De una desescalada “sin fechas” a anunciar turistas en julio: el cambio de estrategia del Gobierno inquieta a los expertos

El Gobierno ha cambiado sustancialmente en pocas semanas su política de comunicación sobre la desescalada del confinamiento de la pandemia de COVID-19. A finales de abril, cuando publicaron la estrategia que habían elaborado con el comité científico asesor, un punto claves y diferenciador respecto a otros países era que no fijaba fechas, sino plazos. Pedro Sánchez dio, si todo iba bien, un margen de entre 6 y 8 semanas entre el comienzo de la transición y la 'nueva normalidad'. “No hay un calendario cerrado y uniforme”, dijo entonces el presidente. Los expertos lo avalaron, porque así “no se creaban expectativas”. A estas alturas de mayo, sin embargo, ya hay una fecha clara señalada por el mismo Sánchez para la 'nueva normalidad': finales de junio. Luego, el día 1 de julio, se levantará la cuarentena obligatoria para personas que visiten España, y con ello se reactivará el turismo.

Las características de las cuatro fases que conforman la estrategia también se han aligerado en el transcurso de este mes. El plan del Gobierno contemplaba como obligatorios 14 días de permanencia en cada una y para cada territorio. El ministro Salvador Illa siempre aclaró que podría revisarse, pero solo de manera “muy excepcional”. Este domingo se abrió un poco más también en ese tema y aseguró que “iban a estudiar” si “hay opciones de modificarlo” en zonas en las que la evolución de la epidemia vaya muy bien. Lo había solicitado Andalucía para Málaga y Granada la semana pasada, y la Comunidad de Madrid hizo el amago de pedir un pase más rápido a la fase 2, que finalmente declinó. De todos modos, los 14 días, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), es lo que sigue “vigente”, según Illa.

¿Qué ha pasado en este tiempo para que el criterio se modifique? El Ministerio siempre ha llevado por delante que, dentro de que iban a actuar con “prudencia”, iban a ser “flexibles” con las comunidades, ya que no hay un manual de instrucciones claro sobre la desescalada de la cuarentena: todos los países se encuentran en proceso de ‘ensayo y error’, probando qué funciona y qué no. Pero, ante la presión social y parlamentaria, el estado de alarma y la desescalada que plantea estos días el Gobierno se ha convertido en algo casi “a la carta”. Eso les ha llevado a acceder a varias peticiones particulares de las comunidades para volverla más aperturista.

Beatriz González López-Valcárcel, catedrática en Economía de la Salud que ha asesorado durante la crisis al Ministerio de Ciencia y ha participado en el plan de desescalada del gobierno de Canarias, cree que hay que entender las decisiones “en clave de evidencia científica, pero también política”, y le preocupa que, sean cuales sean las decisiones, “se tomen contaminadas por condicionantes políticos, o de apoyos parlamentarios. Deberían ser científicas”. Desde la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSH) entienden que “es comprensible que, dado el daño económico, se busquen otras fórmulas”, pero avisan: “Poner fechas”, como finalmente ha hecho Sánchez, “tiene riesgos”. Desde la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) aconsejan separar lo que son “declaraciones políticas” de la “transmisión comunitaria real”, y seguir “siendo prudentes, y casi conservadores”. Su presidente, Pere Godoy, utiliza un dicho fuera del ámbito científico para definirlo: “Las prisas son malas consejeras”.

Solo en casos “muy, muy, muy sólidos”

En la SEMPSH no son del todo críticos con la posibilidad de reducir los tiempos de las fases. Uno de sus portavoces apunta que ellos han defendido una “respuesta adaptativa, pero que no solo está pensada para lo negativo sino también para lo positivo. Ser tajante en cuanto a plazos, para bien y para mal, no es lo ideal”. Partiendo de eso, “tiene sentido establecer periodos de 15 días”, como ha puesto la OMS, porque es el tiempo estimado de incubación máxima asociado al coronavirus. “Pero hay que meter en la ecuación que la disminución del número de casos en España es muy importante”.

“Los 15 días son lo ideal y el mínimo, pero aquí, tal y como se planteó, se están hablando de tres periodos de 15 días”, recuerdan. Llaman a comprender que para decidir dónde se acorta no basta con fijarse en dónde ha habido menos contagios: “Hay que ver dónde hay menos casos incidentes, distintos de los prevalentes. Los incidentes son los que han presentado síntomas en los últimos días, es decir, te indican cómo avanza la epidemia. Los prevalentes, los que se detectan por tests rápidos, y pueden haberse infectado hace semanas. Hay zonas de España donde ya solo se están detectando casos prácticamente por cribado, prevalentes, y buscándolos, no porque tengan síntomas ahora. Y ahí podría plantearse”.

López-Valcárcel ve “compatible” una aceleración de las fases solo “con muy buenos datos de evolución”, como mencionó el ministro, y podría ser, por ejemplo, en las islas canarias que ya de por sí van adelantadas. Sí le inquieta que, con el curso natural del proceso, con Madrid, Barcelona y Castilla y León entrando este lunes en fase 1, el estado de alarma no alcance a completar el proceso, porque ahí acabarían la 3 a principios de julio y el Gobierno lo ha anunciado como mucho hasta finales de junio. “Sin estado de alarma las reglas del juego cambian”, comenta, “ya no hay multas y se permite la movilidad. Tienes que apelar a la buena voluntad de los ciudadanos y a recomendaciones”. El uso de mascarilla obligatoria, que en su opinión debería durar durante el verano, “quizá se podría hacer a través de la Ley de Salud Pública, pero el mecanismo jurídico es más complicado”.

Pere Godoy es uno de los especialistas más cautos. En nombre de la Sociedad Española de Epidemiología lanza dos mensajes: “Todavía hay transmisión, y la población es masivamente susceptible”. Solo considera que se puedan rebajar los periodos de 14 días si la evidencia es “muy, muy sólida”. “No ser muy precavido puede ser peligroso”, advierte. De acuerdo con su análisis, el Gobierno al dar plazos está siendo optimista “y está bien que se sea optimista, pero siempre que esto no conlleve una relajación de todos. La COVID-19 ya nos ha demostrado lo que puede hacer”. También es reticente a valorar la relajación en Canarias y Baleares: “Es más fácil controlarlo porque son islas, pero también la entrada de turismo aumenta las agrupaciones de gente”. Es consciente de las “repercusiones económicas”, pero insiste en la “prudencia”: “Ser prudente también beneficia desde el punto de vista económico; un brote en una zona turística haría mucho daño”.

“Esta carrera no se ha acabado”

De todos modos, lo que más le preocupa a Godoy son los mensajes que se están lanzando, también desde el Gobierno central y regionales, sobre que, con la fase 1, estamos “saliendo” de la crisis. “Me preocupa claramente. Porque esto no ha acabado ni muchísimo menos. El intentar transmitir un mensaje que aumente la moral a la población es una cuestión política, pero me preocupa que pueda influir demasiado en la relajación de medidas como la de las distancias físicas. Si esto se relaja demasiado será muy negativo”.

Rebrotes va a haber y eso lo asumen todos los expertos consultados. “El objetivo es que sea en zonas concretas, localizadas. Otra transmisión comunitaria sería un mazazo a nivel psicológico, económico y sanitario”, opina Godoy.

López-Valcárcel destaca lo mismo: “El virus va a seguir circulando mientras no haya vacuna. El objetivo de todos ha de ser evitar un confinamiento masivo de nuevo, que el aumento de contagios no vuelva a ser exponencial, que como mucho se quede en cuarentenas localizadas”. Esperar muchísimo tampoco garantiza nada porque “con este virus, la seguridad total nunca la vamos a tener, ni nosotros ni nadie”, pero, por eso, “hemos de asumir que tenemos meses por delante. Si esto fuera una carrera de 10 kilómetros no habríamos llegado al final, estaríamos más o menos en el kilómetro 1,5. No podemos acabar esta parte desfondados y sin fuerzas, porque nos queda mucho”.