Amaya Muñoz tiene 31 años. En septiembre perdió su casa del barrio madrileño de Valdezarza. La desahuciaron por no poder hacer frente al alquiler. Y el viernes perdió su trabajo por haber faltado aquel día en el que la echaron a la calle con sus bártulos. Aunque sus ausencias estaban justificadas, la empresa de telemarketing Konecta, en la que llevaba contratada desde julio, le explicó que la despedían de todas formas. Y que lo hacían con el aval de la última reforma laboral, que considera un “despido objetivo” el que se produce porque el empleado acumula nueve faltas justificadas en dos meses.
“Me avisaron de que el desahucio sería el 11 de septiembre. Ya había logrado aplazarlo una vez, pero la cosa no pintaba bien. Y pedí el día libre para acudir a mi propio desalojo. Les dejé claro que era un asunto de índole judicial y que mi falta estaría justificada. Pero mi jefa me respondió que ya era mayorcita y que tenía que asumir mis responsabilidades”, cuenta Amaya. Al final, “a regañadientes”, en la empresa accedieron a un cambio de turno. Pero todo fue peor de lo que la joven había imaginado. Decenas de personas se acercaron para intentar evitar el desalojo, pero un amplio operativo policial ayudó a fraguar el desahucio.
“A las siete de la mañana han llegado una barbaridad de furgonetas de la UIP. Serían unas 15. Han cortado algunas calles, han tomado prácticamente todo el barrio para evitar el acceso de otros compañeros que pudiesen unirse durante la mañana. Los agentes venían con el ariete, los mazos... Estaban preparados para tirar la puerta abajo”, explicaba entonces Álvaro Gómez, miembro de la asamblea popular de Tetuán.
Tras el episodio, Amaya “muy afectada psicológicamente”, según relataban los presentes, no fue a trabajar. “El médico me dio unos días de baja para recuperarme. Y eso no gustó en la empresa”, reconoce. Alojada temporalmente en casa de amigos, se reincorporó a su puesto con el apoyo explícito de sus compañeros, pero no de la dirección. “Mi jefa me dijo que me había visto en la tele, como si lo hubiese hecho adrede. Parecía que se estaba mofando de mí”, asegura. A partir de allí, todo fue más o menos normal. Hasta el viernes. Media hora antes de que acabara su turno, a las tres de la tarde, la llamaron desde el departamento de Recursos Humanos. “Creí que íbamos a hablar del turno extra que me había ofrecido a hacer al día siguiente”. Y se acercó contenta y segura por su rendimiento laboral: “Ese mismo viernes había vendido dos pólizas”, apunta.
Pero en la reunión la responsable de personal le comunicó que la echaban por sus faltas al trabajo. También se había ausentado otros dos días por un brote de gastroenteritis que afectó a varios empleados. “Ella me recalcaba la del 11 de septiembre, el día de mi desahucio. Y yo insistía que todas estaban justificadas. Pero me respondió que con la reforma laboral podían hacerlo igualmente”, lamenta. Sus planes ahora son demandar a su empresa, para exigirle “readmisión o despido improcedente”. Aunque la primera opción sea la que menos le gusta: “No me gustaría volver a trabajar en esta empresa por lo que me han hecho. Pero tengo que intentarlo todo”. La campaña para pedir la readmisión de Amaya Muñoz incluye el envío de mensajes a la página oficial de Facebook del grupo Konecta y a su cuenta de Twitter. Además, mañana a las 19.00 está convocada una concentración frente a la sede de la compañía, en Tres Cantos.
Una empresa con más problemas
A pesar de los reiterados intentos de recabar la versión de la empresa, no ha habido respuesta de momento. Konecta tiene otro gran conflicto laboral en cartera, que afecta en este caso a 150 trabajadores de la ex firma Golden Line, en Torrelavega, Cantabria. De hecho esta semana un juez debía decidir sobre la suerte de estos empleados, a los que el grupo empresarial, cuyo socio mayoritario es el banco Santander, ha propuesto trasladar a Valladolid y aplicarles una bajada salarial, pero el juicio se ha aplazado. “A mucha gente le dicen que o reduce su jornada y, por tanto, su sueldo o se van a la calle”, asegura Santiago Alonso, secretario de Organización de la Coordinadora Estatal de Telemarketing de CGT.
No es la primera vez que Konecta usa el absentismo laboral como causa para despedir a empleados: CGT señala que la empresa ha llevado a cabo muchos despidos procedentes basados en bajas, incluso justificadas. El año pasado, una empleada de la empresa que padecía una grave neumonía, murió tras darse de alta voluntariamente por miedo al despido. Según CGT, unas semanas antes, uno de los jefes había mencionado la posibilidad de despedir por bajas laborales.
En el caso de Amaya, denuncian que Konecta la instó a coger dos días de baja en octubre que ahora le contabilizan para su despido. “En octubre faltó los días 11 y el 17, tenía que ir al médico. Nuestro convenio recoge 35 horas al año para ir al médico en forma de permisos retribuidos. Sin embargo, la empresa le dijo que no le valía el justificante médico y que pidiera la baja esos días. Ya estaban detrás de despedirla”, explica Santiago Alonso.
El Grupo Konecta se describe en su página web como líder en servicios integrales de outsourcing y contact center desde 1999. En 2012, según sus datos, facturó 307 millones de euros (295 más que en 2000), y tenía el año pasado 15.286 trabajadores.
Desde la entrada en vigor de la reforma laboral basta con que un empleado falte nueve días hábiles al trabajo de forma intermitente en dos meses consecutivos, y aunque sea por causas justificadas, para que pueda ser despedido con la mínima indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. También se pueden quedar sin empleo por las mismas razones si falta “el 25% de los días hábiles en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses”. Así consta en el artículo 18 del real decreto, que es prácticamente igual que el que existía en la anterior reforma. Sin embargo, una diferencia aparentemente sutil da mayor libertad de despido a las empresas. En la versión publicada en el BOE el 11 de febrero de 2012 se elimina la frase: “siempre que el índice total de absentismo de la plantilla del centro de trabajo supere el 2,5% en los mismos periodos de tiempo”. La eliminación de la referencia colectiva convierte esta causa de despido en una responsabilidad exclusivamente individual. Los sindicatos aseguraron en su momento que esta disposición atenta contra el derecho a la salud de los trabajadores.