Discursos de odio en las redes sociales, agresiones contra campamentos roma/gitanos o dificultades para acceder a un trabajo. Son solo algunos de los casos de discriminación cotidiana y delitos de odio que siguen condicionando la vida de la comunidad gitana. Otro caso común es la dificultad para acceder a un bien o servicio. Un tipo de discriminación que los gitanos mallorquines han denunciado en una piscina ubicada en la localidad de Bunyola.
El presidente de la Asociación para la Integración del Pueblo Gitano de Baleares (AIPGB), Manuel Alameda, puso en conocimiento de la Policía Local de Palma que la piscina de Sa Font Seca prohibía la entrada a los gitanos, según figura en la denuncia. Alameda se presentó en las instalaciones alertado con anterioridad por miembros de la comunidad gitana de Mallorca que denunciaban que no pueden entrar en estas instalaciones por su condición étnica.
En declaraciones a eldiario.es, el denunciante explica que el propietario de la piscina no le dejó entrar alegando que “era un sitio para clientes habituales”. Sin embargo, dice haber visto cómo entraban personas que nunca antes habían ido. Según su relato, él mismo preguntó a una pareja si habían estado previamente en las instalaciones, cosa que ambos negaron. La página de Facebook de la piscina recoge testimonios de discriminación gitana similares al de Alameda, aunque ya no están disponibles.
Tras mantener una conversación con el dueño de la piscina, Alameda le pidió una hoja de reclamaciones y, según el testimonio de la víctima, el propietario le amenazó “con un palo parecido a un bate de béisbol”. Ni la Policía Local de Bunyola ni la Guardia Civil, sostiene, le prestaron la atención necesaria una vez ambos cuerpos se personaron en la piscina. “Me dijeron que si no me dejaban entrar, que me fuera a otra piscina”, comenta.
“La mayoría de los casos no se denuncian”
La Fundación Secretariado Gitano lleva años recogiendo en informes anuales hechos como los denunciados en la piscina de Mallorca. En el último, de 2017, la asociación recopila 202 casos de discriminación que afectaron a 334 personas. El 15% de las situaciones tienen que ver con el acceso a bienes y servicios, el 33% se dan en medios de comunicación e internet y el 21% están relacionados con el empleo. Todas las personas atendidas tienen un nivel socioeducativo medio-bajo, un 80% son menores de 45 años y el 43% de los afectados son mujeres y el 57% hombres.
“El objetivo es sacar a la luz la situación de discriminación que sufren los gitanos por su condición étnica”, señala Isidro Rodríguez, director de la asociación. “Llevamos trece informes anuales poniendo de manifiesto cómo la principal causa de este rechazo arraigado hacia los gitanos y las gitanas son los prejuicios y estereotipos y la falta de conocimiento de esta minoría”, comenta. Consciente de lo importante que es la imagen que los medios dan sobre el colectivo gitano, la asociación cuenta con una guía para periodistas.
En los informes, subrayan desde la fundación, solo aparecen una minoría de todas las situaciones de discriminación que sufre a diario la población gitana. “Hay muchos más casos de antigitanismo y romafobia, pero la mayoría no se denuncian, de manera que lo que aparece en este informe es solo la punta del iceberg de un problema grave, el rechazo generalizado de la sociedad española mayoritaria hacia la comunidad gitana”, afirman.
Alameda sí denuncio ante la Policía Local de Palma, que cuenta con un Servicio de Atención a los Delitos de Odio e Intolerancia. Después, este cuerpo policial hizo una ampliación al contar la víctima con una grabación. Los agentes no han hecho una diligencia de investigación sobre el caso, sino que ha recogido la denuncia y la ha tipificado como un presunto delito que lesiona un derecho fundamental. El Cuerpo Nacional de Policía, el juzgado de primera instancia y la Fiscalía ya están notificadas del caso.
El encargado de la piscina, consultado por eldiario.es, ha dado su versión de los hechos y ha descartado hacer más declaraciones: “Es una cuestión de formas. Estas personas entraron en las instalaciones, trajeron comida y bebida de fuera, además de drogas, y tras su comportamiento se les echó”.
La Fundación Secretariado Gitano, que no tiene delegación en Baleares, recuerda que ha sido una entidad independiente la que ha interpuesto la denuncia, pero que la AIPGB se puso en contacto con ellos para buscar asesoría. “En algunos casos abrimos litigio, pero en concreto con este lo único que hemos hecho por el momento es asesorar”, aseguran a este medio.
La asociación está ahora recabando información y estudiando el suceso. “Si llegado el momento, cuando tengamos las pruebas y veamos la información, se ve claro junto con la víctima que es un caso en el que podemos respaldar la denuncia, igual lo haríamos”, destaca la FSG. Asimismo, asegura que “no dejar entrar a alguien en una piscina por razones de etnia” es “una clara discriminación”.
Hasta cuatro años de cárcel
En esta misma línea, fuentes policiales consultadas por eldiario.es han explicado que el propietario de la piscina puede enfrentarse a una pena de hasta cuatro años de prisión si se demuestra que el motivo por el cual no permitió la entrada a Alameda y a más personas –existen más denuncias al respecto– está relacionado con la etnia. Los derechos de admisión están regulados por ley solo para casos específicos, como los locales de noche que piden una vestimenta determinada a sus clientes.
Estas mismas fuentes señalan que el propietario de la piscina se enfrentaría a los delitos tipificados en los artículos 511 y 512 del Código Penal, pues la propiedad de la piscina no está todavía clara. Si bien el gestor ha alegado que la piscina es privada, las autoridades no han comprobado dicha información. “Sea privada o sea pública, sería un artículo u otro, porque le deniega a una persona gitana una prestación por su etnia”, sentencian las mismas fuentes policiales.
Atajar la discriminación con una ley
La Fundación Secretariado Gitano también reclama una Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación. Sara Giménez, miembro de la asociación, justifica esta reclamación: “No se puede cambiar una sociedad racista solo con la sensibilización. Los comportamientos que atacan la dignidad de las personas deben de perseguirse para proteger a las víctimas. Porque ello afecta a otros derechos que finalmente llevan a la exclusión”.
“La ley responde a la necesidad de mejorar el ordenamiento jurídico actual para que proteja de forma adecuada a todas las víctimas en diversas situaciones de discriminación”, destacan desde la fundación, que asegura que PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos están favor de impulsar la aprobación de una ley que aborde todas las situaciones de discriminación, incluyendo un componente sancionador y una autoridad independiente.