Una dirección específica LGTBI, ¿para qué?: los retos contra la LGTBIfobia que el nuevo Gobierno tiene sobre la mesa

A partir de ahora el Ministerio de Igualdad contará con una dirección específica LGTBI a cargo de la histórica activista Boti García Rodrigo. Se llamará Dirección General de Diversidad Sexual y LGTBI y está previsto que tenga un papel clave en el desarrollo de las políticas públicas contra la homofobia, bifobia y transfobia. Entre ellas, el paquete de medidas que el PSOE y Unidas Podemos se han comprometido a impulsar en el acuerdo para conformar el Gobierno de coalición.

El texto les reserva un apartado bajo el epígrafe “Un país orgulloso de su diversidad” y gran parte de las políticas que incluye vienen de lejos porque el Congreso ya estaba tramitando algunas de ellas. Es el caso de la ley integral LGTBI, que el pasado noviembre cumplió dos años atascada en la Cámara Baja. La ley trans, otra de estas normas, había sido registrada, pero no se había debatido, y la reforma que posibilita el cambio de nombre y el sexo legal en los documentos oficiales sin pasar por requisitos médicos se quedó a las puertas de salir adelante.

Ahora el nuevo Gobierno de coalición tiene estas tareas sobre la mesa, pero aún habrá que esperar a ver en qué forma se tramitan, apuntan fuentes del Ministerio de Igualdad. El Ejecutivo podría decidir solventar algunas de las medidas concretas vía decreto o también tramitar las leyes como proyectos de ley, que pasan posteriormente al Congreso de los Diputados. Dependerá de cada caso, señalan las mismas fuentes. 

En todo caso, el acuerdo programático incorpora estas dos leyes junto a una tercera para la igualdad de trato y no discriminación, que también tramitaba ya la Cámara Baja y que no es específica del colectivo LGTBI. Un paquete de normas sujetas a modificación y que quizá pasen por un proceso de armonización, puesto que hay contenidos que se repiten.

El texto menciona, además, algunas medidas concretas: la prohibición de las terapias de 'conversión' de la homosexualidad, el apoyo a la adopción a familias LGTBI y el impulso de un marco “legislativo y político” para combatir los delitos de odio. Precisamente este lunes, un hombre denunciaba haber sufrido una agresión homófoba en Vallecas (Madrid). Por otro lado, citan “la erradicación de cualquier forma de patologización de las personas LGTBI” y el reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas.

Terapias de 'reversión' y reproducción asistida

Casarse sigue siendo requisito indispensable para que las parejas de lesbianas o bisexuales inscriban a sus hijos e hijas en el Registro Civil, algo que no ocurre en las parejas heterosexuales. Una discriminación contra la que llevan años peleando los colectivos LGTBI. Por otro lado, que las terapias para 'curar' la homosexualidad como las del Obispado de Alcalá de Henares (Madrid) estén o no prohibidas depende actualmente de cada comunidad en base a las leyes LGTBI autonómicas. La falta de una regulación estatal al respecto dibuja un escenario heterogéneo en el que solo cuatro las vetan explícitamente.

La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Uge Sangil, celebra la decisión de haber creado una dirección específica centrada en estos asuntos y espera que su trabajo “sea transversal e implique al resto de ministerios” y que tenga realmente capacidad práctica. Entre otras cosas “urgentes” destaca la orden ministerial para devolver la reproducción asistida a las mujeres sin pareja varón y que, a pesar de ser anunciada por Pedro Sánchez en junio de 2018, aún no ha visto la luz.

Prácticamente todas las comunidades autónomas han revertido la norma que aprobó la popular Ana Mato en 2014 y que restringió la reproducción asistida por la vía pública a las mujeres lesbianas y solteras. Sin embargo, no es un derecho blindado para todas, y las mutuas Muface, Isfas o Mugeju aplican la norma estatal que sigue discriminándolas. Esto implica que aquellas funcionarias, militares y juezas que están obligadas a pertenecer a alguna de ellas llegan a pagar hasta 36 veces más dinero por los medicamentos necesarios para el tratamiento aunque elijan sanidad pública porque las mutuas no los financian.

Autodeterminación del género

Sangil, que preside la misma federación de la que fueron presidentas Boti García Rodrigo y Beatriz Gimeno –nueva directora del Instituto de la Mujer– asegura que revertir esta norma es “prioritario” y espera que sea una de las primeras medidas que tome el Ejecutivo junto a todo lo que tiene que ver con la protección de las personas trans, para las que el acuerdo reserva una ley específica y ante la que algunos sectores del movimiento feminista se muestran en contra.

En la anterior legislatura, Unidas Podemos había registrado en el Congreso una norma que desarrollaba un marco integral contra la discriminación de este colectivo en varios ámbitos. Pero el principio fundamental que rige la legislación exigida por el movimiento trans se basa en la llamada autodeterminación del género y que se opone a lo que se conoce como la patologización de las personas trans. Es decir, la idea es que puedan cambiar su nombre y sexo en el Registro Civil sin que se les exijan una serie de requisitos médicos.

Esta reforma, que incluía a los menores y a las personas sin nacionalidad española (actualmente excluidas) estuvo a punto de ser aprobada la pasada legislatura. En ella se eliminaba la obligación de que los trans se hormonen durante al menos dos años y cuenten con un diagnóstico psiquiátrico de disforia de género para modificar sus datos personales en los documentos oficiales. Esta es una de las medidas de este ámbito que más posibilidades tienen de ser aprobadas por el Gobierno de coalición directamente, ya que se debatió profusamente en el Congreso y siembra gran consenso social. Incluso el Tribunal Supremo se ha pronunciado ya a su favor.

No obstante, muchas de las políticas LGTBI se enfrentarán al trámite legislativo y al debate por parte del resto de grupos parlamentarios, por lo que estas normas se convertirán en un desafío para el discurso abiertamente homófobo y tránsfobo de Vox, que cuenta con 52 diputados. Por ello, para Sangil “es un momento clave” en el que “garantizar y avanzar en estos derechos debe ser una urgencia ante el mensaje de exclusión de la extrema derecha”.