Pablo (prefiere no hacer público su apellido) se enteró de que podía acabar en la cárcel cuando el timbre de casa despertó a su familia este martes sobre las 7.15 de la mañana. Al abrir la puerta, él y sus padres se encontraron con dos policías vestidos de paisano que preguntaban si vivía allí. Estaba acusado de un delito del que le informarían en dependencias policiales. Ante la sorpresa, Pablo y su familia insistieron en saber de qué se trataba. “Me preguntaron si estaba seguro de que quería que me lo comunicaran delante de mis padres”, cuenta a eldiario.es este madrileño de 22 años. Él es uno de los 19 detenidos de los colectivos Distrito 14 y Frente 202, que este martes fueron arrestados por protestar en el pleno de la Junta Municipal del Distrito de Moratalaz, en Madrid, el 17 de febrero. Se les acusa de un delito “contra las instituciones del Estado”.
Pablo recuerda perfectamente ese día. Al llegar fueron identificados como cualquier otro ciudadano que ejerce su derecho de acudir al pleno, y al rato de empezar la sesión se levantaron y desplegaron una pancarta en la que se podía leer: “Ni gente sin casas ni casas sin gente. Stop Desahucios”.
“Acto seguido la policía municipal nos echó y salimos de la sala”, comenta Pablo, que aclara cuál era el objetivo de la protesta: “Decenas de familias son desahuciadas cada día de sus casas, incluso personas enfermas o con menores a su cargo. Es un drama real del que hay responsables directos”, asegura. De hecho, a pesar del mensaje optimista de recuperación que lanza el Gobierno, el último trimestre de 2014 fueron desahuciadas de su vivienda habitual un 13,5% más de personas que en el mismo periodo de 2013.
Casi un mes después, la acción en el pleno de Moratalaz ha provocado que la policía fuera a buscar a los implicados casa por casa para detenerlos y conducirlos a la comisaría de la zona, donde permanecieron varias horas. “Me dejaron cambiarme de ropa, comer algo y ya en el coche me pusieron los grilletes”, dice Pablo. Al llegar se encontró con tres de sus compañeros y comenzó a atar cabos. “Cuando llegaron todos, en un margen de diez minutos, nos bajaron a las celdas y nos dividieron por sexos”. Las seis chicas detenidas permanecían juntas en una misma celda. A los chicos los separaron de cuatro en cuatro. “Al rato nos llevaron a una celda conjunta para medirnos y tomarnos las huellas”, explica Pablo.
“Hubo alguna agresión”
A partir de las 14.30 los detenidos, que se habían negado a declarar, fueron saliendo de la comisaría uno a uno en libertad con cargos. Pablo fue uno de los últimos en hacerlo. Cuatro de ellos pasaron la noche en dependencias policiales, aunque ya están libres y su causa se tramitará como un juicio de faltas por alteración del orden público. Además, otro integrante del colectivo Distrito 14 fue llamado a declarar este miércoles por encontrarse de viaje cuando la policía fue a detenerle junto al resto de sus compañeros.
Los delitos por los que los cuatro detenidos que pasaron más de 24 horas en el calabozo habían sido arrestados eran desobediencia y resistencia, además de por el delito contra las instituciones del Estado, que está tipificado en el artículo 505 del Código Penal y sanciona a quienes “sin ser miembros de la corporación local, perturben de forma grave el orden de sus plenos impidiendo el acceso a los mismos, el desarrollo del orden del día previsto, la adopción de acuerdos o causen desórdenes que tengan por objeto manifestar el apoyo a organizaciones o grupos terroristas”.
La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, justifica las detenciones explicando que “irrumpieron en el pleno y se armó la marimorena. Hubo alguna agresión”. Sin embargo, Pablo asegura que en ningún momento atacaron a nadie. “Es totalmente falso. Sacamos la pancarta y comenzamos a gritar consignas, pero nada más”, sostiene. “Si hubiéramos agredido a alguien, ¿por qué no nos detuvo la policía que había en el pleno nada más salir?”. Para él la respuesta está clara: “Las detenciones forman parte de una campaña orquestada por Cifuentes”.
La Sección Sindical de CCOO-Policía Municipal de Madrid apoya la versión de Pablo y del resto de detenidos y desmiente a la delegada del Gobierno al confirmar que las agresiones y lesiones nunca se produjeron, tras haber hablado con miembros de la policía presentes en el pleno de Moratalaz. El sindicato considera, además, que con las acciones de protesta que se llevaron a cabo aquel día “solo se pretende ejercer la libertad de expresión con la mayor trascendencia posible”.
Según sostiene en un comunicado, a la organización le parece sorprendente la falta de inmediatez entre el suceso y las detenciones, puesto que el grupo ya estaba identificado al acceder al pleno presentando el DNI. En respuesta a las declaraciones de Cifuentes, CCOO-Policía Municipal se muestra tajante: “No vamos a permanecer callados e indiferentes ante la tentación de instrumentalizar la seguridad pública”.
El peso de las elecciones
La cercanía de las elecciones autonómicas y municipales, a las que la delegada del Gobierno se presenta por el Partido Popular para la presidencia de la Comunidad de Madrid, está en el punto de mira del colectivo al que pertenecen la mayoría de los detenidos, y que se describe como “anticapitalista, antifascista y feminista”.
Pablo cree que la intención es doble. Por un lado enviar un mensaje a su electorado: “Quiere demostrarles que ella manda en Madrid y que la policía que tiene detrás hace lo que ella ordena”. Por otro, pretende aumentar la represión contra los movimientos a favor del derecho a la vivienda. Los integrantes de Distrito 14 insisten en que las detenciones no son un ataque al colectivo, sino a “la juventud combativa de los barrios”, según sostienen en un comunicado. Una idea que también respaldan otros colectivos. Daniel, integrante de la Oficina de Vivienda de Madrid, está de acuerdo con ello. “Cada vez hay más policía en los desahucios que intentamos parar porque el movimiento es uno de los más fuertes y resistentes de toda España”, afirma.
Pablo sigue sorprendido: “No puedo creer cómo han podido hacer esto, han montado todo un mecanismo policial para detener a 20 chavales que reivindican el derecho a una vivienda digna, con la de cosas que hay que perseguir”.
Pertenece al colectivo Distrito 14, que surgió hace más de dos años al calor de la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Desde entonces sus integrantes se organizan para realizar actividades en el barrio, entre ellas “manifestaciones contra la violencia machista y convocatorias de protestas antidesahucios”. Además, son los creadores del Banco de Alimentos de Moratalaz, que atiende a cerca de 60 familias.
Pablo hace balance y lo que más destaca es el apoyo que les han brindado otros colectivos y personas a título individual. Las redes sociales han sufrido un aluvión de mensajes en defensa de los activistas y se han celebrado varias concentraciones frente a diversas Juntas de distrito de Madrid. “Es una jugada que al poder le ha salido mal, han querido extender el miedo y lo que han provocado es una ola de solidaridad”, dice Pablo. Se siente animado y con ganas de seguir: “Los que nos gobiernan se están dando cuenta de que se está creando un tejido social que se opone a sus políticas y quieren frenarlo, pero no lo van a conseguir”.