El 96% de los casos que detecta el teléfono contra el acoso escolar no llegan a Inspección, según Amnistía Internacional
A lo largo del primer año del teléfono habilitado por el Ministerio de Educación en noviembre de 2016 para denunciar casos de acoso escolar (900018018), éste recibió 25.366 llamadas. De ellas, 7.508 fueron identificados por el propio servicio como casos de riesgo real, pero solo se informó a Inspección Educativa de 278, es decir, del 3,7%. Es uno de los datos que denuncia Amnistía Internacional (AI) en un informe publicado este miércoles, “el primero sobre la materia”.
Esos datos corresponden a cifras estatales –obtenidos a partir del Portal de Transparencia–, pero la organización ha realizado un trabajo de campo con alumnado, profesorado, orientadores, sindicatos, inspección y familias en Galicia y en Extremadura. No tienen una respuesta “satisfactoria” por parte del Ministerio, con quien se reunieron en octubre de 2018, que explique que más del 96% de casos sospechosos no lleguen a Inspección –que depende de las comunidades–, y lo califican de “negligencia” y fallo en el sistema.
La investigación, que va acompañada de la campaña 'Pupitres Libres', hace un seguimiento de las medidas existentes actualmente. Serían los protocolos en todas las comunidades autónomas y, en el ámbito estatal, el Plan Estratégico de Convivencia Escolar 2016-2020. Los encargados de presentarla han sido Esteban Beltrán, director de AI España; Koldo Casla, autor de la misma; y Sara Padrón y Paula Obrán, estudiantes de secundaria de Ourense que colaboran en programas de prevención y mediación contra el acoso escolar.
Otro de los focos que han puesto ha sido en el “desfase” de datos: según Inspección Educativa, el 0,3% de escolares españoles sufriría acoso por parte de sus compañeros. Pero otros informes de la Organización Mundial de la Salud y de la Defensoría del Pueblo hablan de entre un 4 y un 6%. También el Observatorio Estatal de Convivencia Escolar se mueve alrededor del 5%, pero son datos de 2010 ya que, según también denuncian, ese órgano lleva sin reunirse y apenas sin actividad desde 2011. Desde AI desconocen cuál es la proporción que se ajusta más y lo que les preocupa, explicaba Casla, es esa diferencia: “Por cada caso que reconoce la Inspección, otros organismos prestigiosos como la OMS detectan 200. Debemos dotarnos de herramientas más sofisticadas para reducir ese desfase”.
Por otra parte, desde AI también critican la falta de recursos para formar al profesorado. A día de hoy, no existe currículo obligatorio para que todos los docentes sepan cómo actuar si se da alguna forma de violencia en sus clases. “El protocolo asume que los profesores están en primera línea. Y no es que no estén dispuestos, en la gran mayoría son aliados. Pero a día de hoy la formación para saber afrontar el acoso no es obligatoria y se imparte en centros de profesorado o por delegados sindicales, fuera del horario laboral. El acoso escolar no debería depender de la bondad o no de los profesores”, ha razonado Casla.
Otro de los problemas que impiden atajar de raíz el bullyng es que los datos que hay están “desagregados”: “No tenemos los posibles factores de riesgo. La Inspección no sabe cuántos casos son por orientación sexual, cuántos por etnicidad, cuántos por clase social... solo figura la edad y el sexo. Es urgente que las comunidades y el Ministerio, en aplicación del Plan de Convivencia, documenten la dimensión y qué colectivos sufren con mayor intensidad. En las aulas hay sexismo, clasismo, racismo, machismo. Son actitudes que no se han inventado los niños, sino problemas sociales que se manfiestan en las aulas y que no son claramente identificadas”.
El protocolo a seguir por los centros es, para muchos responsables de aplicarlo, al menos en parte desconocido: “Hemos hablado con personal de muchos centros que saben que existen protocolos, pero al enumerar los pasos cada uno nos decía algo distinto”. Ese sistema, dicen, está fallando especialmente con la violencia no física sino “psicológica o relacional”. Otro punto que han destacado es que se ha de “confiar en los niños y niñas”, que “deben ser sujetos activos” para participar en programas de prevención en los que es positivo que en un primer momento no entren los adultos.
