Los obispos, dispuestos a negociar que inmatriculaciones y exenciones fiscales se limiten a edificios y actividades de culto
“Diálogo”. Este es el nuevo mantra que los obispos españoles quieren que presida las relaciones Iglesia-Gobierno. En un momento especialmente delicado para la institución, azotada por su tibia actuación en defensa de las víctimas de abusos sexuales del clero, la polémica por las inmatriculaciones o sus privilegios fiscales, la nueva cúpula episcopal parece haber rescatado la mano tendida para alcanzar acuerdos con el Ejecutivo socialista como un modo de salir de su crisis.
Tras la Asamblea Plenaria celebrada esta semana, y en la que los obispos españoles han apostado decididamente por el 'estilo Francisco' al elegir como secretario general y portavoz a Luis Argüello, frente al órdago lanzado por el sector ultraconservador (comandado por Rouco Varela y el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz), la Iglesia de nuestro país se muestra decidida a intentar implementar las reformas del Papa en nuestro país. Hasta la fecha, la Iglesia española era, junto con la polaca, la más refractaria a la apertura de todo el viejo continente.
Derrota del bloque ultraconservador
Esta es una de las razones por las que Bergoglio, que ya ha visitado las vecinas Irlanda, Portugal, Francia (y, lógicamente, Italia), y que en marzo viajará a Marruecos, evita recalar en nuestro país: el poder del sector ultraconservador en el Episcopado es, pese a su derrota de esta semana, muy fuerte. Al menos un tercio de los obispos son contrarios a este Papa.
Y es que los obispos moderados y progresistas (no en materia política, pero sí eclesiástica) saben que cuentan con año y medio para llevar a cabo un cambio en la Iglesia española, antes de las elecciones a la presidencia de la CEE en la primavera de 2020 que pueden colocar de nuevo a un hombre de Rouco. Por ello ha sido tan importante la elección de Argüello, y rectificada su primera metedura de pata en su primera rueda de prensa a cuenta de que los sacerdotes deben ser “enteramente varones, por lo tanto heterosexuales”.
“La Iglesia tiene que aprender a vivir en un mundo plural y a colaborar”, asumía el nuevo portavoz hablando de las relaciones con el Gobierno. Y lo cierto es que las mismas, estancadas desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, se van a reanudar en las próximas semanas. En concreto, el 3 de diciembre Argüello será recibido por la ministra de Educación, Isabel Celáa, para debatir sobre la clase de Religión, la enseñanza concertada y la presencia de lo religioso en la escuela pública. Un aspecto que preocupa mucho a la Iglesia y donde no quiere perder terreno de influencia.
“Diálogo y pacto educativo”
El nuevo Episcopado ya no amenaza con manifestaciones en la plaza de Colón o reclamando el voto para el PP, sino que insiste en una llamada al diálogo. “Queremos diálogo y pacto educativo sabiendo que el corazón de ese pacto está en nuestra Constitución”, apuntaba el portavoz de la CEE en la rueda de prensa de este viernes.
La Iglesia dice estar abierta a mejorar la transparencia en el uso de sus fondos públicos (este año, las arcas de la Conferencia Episcopal recibirán 256 millones del IRPF, lo que supone una mínima parte de los miles de millones que reciben de las Administraciones en distintos conceptos), y a ajustar' la propiedad de los inmuebles no dedicados al culto y que fueron inmatriculados fraudulentamente.
La “vía italiana” y un estatuto específico para la mezquita
Una postura, la llamada “vía italiana”, que ya fue debatida durante la reunión que mantuvieron hace unas semanas la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y en virtud de la cual la Iglesia aceptaría la devolución de algunos inmuebles inmatriculados en el período 1998-2015, si se demostrase que su uso no es litúrgico, o que existía un propietario anterior.
En lo tocante a los templos religiosos reconocidos como bienes de interés público o Bienes Patrimonio de la Humanidad (catedrales, santuarios, etc...), Gobierno e Iglesia han apuntado la posibilidad de negociar un estatuto específico, antes de que se haga público el listado de bienes anunciado por el Ministerio de Justicia, según ha podido saber eldiario.es. Entre los casos especiales, y de más difícil resolución, la mezquita de Córdoba o catedrales como las de Burgos, León o el Pilar de Zaragoza, cuyo uso religioso nadie discute, pero cuya aportación a la cultura del país también es evidente.
En lo tocante a los privilegios fiscales de la Iglesia, la Conferencia Episcopal también se ha mostrado abierta a apostar por el modelo italiano de exenciones fiscales, en el que solo estarían exentos del pago de determindos impuestos, como el IBI o el Impuesto sobre Construcciones (ICIO), las actividades estrictamente relacionadas con el culto religioso católico. Sin embargo, desde el Episcopado se recuerda -y el Gobierno lo admite- que buena parte de las exenciones fiscales que recibe la institución no lo hace en virtud de los Acuerdos Iglesia-Estado, sino por la Ley de Mecenazgo, que coloca en una posición de privilegio a confesiones religiosas, fundaciones, partidos políticos o sindicatos.
