La calle Sierra de Palomeras, en el distrito madrileño de Vallecas, ya estaba acordonada a las siete de la mañana. La acumulación de furgones policiales en las inmediaciones de la vivienda de Carmen Martínez, una vecina de 85 años, hacía presagiar el peor de los desenlaces. Un centenar de activistas se arremolinaba cerca de la casa, lo que no impidió que el desahucio terminara ejecutándose. Era la segunda amenaza -el primer intento de lanzamiento se logró frenar en octubre-, y esta vez se cumplió.
Carmen Ayuso, de 85 años, se vio obligada a abandonar la que había sido su casa durante 50 años por avalar con su vivienda hace cuatro años un préstamo de su hijo que ascendía a 40.000 euros. En unas circunstancias económicas muy desfavorables él no pudo asumir la devolución del dinero. La deuda era en el momento del desahucio de 77.000 euros.
Según la PAH, no fue posible negociar con el acreedor, que puso en manos de la justicia el caso para poder quedarse con la casa. “Este tipo de prestamistas van a por la casa porque saben que las familias que aceptan estos contratos totalmente abusivos lo hacen porque su situación económica es límite”, sostienen desde la PAH Vallecas.
La familia de Carmen se puso en contacto con la plataforma solo tres días antes del primer intento de desahucio en octubre. Entonces movilizaron con rapidez a activistas y vecinos de varias zonas que lograron frenarlo. En esta segunda ocasión, la misma red acudió a casa de la mujer, pero el lanzamiento era ya innegociable. Según un miembro de la PAH testigo de los momentos más tensos, se produjeron algunos empujones y un intento de carga, que finalmente no se llevó a cabo. Este vídeo de Alicia Armesto muestra algunos de esos momentos frente a la vivienda.
Inacción institucional
El entrenador del Rayo Vallecano, Paco Jémez, ha anunciado este sábado que tanto él como su cuerpo técnico y la plantilla del club de fútbol proveerá a Carmen de una renta para que pueda asumir el coste de un alquiler. “En 24 horas, la PAH ha buscado soluciones al problema ante el abandono al que las administraciones someten a las personas en situación de emergencia habitacional”, dice uno de los miembros de la plataforma en Vallecas que advierte, no obstante, de que este caso, en el que se involucra un prestamista y no un banco, no es aislado. “En Tetuán, se pueden contar hasta cuatro historias similares. Carmen se ha convertido en la imagen de este drama, pero hay muchos más”.
La vivienda de Carmen, ahora propiedad del prestamista, está valorada en 160.000 euros. Ella vive con una pensión de viudedad de 632 euros y ha tenido que alojarse en casa de su nieto, donde no hay espacio para toda la familia. Por el momento, el Ayuntamiento de Madrid no se ha puesto en contacto con ella para ofrecerle una alternativa habitacional, aunque la alcaldesa, Ana Botella, ha asegurado en la manifestación antiabortista de este sábado en Madrid que buscarían una solución para Carmen.
El Consistorio tiene actualmente en marcha dos programas de viviendas solidarias que actúan como colchón en estos casos. Uno que gestiona con entidades y otro con distritos. Entre los dos, suman 400 viviendas, aunque a fecha de 30 de septiembre solo 261 estaban en uso.
El eco del desahucio de Carmen ha llegado también a oídos del Ministerio de Economía, que ha asegurado que hará gestiones para que la Sociedad de Gestión de Activos (SAREB) o el Fondo Social de Vivienda (FSV) ofrezcan una vivienda en alquiler a la mujer. Fuentes del Ministerio han informado hoy a Efe de que, dadas las “circunstancias excepcionales del caso”, la petición a estos organismos se llevará a cabo “con toda celeridad” para que pongan a disposición de la afectada una vivienda en alquiler cerca del domicilio del que ha sido desahuciada.