“Estáis como una cabra”. Esta fue la contestación que Paloma Calle y su mujer recibieron de su médico de cabecera en Madrid cuando le trasladaron su decisión de ser madres. Querían someterse a un tratamiento de fecundación in vitro a través del método Ropa (una mujer pone el óvulo y la otra lo gesta) por la Seguridad Social. No pudieron hacerlo. Finalmente recurrieron a la sanidad privada, pero antes tuvieron que aguantar “las opiniones de una serie de médicos ignorantes de la ley e irrespetuosos que tomaban su consulta como el territorio donde manifestar sus creencias”, explica Calle.
Aquella misma médica le dijo que “no estaba de acuerdo” con que ellas fuesen madres, justo antes de asegurar que “también estaba en contra del aborto”. Tras aguantar un discurso antiabortista que poco encajaba con la situación de la pareja, que buscaba justamente lo contrario, Paloma y su mujer fueron finalmente derivadas a un ginecólogo. Este les advirtió de que “por supuesto, en las listas de espera van primero los heterosexuales”. Todo ello mientras comprobaba cómo para su hermana, que recurrió junto a su pareja -un hombre- a la reproducción asistida más o menos en las mismas fechas, el trato era totalmente diferente. “Hacían todo lo posible por que mi hermana se quedase embarazada mientras a mí me dejaban en standby”, dice. Una vez que acudieron a una clínica privada, previo desembolso de 6.000 euros, fueron madres en once meses.
La Ley de Reproducción Asistida de 2006 no establece distinción entre parejas ni entre mujeres heterosexuales, lesbianas o bisexuales. Pero el Ministerio de Sanidad pretende hacerlo, tal y como ha publicado El País, al vetar el acceso a mujeres solteras o parejas de mujeres, en su nueva cartera básica de servicios. El ejemplo de Paloma y su pareja es una muestra de que, en la práctica, algunas administraciones regionales ya lo hacían amparándose en que la ley exige que las mujeres sean estériles o que haya otro tipo de “indicación clínica”, algo totalmente subjetivo y que queda a juicio del médico de turno.
Madrid, Asturias y Andalucía, son, según la Federación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (FELGTB), algunas de las comunidades donde más trabas se ponen a las mujeres solteras o en pareja. Otras, como Canarias, sí permiten el acceso, explica Antonio Perdomo, el coordinador del área de familias de la Federación. Sin embargo, con la nueva cartera de servicios “donde se hacía no se va a poder hacer y donde no se hacía ya no se podrán recurrir esas decisiones”, denuncia.
Mar Martínez y su pareja, otra mujer, comenzaron el proceso en Castellón hace dos años “en vistas a que iba a tardar dos años” en concluirlo, explica. No obstante, en su caso todo fue muy rápido. En tres meses la llamaron. No estaba preparada y prefirió esperar, hasta que empezó a “oír rumores de que se iba a suprimir el servicio”, explica. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, si quería ser madre, “fuera como fuera”, tenía que ir adelante. Sin embargo, para llevar a cabo la fecundación in vitro tenía que trasladarse a un hospital diferente en el que se había hecho las pruebas. “Sabiendo lo que venía me puse en contacto con la privada”, confiesa.
Fue allí donde se realizó la fecundación in vitro, pero todo el proceso anterior se llevó a cabo en la sanidad pública. En una de las revisiones, ya embarazada, una médico les informó de que “habían tenido suerte”: eran la última pareja de mujeres a las que se les prestaría este servicio en la Comunidad Valencia. De esta forma, los rumores que Mar había oído en tertulias y debates se materializaron.
“Homófoba y misógina”
La presidenta de la Asociación de Madres Solteras por Elección, Pilar Castellano, considera que el cambio que pretende llevar a cabo el Gobierno supone un “trato injusto y discriminatorio”, al garantizar la maternidad y la paternidad, únicamente, a una pareja formada por un hombre y una mujer. “Tener hijos es una opción de vida y todos deberíamos tener derecho”.
En ese sentido, todas las partes consultadas coinciden en que la nueva cartera de servicios que prepara Sanidad tiene más implicaciones que las meramente reproductivas. “Al hilo de la crisis siempre se amparan en motivos económicos, pero responde a una tendencia ideológica”, asegura Castellanos. “Choca con la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el matrimonio igualitario y hace una defensa de la diversidad familiar”, afirma Perdomo. “Es homófoba y misógina”, sentencia Calle.