Los grandes despachos de abogados se están preparando para demandar a los Estados por las medidas ante la pandemia del coronavirus

A medida que los gobiernos toman medidas para combatir la pandemia de la COVID-19 y evitar el colapso económico, grandes firmas de abogados también están observando el virus. Así lo revela un reciente estudio de Corporate Europe Observatory, que establece que “los abogados instan a las grandes empresas a desafiar las medidas de emergencia para defender sus beneficios, y poblar el sistema paralelo de justicia corporativa ISDS [los mecanismos de arbitraje], de demandas multimillonarias”.

En documentos y seminarios web, los bufetes de abogados están alertando a sus clientes internacionales de las amplias protecciones para los inversores extranjeros como una herramienta para “buscar alivio y/o compensación por las pérdidas derivadas de las medidas estatales”, como puede leerse en el post de abogados del bufete de Quinn Emanuel en el blog de Kluwer Arbitration.

La ONG Corporate Europe Observatory también llama la atención sobre cómo el despacho de abogados Ropes&Gray alertaba: “Los gobiernos han respondido al COVID-19 con una variedad de medidas, que incluyen restricciones de viajes, limitaciones en las operaciones comerciales y beneficios fiscales. A pesar de su legitimidad, estas medidas pueden afectar negativamente a las empresas al reducir la rentabilidad, retrasar las operaciones o ser excluidas de ayudas estatales. Para las empresas con inversiones extranjeras, los acuerdos de inversión podrían ser una herramienta poderosa para recuperar o prevenir pérdidas resultantes de las medidas gubernamentales relacionadas con la COVID-19”.

Como los arbitrajes “a menudo siguen a una crisis económica, financiera o de otro tipo”, según abogados de Debevoise&Plimpton en un seminario web, algunos abogados predicen una “ola de querellas” que surgirá en respuesta a la pandemia de la COVID-19, según anunció en un seminario web Alston y Bird. Dado que los costes legales de las disputas en los tribunales de arbitraje son alrededor de 4,7 millones de euros y que en algunos casos superaron los 28 millones de euros, el informe de Corporate Europe Observatory avisa de que un auge en las reclamaciones supondría “un gran negocio para los despachos de abogados”.

Mientras los abogados alientan a recurrir a los tribunales de arbitraje con asuntos con el coronavirus contra los Estados, estos últimos afrontan un riesgo “incalculable”, según el informe, que cita al despacho Volterra Fietta: “Los directores de las compañías también deben informar a sus accionistas de que pueden presentar demandas de arbitraje inversor-Estado por derecho propio y separadas de las de la compañía. Cualquier entidad en la cadena de propiedad corporativa podría tener derecho a reclamaciones de arbitraje inversor-Estado”.

A la luz de este riesgo, Corporate Europe Observatory explica que “los expertos han pedido una restricción permanente a las reclamaciones de ISDS contra las medidas gubernamentales dirigidas a los efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia de COVID-19”.

Así, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) también ha hecho sonar las alarmas: “Las medidas estatales para limitar el impacto adverso de la pandemia son múltiples y varían de un país a otro”, escribió la UNCTAD el 4 de mayo de 2020 y advirtió: “Aunque estas medidas se toman para proteger el interés público y mitigar el impacto negativo de la pandemia, algunas de ellos podrían exponer a los gobiernos a procedimientos de arbitraje iniciados por inversores extranjeros”.

Si bien aún no se conocen casos reales de ISDS relacionados con el coronavirus, reconoce el informe de la ONG, “los abogados especializados en inversiones están considerando numerosos escenarios de casos, como revela un análisis de informes legales recientes y seminarios web”.

La ONG establece diez posibles escenarios de demandas contra los Estados en los tribunales de arbitraje por decisiones que pueden considerarse lesivas contra intereses empresariales privados aunque se tomen pensando en la salud de la población: contra las acciones de los Gobiernos para proporcionar agua limpia para lavarse las manos; ayudas ante los sistemas de salud pública sobrecargados; demandas contra acciones a favor de medicamentos, pruebas y vacunas asequibles; respuesta de los inversores a las restricciones gubernamentales para actividades comerciales que propagan virus; demandas por facturas de servicios de energía suspendidas para los necesitados; disputas sobre medidas de alivio de deuda para hogares y empresas; acciones legales contra medidas financieras; contra medidas de justicia fiscal; demandar a los gobiernos por no prevenir disturbios sociales; y por ser un negocio en auge para litigadores.