Uno de cada 10 euros públicos destinados a Sanidad va a parar a los conciertos con centros privados
1 de cada 10 euros públicos destinados a sanidad en España va a parar a la financiación de los conciertos entre la sanidad pública y los centros privados. En concreto, fue un 11,2% del gasto de 2016, el último dato disponible del Ministerio de Sanidad y que maneja el Instituto IDIS, fundación que aglutina a diversas empresas y aseguradoras sanitarias privadas, que ha diagnosticado el estado del sector este martes.
Este porcentaje ha sido estable desde 2008, año hasta el que se remontan los informes de IDIS. Ha fluctuado entre su mínimo del 10,4% de 2009, antes de los recortes en sanidad por la crisis –por lo que el gasto en números absolutos era mucho mayor– y con su pico en 2012, un 12%. Este trasvase de fondos creció mucho entre 2002 y 2011 cuando pasó de 2.600 a unos 7.600, según los datos de la Cuenta Satélite del Gasto Sanitario del Ministerio de Sanidad.
Los gestores de la sanidad privada han asegurado este martes que sus servicios alivian mucho la presión asistencial pública: el 30,9% de las intervenciones quirúrgicas en nuestro país se realizan en hospitales privados, ilustran. Y lo han relacionado con las listas de espera para operarse. Al mismo tiempo, el deterioro del sistema público acumulado por las desinversiones ha impulsado el negocio de la asistencia privada. Este ha sido un factor relevante en los análisis de mercado como el de la consultora AON que escribía en su perspectiva de 2018 sobre la bonanza del sector sanitario privado que se recogerían “las deficiencias en el sector sanitario público que sigue sufriendo las medidas restrictivas tomadas en 2012”.
Con todo, la comunidad a la cabeza en el gasto destinado a conciertos es Catalunya, con casi un cuarto de todo lo invertido. Supone 2.517 millones de euros. Catalunya tiene un modelo sanitario mixto que se inició en 1990 –con Jordi Pujol (CiU) al frente de la Generalitat y que mantuvieron los sucesivos gobiernos: integra dentro de una misma red de utilización pública, financiada con dinero público, centros de varias titularidades, algunos públicos y otros privados. Desde 2007, año que referencia el IDIS para comparar, ha caído lo destinado en 5,12 puntos.
Por encima del 10% de gasto público en conciertos sanitarios se encuentran las comunidades de Madrid (10,7%) e Islas Baleares (10,4%). Ambas regiones casi han duplicado esa flujo desde 2007. Madrid destinó en 2016 a los conciertos 842 millones, (617 de ellos se fueron a los hospitales privatizados total o parcialmente). En 2019, los presupuestos consignan a esas partidas 978 millones. En Baleares la cuenta es de 153 millones.
La siguiente región en el ránking es Canarias. Su gasto en conciertos en 2016 fue de 259 millones de euros, un 9,3% del total. En las islas se prolongaron durante décadas unas serie de conciertos firmados por el extinto Instituto Nacional de Salud (INSALUD), es decir, durante la época franquista, con clínicas privadas. Las prórrogas directas llegaron hasta 2018 cuando debieron ser anulados por irregulares. El ejecutivo regional reasignó esos contratos el pasado enero (67 millones de euros).
Atención especializada, transporte y hemodiálisis
Andalucía es la segunda región, tras Catalunya, que más dinero destina, 380 millones, pero proporcionalmente, por su cantidad de población, es la cuarta que menos gasta para los conciertos, un 4,1%. Por debajo de Andalucía, las que menos gastan del total de lo destinado a la sanidad son Cantabria (3,6%), Castilla y León y Aragón (3,9%).
La Comunidad Valenciana es la siguiente, quinta por la cola en esa lista con un 4,2%. El Ministerio no incluye dentro de lo calificado como conciertos las concesiones a hospitales privatizados de esa región, a diferencia de Madrid, donde sí están incluidos en la partida que se tiene en cuenta.
La mayor parte del gasto público en conciertos autonómicos se va a la atención especializada con medios privados, según las cifras de Sanidad extraídas por IDIS. Significa la asistencia en los hospitales. También destaca el transporte sanitario, la hemodiálisis y las terapias de insuficiencia respiratoria a domicilio.
