Estaba en el orden del día de la Comisión de Salud Pública pero las dudas y discrepancias de algunas comunidades autónomas en torno al nuevo semáforo COVID han aplazado su aprobación al menos hasta la semana que viene. El documento que pretende guiar a las consejerías de salud en el establecimiento de nuevas restricciones si los contagios siguen creciendo, al que ha tenido acceso elDiario.es y cuyas claves adelantó El País, revisa los indicadores para medir el nivel de riesgo al que está expuesto cada territorio por la evolución de la pandemia con el fin de adaptarlos a la realidad actual, con un 90% de la población diana vacunada. Cuando se aprobó la primera versión, en octubre de 2020, la mayoría de las personas no estaban inmunizadas frente a la COVID-19.
El Ministerio de Sanidad asegura que la reunión ha sido “cordial” y evita hablar de “disenso” entre territorios. El departamento que dirige Carolina Darias defiende que se trata de un “documento de trabajo que se llevaba por primera vez a la Comisión” y, por tanto, está abierto a modificaciones. Aunque lo cierto es que la discusión ha terminado por devolver el texto donde se cerró hace dos meses: la Ponencia de Alertas, formada por técnicos del Ministerio. “En la reunión se han recogido impresiones y propuestas de las distintas comunidades autónomas. El documento se seguirá trabajando en la Ponencia de Alertas y se llevará a Comisión de Salud Pública próximamente”. En todo caso, ninguna de las medidas incluidas en el documento es de obligatorio cumplimiento para las comunidades, solo son recomendaciones.
Otras fuentes autonómicas presentes en la reunión afirman que a “muchas comunidades no les ha gustado” el planteamiento inicial de los técnicos de la Ponencia de Alertas y eso ha motivado el aplazamiento de la aprobación. Galicia, por ejemplo, ha propuesto incluir como herramienta el pasaporte COVID –implantado por la Xunta, por la Generalitat de Catalunya y próximamente por el Gobierno vasco– mientras que Madrid, también gobernada por el Partido Popular, no ve “sentido” a dar peso a los criterios epidemiológicos (como la incidencia acumulada) con una cobertura vacunal tan alta que a priori blinda contra la enfermedad grave y, por tanto, frente al colapso hospitalario que se ha vivido en olas anteriores. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es más partidario de poner todo el peso a los indicadores asistenciales (ocupación de camas y UCI). Otras, como Euskadi, no han mostrado problemas con el nuevo sistema, entre otras cosas porque suelen operar dentro de los límites permitidos de manera más autónoma, incluso a veces rompiendo la unanimidad de los acuerdos).
El texto inicial ya relaja considerablemente los umbrales de incidencia –el principal indicador de la situación durante muchos meses– para escalar de nivel de riesgo, como plantea Madrid. El primer semáforo situaba el límite del riesgo bajo en 50. El borrador que se ha discutido este martes lo pone en 100 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, el doble. El riesgo medio (nivel de alerta 2) se alcanzaría en caso de superar los 100; el alto (nivel de alerta 3) se sitúa por encima de los 300 y al extremo (nivel de alerta 4) se llegaría con una IA que rebase los 500, siempre según el borrador sujeto a cambios.
La Ponencia de Alertas justifica así este cambio: “La situación epidemiológica actual, con un marcado descenso de la proporción de casos graves y de la letalidad, en un contexto con altas coberturas de vacunación ha motivado la revisión de este documento y justifica una revisión al alza de los umbrales de los indicadores de incidencia de la enfermedad, así como una flexibilización de las medidas no farmacológicas recomendadas”. El documento, en todo caso, mantiene la especial atención a la transmisión entre los mayores de 65 años. El nivel 1 se alcanza si la IA de este grupo etario supera los 25 casos.
Los indicadores de la presión que generan los pacientes COVID en los hospitales (tanto en camas de planta como en UCI), sin embargo, se han mantenido invariables. El antiguo semáforo daba la situación por controlada si menos de un 2% de las camas estaban ocupadas por pacientes infectados y por debajo del 5% de las UCI. Estos porcentajes, que no se alcanzan en España actualmente, no cambian en la actualización que, no obstante, sí incluye un cambio conceptual importante. El escenario más favorable ya no se llama “nueva normalidad” sino “circulación controlada”. Un año después, ya está probado que al menos durante un tiempo el virus seguirá entre nosotros y se ha constatado la dificultad de alcanzar la llamada “inmunidad de grupo”.
Las restricciones: de limitar aforos a cerrar los interiores
El fondo de las discrepancias entre las comunidades tiene que ver con las restricciones que se recomiendan para cada uno de los niveles de alerta. En los escenarios más graves –bastante improbables– se apuesta de nuevo por el cierre del interior de la hostelería.
Así queda la guía. Si un territorio cruza al nivel de riesgo bajo (nivel 1 de alerta), la sugerencia es restringir el aforo del interior de la hostelería al 80% –75% si es ocio nocturno–, limitar el consumo en barra a solo sentados y mantener una distancia entre las mesas de 1,5 metros, salvo que se pueda garantizar que todo el mundo usa mascarilla. La ocupación de los locales se reduce al 50% en el riesgo medio (nivel de alerta 2), los grupos de personas se limitan a 15 en la hostelería y se recomienda valorar una reducción de los horarios. Si una zona alcanza el riesgo alto (nivel de alerta 3), una situación improbable, el documento apuesta directamente por cerrar los interiores en hostelería y clausurar el ocio nocturno.
Un nivel de alerta alto también suspendería la actividad “salvo necesidad justificada de mantenerla” en los centros de mayores y reduciría también los aforos en las terrazas (al 75% y con un máximo de ocho personas por mesa en el 3; y al 50% con seis personas como máximo en el 4), según el borrador.
Los técnicos de Sanidad y de las comunidades autónomas también están revisando los actos multitudinarios: recomiendan no celebrarlos en los niveles 3 y 4 de alerta y volver a los aforos reducidos al 75% en el 1 siempre usando mascarilla y sin fumar. Solo en estos eventos, el documento plantea la posibilidad de solicitar certificados de vacunación, de recuperación o de estar libre de la infección activa“.
Justamente este debate entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad se da en un contexto de nuevo empujón al pasaporte COVID, una medida en la que Darias siempre ha preferido no entrar dejando la autorización en manos de los tribunales en cada caso que se solicite. El nuevo documento solo hace mención a esta herramienta, que cada vez más comunidades se plantean utilizar para controlar los contagios sin tener que poner en marcha restricciones generales para toda la población, en el caso de los eventos que reúnen a mucha gente.
Euskadi anunció este martes que lo solicitaría a los jueces en un viraje de postura para implantarlo en el ocio nocturno. El Gobierno vasco había sido crítico hasta ahora con la herramienta. Galicia y Catalunya ya lo tienen en vigor, y la Comunitat Valenciana está valorando la posibilidad.
Mascarilla y “prudencia” en la desescalada
El documento, todavía en fase de borrador, subraya que se deben mantener las medidas en vigor, como la mascarilla –regulada por ley–, “independientemente del nivel de alerta en el que se encuentre un territorio, incluso cuando se encuentre en un nivel de circulación controlada de la transmisión. También la ventilación de interiores.
El texto también llama a la “prudencia a la hora de ir disminuyendo las recomendaciones y las medidas de control aplicadas” hasta “esperar a una consolidación de la situación epidemiológica” aguardando al menos dos semanas para evaluar el impacto de los cambios.