Cabeza del Buey, Badajoz, 1977. Un grupo de vecinos falangistas aparcan un camión junto a una de las puertas del Ayuntamiento. En unos minutos cargan en él los miles de documentos que la Falange local había acumulado durante las cuatro décadas de dictadura y, poco después, desaparecen para siempre. Vicente Serrano trabajaba en el consistorio y asistió impotente al robo de toda aquella documentación. Una acción que no se realizó clandestinamente, sino con total normalidad y a plena luz del día.
Tal y como se cuenta en el libro Cruz, bandera y caudillo, Vicente solo pudo salvar de la quema una relación de afiliados a la UGT de 1936 y 1937; un listado que los falangistas robaron en su día y utilizaron, junto a otra documentación generada por la República, para llevar a cabo el proceso de depuración y exterminio de políticos, sindicalistas, intelectuales y simples ciudadanos que defendían la democracia republicana.
Lo ocurrido en este pueblo pacense en plena Transición se repitió por toda la geografía española. En realidad, según repite una y otra vez el historiador Francisco Espinosa, “la destrucción masiva de documentos ya había comenzado en 1965, cuando los dirigentes del régimen se dieron cuenta de que el dictador no era inmortal, y se prolongó hasta 1985”.
No solo desapareció la mayor parte de la documentación que acumulaba la Falange, la vieja guardia franquista purgó todos y cada uno de los archivos oficiales con el objetivo de borrar en lo posible las huellas de sus crímenes. Aunque el grueso de los ficheros destruidos correspondían a hechos relacionados con el golpe de Estado, la guerra y, sobre todo, la represión, también desapareció infinidad de documentos generados durante la II República de los que se había apropiado el nuevo régimen fascista liderado por Franco.
“No conocemos la magnitud de los fondos documentales que se destruyeron o se llevaron a su casa los diferentes dirigentes del régimen”, asegura Ángel Viñas. El veterano historiador comparte con eldiario.es algunas de las lagunas con que se ha encontrado y se sigue encontrando durante sus largos años de investigación: “¿Dónde están, por ejemplo, los papeles de Franco como Jefe del Estado? ¿O los del general Mola? No sabemos dónde y quién los guarda”.
Los archivos militares secretos
Viñas incide en otro de los problemas, el mayor a su juicio, al que se tienen que enfrentar los historiadores españoles: “En los archivos militares estatales nunca he encontrado dificultad de acceso a la documentación. El problema no es lo que hay sino lo que no está allí. Los miles de documentos que no han sido liberados, que siguen siendo secretos y que no están depositados en esos archivos”.
En octubre de 2011 la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, preparó la desclasificación de más de 10.000 documentos fechados entre 1936 y 1968 que seguían teniendo la consideración de “secretos”, algunos de ellos pertenecientes al Gobierno de la República y al Ejército Popular. Tras siete años en el Gobierno, los socialistas esperaron hasta el último minuto para afrontar esta tarea y, por ello, no tuvieron tiempo de culminarla.
El triunfo del PP y la llegada de Rajoy a la Moncloa paralizó la desclasificación. Hace menos de una año, Mª Dolores de Cospedal confirmó que el ministerio de Defensa que ella dirige mantendrá el carácter secreto de los documentos aduciendo que para desclasificarlos “habría que analizarlos uno a uno” y eso supondría un coste inasumible. No piensa lo mismo Ángel Viñas: “No se hace, sencillamente, porque tienen miedo a la Historia, miedo al pasado. ¿Por qué? Pues porque hay esqueletos en los armarios. ¡Cómo no iba a haberlos si estamos hablando de una dictadura!”.
Lejos de avanzar en la apertura de los archivos, el Ejército intentó a comienzos de este mes restringir aún más el acceso a la documentación del golpe de Estado de 1936 y de la posterior guerra civil. De la noche a la mañana, informes que hasta ese momento habían podido ser consultados por cualquier ciudadano volvieron a ser considerados secretos, merced a una interpretación restrictiva de la ley de secretos oficiales; una ley franquista de 1968 que todavía sigue en vigor. La indignación provocada entre los investigadores y también entre los propios archiveros pusieron en la picota al Estado Mayor que el pasado jueves, finalmente, se vio forzado a retirar la restricción y a pedir disculpas por lo ocurrido.
Precariedad en los archivos públicos
“Salvo documentos muy excepcionales –argumenta Viñas–, en todos los países civilizados está desclasificada toda la documentación anterior a 1968. Algunas naciones incluso han llegado ya a 1980. Aquí soy incapaz de entender la actitud que han tenido el PSOE y el PP”. Ángel Viñas y el resto de investigadores también denuncian la precaria situación que viven los archivos oficiales. La falta de medios humanos y materiales es evidente para cualquier ciudadano que se acerque hasta el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, el Archivo General de la Administración (AGA) de Alcalá de Henares o a la sede de cualquier otro archivo civil o militar.
A pesar del esfuerzo y la dedicación que demuestran cada día los archiveros, los recortes presupuestarios y de personal provocan enormes demoras en las búsquedas y, lo que es casi peor, la imposibilidad material de permitir la consulta de los fondos documentales. “Tenemos multitud de cajas sin abrir. No sabemos ni lo que contienen, pero no tenemos personal para abrirlas y analizarlas”, confiesa el trabajador de un archivo que prefiere permanecer en el anonimato.
Uno de los mejores ejemplos de esta situación lo encontramos en el AGA, un archivo saturado y carente de los medios necesarios. Hasta allí en 2012 fue trasladado el archivo histórico del Ministerio de Asuntos Exteriores sin haber previsto los recursos imprescindibles para su clasificación y puesta a disposición de los investigadores. Hoy, seis años después, esa valiosísima documentación sigue sin estar plenamente accesible porque no se dispone de personal suficiente para llevar a cabo esa tarea.
Quien, a pesar de todas estas dificultades, logra sumergirse en este caótico archivo, se lleva la sorpresa de que apenas conserva documentos del periodo en el que Ramón Serrano Suñer ocupó la cartera de Exteriores. Fue un momento crucial en la Historia de España puesto que Serrano Suñer, filonazi convencido, lideró las relaciones con la Alemania de Hitler en los primeros años de la II Guerra Mundial.
Las fundaciones franquistas echan el cerrojo
Los documentos no están, sencillamente, porque Serrano Suñer se los llevó a su casa; lo mismo que hizo con buena parte de la información del Ministerio de la Gobernación, también conocido como el “Ministerio de la Represión”, del que fue titular entre 1938 y 1940. Teóricamente parte de esos documentos se encuentran en la Fundación Don Ramón Serrano Suñer, inscrita en 1997 por orden del Gobierno de José María Aznar como “Fundación cultural de competencia estatal”.
La Fundación se beneficia de privilegios fiscales y, en teoría, pone a disposición de los investigadores la documentación que atesora. La realidad es bien diferente. De los dos teléfonos de la fundación, uno nunca responde y en el otro atiende un señor de avanzada edad que se limita a informar de que “el archivo lleva varios años cerrado” porque el hijo de Serrano Suñer está muy enfermo. Ante la insistencia de eldiario.es, que expresó su derecho a acceder a la documentación, el interlocutor nos insta a enviar un email: “usted envíemelo y yo se lo paso a la señora, a ver qué dice”.
La Fundación Francisco Franco también posee un archivo con 27.357 documentos oficiales. Se trata de un fondo documental muy cribado en el que, salvo algún informe aislado, solo se muestra la cara más amable del régimen. Viñas, como la gran mayoría de los historiadores e investigadores, no entiende que existan estas fundaciones franquistas y, aún menos, que conserven documentos oficiales.
El veterano historiador, a pesar de todas las dificultades, se muestra optimista sobre el resultado global de esta batalla por la Historia: “Con lo que se sabe hoy, no hay Dios que salve el relato franquista. No se puede mantener esa versión por muchos archivos que se cierren. Defender ese relato franquista de lo ocurrido durante la República, la guerra y la dictadura es flor de un día. Y será flor de medio día a medida que se vayan abriendo los archivos”.