Derechos Sociales pretende aumentar la inyección del Estado para la dependencia hasta los 4.000 millones

El Gobierno pretende seguir aumentando su aportación en la financiación de la atención de la dependencia. El objetivo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 es incrementar la inyección del Estado hasta los 4.000 millones a lo largo de la legislatura para alcanzar una cofinanciación con las comunidades autónomas del 50%. Así lo ha anunciado la secretaria de Estado, Rosa Martínez, en una entrevista en Efe, donde ha puesto por primera vez en cifras el aumento presupuestario.

Su ejecución, no obstante, está condicionada a las negociaciones con Hacienda. “En el contexto de negociación presupuestaria que estamos y de coyuntura económica, aspiramos a que sea una realidad. Es parte del compromiso del acuerdo de coalición, pero creo que es una cuestión que habrá que ir viendo con prudencia y negociando dentro del Gobierno”, ha explicado.

El Ejecutivo de coalición aprobó en 2020 un plan para aligerar las listas de espera que suponía la inyección anual a las comunidades autónomas de 600 millones de euros para 2021, 2022 y 2023. Ahora, el ministro Pablo Bustinduy quiere que la aportación crezca hasta los 4.000 millones en el conjunto de la legislatura, lo que supondría un aumento de la aportación de 600 a 1.000 millones anuales.

El titular de Derechos Sociales ha compartido esta información con las comunidades autónomas en reuniones bilaterales que lleva manteniendo desde que llegó al cargo en noviembre de 2023. En el acuerdo firmado por PSOE y Sumar para la formación de Gobierno se recoge el objetivo del 50% a cargo de la Administración General del Estado, pero se añade, a renglón seguido, que este incremento se llevará a cabo “asegurando que las comunidades mantiene su inversión propia”.

Esta última parte del redactado es importante. El informe más reciente del Observatorio de la Dependencia que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales asegura que algunas comunidades están “haciendo caja” con el dinero extra del Gobierno central, es decir, “aliviando las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas dependientes”. Según sus datos, nueve comunidades recortaron en dependencia en 2022. Pese a los esfuerzos presupuestarios, 45.360 fallecieron ese año mientras estaban en la lista de espera, lo que significa una muerte cada 12 minutos.

Una reforma de la ley

Martínez considera que los avances no dependen solo de su ministerio, sino “también de la voluntad política de acuerdo para llevar a cabo este cambio de modelo de cuidados de larga duración por las comunidades autónomas”, sin pasar por alto, añade, “la mejora de las condiciones laborales de las personas cuidadoras, sobre todo mujeres”. “Estamos hablando de un reto de país, el de conseguir que el sistema de dependencia sea capaz de dar unos cuidados dignos y de calidad que se necesitan y de recibirlos con menos cargas burocráticas y con mucha más sencillez”. Para ello, la secretaria de Estado considera preciso que se reforme la ley, aunque no ha avanzado de qué manera se hará.

Además de la inyección anual de 600 millones al sistema, el anterior Gobierno de coalición también mejoró los tres tipos de prestaciones económicas en dependencia a través de un real decreto aprobado en julio de 2023 que revirtió los recortes de 2012. La nueva cuantía mensual máxima es de 180 euros (frente a los 153 actuales) para las personas con un grado I de dependencia; de 315,90 euros (frente a los 268,79 actuales), para las de grado II; y de 455,40 euros (frente a los 387,64 actuales), para los de grado III.

Según datos aportados por la anterior titular del Ministerio, Ione Belarra, como balance de legislatura, desde enero de 2021 el número de personas atendidas ha aumentado en un 23,6%, hasta cerca de 1,3 millones de beneficiarios, mientras las listas de espera se han reducido en 89.069 personas, un 28,6% de las que esperaban por una ayuda a la que tienen derecho.