El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la mejora de los tres tipos de prestaciones económicas en dependencia. El ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra, ha impulsado la reforma del real decreto de 2013 que establecía estas ayudas y “acaba definitivamente con los recortes que sufrió el sistema en 2012”, según indica el departamento en un comunicado difundido a los medios. En la rueda posterior a la reunión del gabinete ha sido la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, quien ha anunciado la medida. Ante la ausencia de Belarra, esta ha indicado que es el Gobierno quien decide quién comparece ante los medios.
En total, según los datos de Derechos Sociales, la medida repercutirá en unas 750.000 personas. En concreto, más de medio millón de beneficiarios de una prestación económica para el cuidado en el entorno familiar la verán incrementada en un 17,65%, “por lo que se absorbe y supera el recorte del 14,9% de 2019”, indican. Así, la nueva cuantía mensual máxima será de 180 euros (frente a los 153 actuales) para las personas con un grado I de dependencia; de 315,90 euros (frente a los 268,79 actuales), para las de grado II; y de 455,40 euros (frente a los 387,64 actuales), para los de grado III.
Quienes reciben una prestación económica vinculada al servicio, las ayudas se incrementan un 4,5% con carácter general y se equipara la vinculada al servicio de atención residencial de grado II a la de grado III y la vinculada al servicio de centro de día para las personas con una dependencia de grado I, a las de grado II. Además, iguala los importes máximos porque “los precios de dichos servicios son iguales o muy similares con independencia del grado que presente la persona en situación de dependencia”. En total, esta medida afecta a casi 200.000 personas.
El otro tipo de prestación que ve incrementadas sus cuantías es la que se destina a la asistencia personal. La cuantía máxima mensual de grado I pasará de 300 a 313,5 euros y la de grado II se iguala con la de grado III: pasarán de 426,12 y de 715,07 euros a 747,25 euros. En este apartado, la reforma del real decreto incluye también cuantías mínimas, para evitar que con las reducciones previstas en las normas autonómicas la cuantía resultante quede “muy reducida, incluso cercana a cero euros”. Esta medida beneficiará a casi 10.000 personas.
La ministra Belarra ha señalado que “en estos años, el Gobierno de coalición ha hecho una inversión histórica en dependencia”, con tres años con “financiación récord”. “Solo en 2023, estamos destinando más de 4.600 millones de euros, más del doble de lo que ha invertido cualquier gobierno anterior hasta nuestra llegada”, ha indicado la líder de Podemos.
En concreto, el ministerio de Derecho Sociales ha hecho balance de los avances en dependencia esta legislatura, que “han propiciado una reducción sustancial, tanto en las listas de espera como en los tiempos de gestión de las prestaciones y servicios”. Según sus datos, desde enero de 2021, el número de personas atendidas ha aumentado en un 23,6%, hasta cerca de 1,3 millones de beneficiarios, mientras las listas de espera se han reducido en 89.069 personas, un 28,6% de las que esperaban por una ayuda a la que tienen derecho.
“Merece una valoración positiva”
El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha puesto en valor la “inyección económica” del ministerio en los últimos tres años, que “ha revertido con creces los recortes que hubo en 2012”. En concreto, Ramírez ha puesto en valor el incremento de la prestación económica para los cuidados en el entorno familiar y que las vinculadas al servicio, que permitirán que las personas dependientes en grado I pueda ir a residencias, y la mejora de la intensidad de la ayuda a domicilio.
“Aunque sea el último decreto, avanza en el mejor desarrollo y la mayor idoneidad del sistema de atención a la dependencia para las personas tan vulnerables como con las personas en situación de dependencia”, ha indicado el portavoz de la asociación. “Si por mí fuera, habría hecho muchísimas más cosas, porque vamos muy lentos pero es cierto que construir es muy lento y recortar es muy fácil” ha señalado antes de reconocer que la reforma impulsada por el Derechos Sociales “merece una valoración positiva”.
El Consejo de Ministros ha aprobado también la creación del Reglamento de las condiciones de utilización de la lengua de signos española y de los medios de apoyo a la comunicación oral para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Una medida que “da respuesta a una demanda histórica de la comunidad sorda de hacer realidad el reconocimiento legal de su lengua natural, alineándose con otros países del entorno comunitario”, indican desde Derechos Sociales. En concreto, este protocolo garantizará la libre elección entre el uso de la lengua de signos y la oral.