La inyección de 500 millones de euros que debía impulsar la Ley de Dependencia incluida en el acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Podemos pende de un hilo. El Ejecutivo no ha podido presentar este martes a las comunidades autónomas una cifra sobre cuánto calcula que crecerá la partida del nivel mínimo garantizado para cada dependiente. La otra vía de financiación extra mediante acuerdos con las comunidades no se ha llegado a tratar. La incertidumbre sobre los Presupuestos Generales amenaza uno de los proyectos sociales de mayor calado de Pedro Sánchez y deja en vilo a más de un millón de personas. 269.000 de ellas aún aguardan recibir sus prestaciones pese a que las tienen concedidas.
“La voluntad del Gobierno es tratar hasta el final de que se produzca ese incremento del mínimo garantizado”, explican fuentes del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, que admiten el escollo que supondría no tener presupuestos. El mínimo garantizado es una cantidad que se reparte según el número de dependientes reconocidos.
“Todo lo han condicionado a los presupuestos”, cuentan desde dos delegaciones autonómicas que han asistido a la reunión del Comité delegado del Consejo Territorial. Al firmar el acuerdo con Podemos, ese fondo iba a obtener 132 millones de euros extra. Hace una semana, las comunidades autónomas recibieron un borrador en el que el aumento calcaba las cifras previstas por el último Gobierno de Mariano Rajoy, como publicó El País. “Fue un error”, han dicho en Bienestar Social. Ese cálculo no ha asomado en el encuentro, pero no ha aparecido una cifra alternativa.
Con la propuesta anunciada por el presidente Pedro Sánchez y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cada dependiente tendría asegurado 209, 93 y 52 euros mensuales, según el nivel de dependencia, de más a menos grave (la situación actual es de 190, 84 y 47euros), según ha calculado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales .
Al acabar octubre, 269.138 personas con derecho reconocido no recibían aún su prestación, según los datos del Imserso. 107.000 eran de los grupos II y III de mayor grado de dependencia. Tras más de un lustro durante el que el Gobierno de Mariano Rajoy podó el dinero destinado a la Ley de Dependencia, el sector aguardaba este empujón para mejorar las ayudas y aligerar la lista de espera “al menos en las 100.000 personas con mayor necesidad” reitera el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes, Juan Manuel Ramírez. Ese grupo ha crecido un 20% desde 2014, lo que “evidencia el brutal recorte económico” que se ha producido, según explican desde el Observatorio del VII Convenio por la Dependencia (compuesto por CCOO y las patronales del sector sector).
La asociación de directoras recibió “muy positivamente” el plan de Ejecutivo para recuperar el terreno perdido y ahora no comprenden este cambio de rumbo “en un asunto en el que hay un consenso parlamentario. Se está incumpliendo la ley”.
Encallada desde, casi, su inicio
Los recortes que torpedearon la normativa cuando todavía estaba arrancando comenzaron nada más llegar Mariano Rajoy a la Moncloa. El entonces presidente ya había avisado en su campaña electoral de que metería la tijera a la dependencia. “No es viable”, vaticinó. Era la época de los recortes al estado de bienestar.
Dicho y hecho, en 2012 paralizó una buena parte de su financiación al eliminar el denominado nivel acordado entre Gobierno central y autonomías que sumaba 238 millones anuales. Era un mecanismo pensado para apoyar el arranque del sistema de asistencia. Luego, año tras año, fue repitiendo ese bloqueo mediante disposiciones en la ley de presupuestos.
También ralentizó el calendario de implantación de la ley. Retrasó el reconocimiento legal de los niveles más moderados de dependencia, el nivel I, que no fue admitido hasta julio de 2015, cuando estaba previsto para 2013. Así se ahorraban los fondos que tenían que nutrir las ayudas a estas personas, unas 300.000 en el momento en que entraron en el sistema. Actualmente, suman 425.109 personas de las que tienen ayuda el 62%.
No pararon ahí las medidas: se eliminó la retroactividad de las prestaciones hasta un plazo de dos años. Es decir, si la Administración tardaba 24 meses en hacer efectiva la prestación desde que se había reconocido el derecho, desaparecía la obligación de abonar esos retrasos. La medida hizo que personas con derecho fallecieran, tras muchos meses de espera, sin percibir ni un euro. Al mismo tiempo rebajó los ingresos que obligaban a los dependientes a aportar un copago.
Si la idea de la ley era crear una red profesional y pública de asistencia, la realidad hizo que se extendiera mucho más de los previsto el recurso de abonar a una ayuda a una cuidadora familiar. Todavía hoy es un tercio de los recursos sostenidos por los fondos públicos.
El Ejecutivo popular añadió, además, la eliminación de las aportaciones a la Seguridad Social que el Estado hacía por las cuidadoras no profesionales que atienden familiares. Para 2019, el Ejecutivo del PSOE había avanzado que recuperaría esas cotizaciones con un impacto de 315 millones de euros. La incertidumbre ha hecho que el Consejo Territorial donde se tiene que anunciar el acuerdo definitivo no tenga fecha.