Funerales: Cuatro razones por las que morirse sale demasiado caro
Los servicios funerarios están considerados servicios de interés general y cobertura universal al igual que lo son el abastecimiento de agua, la sanidad o el transporte público. Sin embargo, según la OCU, el precio medio de un sepelio en nuestro país ronda los 3.500 euros, un precio que aumenta en ciudades como Tarragona o Barcelona, donde puede alcanzar los 5.000 y 6.000 euros. Varios estudios y asociaciones señalan que estos precios son el resultado de prácticas restrictivas a la competencia y de la poca información que ofrece el sector.
El mercado del sector funerario se caracteriza por tener una demanda particularmente estable. De acuerdo al último estudio del Instituto Nacional de Estadística, en 2014 se produjeron en España 395.830 defunciones, 5.411 más que en el periodo anterior. Este aumento de la tasa de mortalidad repercute directamente sobre un sector cuya demanda además es “forzosa y de primera necesidad”, tal y como fue definida por el Estudio sobre los Servicios Funerarios elaborado por los Ministerios de Sanidad y de Hacienda en el año 2010.
La escasez de competencia
El mercado funerario español estuvo fuertemente regulado hasta 1996 cuando se produjo un proceso de liberalización que dio lugar a efectos muy desiguales en las diferentes ciudades españolas. Según el Observatorio de Política de la Competencia, la liberalización permitió la entrada en escena de numerosas empresas funerarias en algunas localidades, mientras que en otras los cambios fueron mínimos y la funeraria participada por el Ayuntamiento siguió operando en solitario.
En 2010, el Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas informaba de que en el 21% de los municipios españoles sólo operaba una sola empresa funeraria. Finalmente, la Ley 25/2009 –también conocida como Ley Ómnibus– favoreció la liberalización del sector eliminando parte de las trabas para conseguir una licencia funeraria. Sin embargo, desde ESFUNE, una asociación que busca la liberalización del sector, aseguran que muchos ayuntamientos aún no han adaptado sus ordenanzas a la legislación vigente, lo que da lugar a la existencia de oligopolios “encubiertos y consentidos”.
La OCU alertaba en 2013 de esta situación y señalaba que en aquellas ciudades donde continúa operando una sola empresa participada por el Ayuntamiento “ni la calidad de la información ni los precios responden a lo que debería ofrecer un servicio público”.
Panasef, la Asociación Nacional de los Servicios Funerarios, asegura que la competencia ha aumentado y que cada vez hay más operadores prestando servicios. Josep Ventura, su portavoz, destaca el esfuerzo de las empresas por mejorar las condiciones del servicio y apunta al aumento del IVA –que pasó del 8% al 21% en 2013 – como responsable de los elevados precios del sector. Sin embargo, estos servicios ya eran caros antes de 2013.
“Solicitamos una normativa del sector funerario para que se unifiquen criterios de establecimiento de servicios”, dice Ventura. La normativa exigida por el sector, se materializó en el proyecto de Ley de Servicios Funerarios, aprobado bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Este proyecto pretendía unificar la dispersa regulación de este servicio y eliminar las trabas a la competencia en el sector. El texto, aprobado en junio de 2011, quedó interrumpido con la llegada del Partido Popular al poder.
El contexto emotivo influye
El peculiar contexto de emotividad en el que se desarrolla la compra de estos servicios es un condicionante para los usuarios, que convierte esta necesidad en una compra inmediata e imprevista, donde no suelen primar los criterios económicos. La urgencia del servicio hace que la demanda sea particularmente inelástica y no se vea alterada significativamente con las variaciones en los niveles de los precios.
Asociaciones como Funerarias Abusos No denuncian que las deficiencias de información en el proceso de contratación de este servicio también pueden conllevar abusos en los precios del mismo. “Se aprovechan de las circunstancias emocionales, de un servicio que no puede esperar y donde nos suele faltar información”, asegura José Luis Manzano, fundador de la Asociación.
El estudio publicado en 2010 también alertaba sobre el poder de negociación de las empresas suministradoras que en ocasiones logran que los usuarios adquieran paquetes cerrados con servicios no deseados. Estas circunstancias predisponen una “demanda inducida por el oferente” que reduce las posibilidades de comparación de los usuarios entre proveedores alternativos.
La influencia de las compañías aseguradoras
Según datos de Unespa, la patronal de las compañías aseguradoras, alrededor de veinte millones de españoles tiene contratado un seguro de decesos. Las compañías de seguros –que gestionan el 60% de los fallecimientos de nuestro país– tienen una estrecha relación con las empresas que ofrecen servicios funerarios, ya que suelen intermediar entre éstas y los usuarios. Las asociaciones denuncian que los lazos entre aseguradoras y funerarias limitan la competitividad al restringir la libertad de elección de los asegurados, que normalmente optan por alguna de las empresas funerarias ofrecidas por su compañía aseguradora.
El caso de Madrid
El pasado mes de marzo, el Ayuntamiento de Madrid aprobaba la remunicipalización de la principal funeraria de la capital, privatizada en 1993 y que se hará efectiva en septiembre. El consistorio señala que el cambio a la gestión pública del servicio permitirá que los beneficios económicos pasen a las arcas municipales, lo que revertirá en la ciudadanía. Sin embargo, se mantendrá la política de precios establecida por la anterior empresa gestora.
