La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha logrado paralizar cuatro desahucios en la Comunidad de Madrid en una misma mañana, tres en la capital. Uno de ellos, el de Rubén y su familia, que con el apoyo de los activistas ha conseguido negociar un aplazamiento del desalojo de dos meses. No es una solución definitiva, pero Rubén, que vive en una casa ocupada propiedad de Bankia, no ha dejado de abrazar a sus compañeros y agradecerles su apoyo. El suyo es uno de los tres desalojos paralizados este miércoles en Madrid capital, a pesar de que recientemente la alcaldesa Manuela Carmena celebraba que en la capital “ya no hay desahucios”.
Rubén, que vive con su mujer y la familia de su primo, entre ellos una niña de cinco años, trabajaba como pintor hasta que se quedó sin empleo hace tres años. “Tuve un problema de adicción y estuve en prisión diez meses porque empecé a trapichear”, dice. “Cuando salí, me vi en la calle, sin trabajo y sin ingresos para pagar un alquiler”. Fue entonces cuando su hermana le habló de la posibilidad de ocupar una de las viviendas vacías de Bankia: “Siempre he vivido de alquiler, desde los 16 años, pero veo muy injusto que haya tantas casas en España vacías y que estemos familias en la calle”, denuncia.
En su casa solo entra el subsidio por desempleo de 470 euros que cobra Raquel, su mujer. “A veces a mi primo y a mí nos salen trabajos esporádicos con los que vamos tirando, pero no es nada fijo”. Frecuentemente acuden a Cruz Roja y Cáritas para pedir ayuda alimentaria y Javier Baeza, el párroco de San Carlos Borromeo, es también otro de los puntos de apoyo de estas dos familias, que esperan regularizar su situación negociando hasta el 27 de noviembre con Bankia un alquiler social. Ahora Rubén, que ya ha logrado salir de su adicción a las drogas, solo quiere encontrar empleo y “vivir dignamente” con su familia
El grupo de la PAH que le ha ayudado ha intentado acceder a la Oficina de Intermediación Hipotecaria, creada recientemente por el Ayuntamiento de Madrid para dar solución a personas que tienen dificultades con el pago de su vivienda, pero solo media en casos relacionados con la imposibilidad de pagar la hipoteca.
“El Ayuntamiento debe responsabilizarse”
“La oficina se ha desentendido del caso porque no da respuesta a casos de ocupación, entienden que es ilegal”, explica Mercedes Lovera, de PAH Vallecas. Sin embargo, prosigue, “no han caído en la cuenta de que este tipo de ocupación es consecuencia de la falta de soluciones por parte de la anterior administración”. Mercedes es tajante en sus críticas al consistorio madrileño: “solo están trabajando para un pequeño grupo de población, con unas características determinadas a las que no todo el mundo accede”.
Además del de Rubén, otros dos intentos de desalojo se han producido este miércoles en la ciudad de Madrid. La PAH ha logrado paralizar otro en el barrio de Tetuán. Es el de Alonso, su pareja y sus dos hijos, que actualmente no perciben ningún ingreso tras haberse quedado él sin trabajo y estar esperando a recibir la ayuda por desempleo. Alonso lleva meses sin poder hacer frente al pago de la hipoteca que firmó con BBVA.
El caso de Karen que, al igual que Rubén, se vio obligada a ocupar una vivienda en Villaverde Alto “es más delicado”, sostiene Mercedes. Y es que tanto ella como su pareja, padres de un niño de 18 meses, se encuentran en situación irregular en España. Sin apenas ingresos, han intentado negociar un alquiler social con Bankia, “sin respuesta positiva por su parte”, denuncia Mercedes. Desde Stop Desahucios Villaverde, en este caso se ha producido la intermediación del concejal de distrito, Guillermo Zapata, según publica Diagonal.
Mercedes quiere lanzar un mensaje a Manuela Carmena y a su equipo para que “caiga en la cuenta de que si no hubiéramos estado nosotros, hoy habría tres familias en la calle en la ciudad de Madrid”. Las ocupaciones, dice, son realidades que “proceden de decisiones de anteriores administraciones, así que el Ayuntamiento debe responsabilizarse”. En Tres Cantos, que no depende del Ayuntamiento de Madrid, la PAH también ha conseguido paralizar el desalojo de Rocío, una mujer mayor sin recursos que no puede afrontar el pago del alquiler.