Derechos Sociales propone que las familias monoparentales puedan compartir el permiso por bebé con familiares

El borrador de la Ley de Familias, que el Ministerio de Derechos Sociales quiere llevar al Consejo de Ministros en el primer trimestre de 2022, incluye una importante novedad para las familias monoparentales: dispondrán de dos permisos por nacimiento (como en el caso de las familias con dos progenitores) y podrán elegir si tomarlo entero o si repartirlo con una persona conviviente o familiar hasta segundo grado de consanguinidad, según ha podido saber elDiario.es. Así consta en el texto que Derechos Sociales envió hace unos días a los ministerios a los que el texto afecta: el Ministerio de Justicia, el de Igualdad, Seguridad Social e Inclusión, y el Ministerio de Hacienda. Es este último con el que el ministerio de Ione Belarra prevé más dificultades, no solo por la parte presupuestaria sino también por diferencias técnicas sobre los permisos.

El texto plantea ampliar los permisos por nacimiento y adopción a madres y padres de las 16 semanas actuales hasta las 24 semanas. La propuesta es ir incrementando los permisos en dos semanas cada año desde 2023. Eso supondría llegar a las 24 semanas en 2026. El coste de esa medida está estimado en 360 millones de euros el primer año.

En el caso de las familias monoparentales, dispondrían de las mismas semanas de permiso que las que suman dos progenitores. Se tratará de dos permisos que podrá tomar la madre de manera continuada o bien podrá compartir uno de ellos con otra persona con la que conviva o que sea familiar hasta segundo grado de consanguinidad.

Es decir, podrá compartirlo, por ejemplo, con una pareja que no sea el padre o la madre del bebé pero con quien conviva, o con una amiga que esté empadronada en el mismo domicilio. O bien con familiares que no convivan pero que tengan hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad: padres, madres, abuelos, abuelas, hermanos, hermanas, suegros, yernos y nueras. Esas personas tendrán que estar trabajando y haber cotizado. El coste de esta medida sería de unos 290 millones anuales.

Desde hace meses, varias familias monoparentales han litigado en los tribunales para denunciar un trato discriminatorio al entender que sus hijos disfrutan de menos tiempo de cuidado que los bebés nacidos en una pareja. Hay ya varias sentencias de tribunales, en Las Palmas de Gran Canaria, Galicia, Castilla y León, la Comunitat Valenciana, Euskadi o Catalunya, que avalan su argumentación y que dictaminan que tienen derecho al mismo número de semanas por nacimiento.  

También avaló la medida el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que permitió la acumulación de permisos para una magistrada de Catalunya. Incluso el ministro de Seguridad Social e Inclusión, José Luis Escrivá, reconoció hace unas semanas que la diferencia de permisos que tienen las madres solteras frente a las parejas supone un “problema de equidad” y se comprometió a estudiarlo.

Prestación universal

El borrador contiene otras novedades, como una renta crianza universal de cien euros al mes por menor. La idea es que los primeros en cobrarla sean los progenitores de niños y niñas de 0 a 3 años para ir después, progresivamente, ampliándola. En 2023, primer año de su implantación, costaría 400 millones de euros. La idea de Derechos Sociales es que esta prestación absorba a dos que existen actualmente: el complemento de infancia del Ingreso Mínimo Vital y la deducción por maternidad en el IRPF que las madres que se reincorporan de su permiso cobran durante dos años.

Ni la renta crianza universal ni la ampliación de permisos por nacimiento entraron en los Presupuestos que el PSOE y Unidas Podemos negociaron para 2022, por lo que es previsible que el texto genere debate en el seno del Ejecutivo.

La norma que ha redactado el ministerio también busca equiparar la situación jurídica de las parejas casadas y de las de hecho: ambas tendrán derecho a pensión de viudedad y éstas últimas podrán hacer también la declaración conjunta de la renta, una medida que tendría un impacto presupuestario de 475 millones de euros.

En total, el gasto durante el primer año de aplicación de la norma sería de 1525 millones de euros. La Ley de Familias es una de las grandes apuestas del Ministerio de Derechos Sociales para 2022. Incluida en el acuerdo de coalición del Gobierno, el borrador de la norma está ya listo y enviado. .