1.582 millones para 479.888 atendidos, de un total de 737.958 con derecho; el de 2018, bajó a 1.401 millones para los 954.831 atendidos de 1.264.951 con derecho en enero de ese año. Los PGE pactados entre PSOE y Unidas Podemos en octubre preveían una inyección de 500 millones para la dependencia. Con ese dinero, calculan desde Directores y Servicios Sociales, se podría a atender al 75% de los grandes dependientes en lista de espera, unos 75.000. El Observatorio de la Asociación sitúa la cifra necesaria de incremento anual para que España volviese a niveles de julio de 2012 en una superior, en cerca de 700 millones de euros: “Con los 500 millones no se resolvería todo el problema, pero el espaldarazo en un momento tan crucial hubiera sido extraordinario”.
Esos Presupuestos de PSOE y Unidas Podemos quedaron frustrados, las Cortes se disolvieron “y a seguir esperando”. Tras la convocatoria de nuevas elecciones, la Asociación estuvo “exigiendo” que la partida se aprobase en uno de los llamados “viernes sociales” vía decreto ley. Tampoco ocurrió. El problema, explica Ramírez, es que si los españoles vuelven a votar en noviembre, presumiblemente tampoco habrá PGE para 2020 y se volverán a prorrogar los de 2018. En cualquier caso, si se llega a inyectar dinero, este debería contemplarse, según Ramírez, directamente para la dependencia. Que no haya posibilidad de que un Consejero de Hacienda lo desvíe, sino que esté supeditado a recortar las listas de espera“.
Según la Ley de Dependencia de 2007, las comunidades y el Estado deberían aportar cada uno un 50% de los recursos. Actualmente, las comunidades aportan un 80% y Estado un 20%. No ha sido así siempre: los primeros años tras la Ley de Dependencia, 2009 y 2010, el porcentaje se situó entre el 50% y el 40%. A partir de los recortes, las comunidades pasaron a asumir la mayor parte del gasto en dependencia hasta llegar a ese 80% actual. La tendencia a atender antes a moderados que a graves es “general”, pero desde la Asociación no tienen datos al detalle de las comunidades: “En algunas apenas pasará, como en Castilla y León donde están cerca de la plena atención. En otras, como Canarias y Catalunya, por el contrario afecta de manera demoledora a los grados I, II y III”. Como resultado colateral, las “gravísimas desigualdades territoriales” dentro del sistema de ayuda a la dependencia en España.