La fundación Amancio Ortega va a donar 320 millones de euros para equipos oncológicos. Los destinatarios serán los sistemas sanitarios públicos de las comunidades autónomas. Cada región recibirá diferentes montantes: Andalucía 40 millones, Cataluña 47, Galicia 17, Murcia 11 millones de euros... Siempre deberá gastarse en “equipamiento para el diagnóstico y tratamiento del cáncer”.
¿A quién puede parecerle mal que haya más recursos en la sanidad? Desde luego a los pacientes de cáncer les ha encantado la idea. La Asociación de Cáncer de Mama o la Española contra el Cáncer han mostrado su contento ante la perspectiva de que se dote a diversos hospitales con más aparatos diseñados para tratar su enfermedad. “Ojalá hubiera muchos”, han asegurado.
También la Sociedad Española de Oncología y Radioterapia (Seor) ha hecho un reconocimiento público a la donación de Ortega el pasado 8 de junio en su congreso nacional: agradeció “el apoyo desinteresado” del empresario gallego. La Seor publicó un informe en 2016 que decía que el 30% de los enfermos de cáncer no recibía un tratamiento adecuado por falta de material. Y que con 280 millones de euros se paliaría el problema.
Sin embargo, hace unos días, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública en Aragón discrepó. Opina que el sistema sanitario público no puede depender de donaciones particulares para cumplir su función. Otras asociaciones parecidas en País Vasco o Canarias han apoyado esa visión. ¿Puede criticarse el altruismo?
El catedrático de Salud Pública Ildefonso Hernández Aguado arroja algo de luz: “Independientemente de que muchos afirmen que es mejor que nada, hay espacio para la crítica”. Hernández Aguado se cuestiona “quién pone las prioridades y el destino de los fondos”. En este caso, los millones de la Fundación Ortega tienen un único objetivo: tecnología oncológica.
Un regalo finalista
Es el carácter finalista de esta donación –el capital tiene que utilizarse en esto– lo que genera dudas en algunos. “No hay un análisis pormenorizado de cuál es la necesidad”, reflexiona Marciano Sánchez Bayle, expediatra en el Hospital Niño Jesús de Madrid y cabeza visible muchos años de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública.
Sánchez Bayle recuerda que donaciones “siempre ha habido y suelen ser finalistas”. Él preferiría que pudiera destinarse el dinero donde se considerara, tras un estudio, que va a ser más beneficioso: “Podría ser que fuera más útil tener más pediatras, o más médicos de familia para que las consultas no estuvieran tan presionadas, o reforzar la atención primaria”. El diputado regional de Madrid y antiguo consejero de Sanidad del País Vasco, José Manuel Freire, que asegura estar a favor de estas donaciones, dice que “el campo que ha elegido Ortega de la radioterapia tiene necesidades”.
El catedrático Hernández Aguado opina, como posición general, que “los servicios públicos deben ser sostenibles”. Sánchez Bayle insiste en que la sanidad necesita “una financiación sostenida y que provenga de fondos públicos”. Freire sí considera positivo e “importante que los servicios públicos estén abiertos a la generosidad. Aunque esa generosidad no exime a los gobiernos de dotar suficientemente a los servicios públicos”.
Rédito político
Desde luego la donación de Ortega ha tenido amplio impacto informativo. El riego de millones va a ir desde Andalucía a Murcia pasando por Canarias, Aragón, La Rioja o Castilla-La Mancha y Castilla y León. Cada región recibirá un dinero diferente. El anuncio de los 320 millones se hizo en marzo pasado. Pero hace un año también se publicitó un primer protocolo entre la Junta de Andalucía y la fundación. Anteriormente hubo actos públicos sobre el convenio con la Xunta de Galicia por 17 millones. Se trata del mismo acuerdo pero en fases diferentes, presentado varias veces.
Los convenios entre Ortega y los gobiernos regionales también tienen sus efectos políticos. El ya exconsejero de Sanidad andaluz Aquilino Alonso definía así el acuerdo en el parlamento regional el pasado 6 de abril: “Situará a Andalucía a la cabeza de la innovación en el tratamiento oncológico y que permite ampliar la capacidad terapéutica de la sanidad pública andaluza de cara al futuro”. Sobre quién decide lo que se hace aseguró que “es el fruto del establecimiento, dentro del Plan Oncológico de Andalucía, de la planificación de los equipos a renovar”.
La Fundación Amancio Ortega se alimenta casi al 100% de las aportaciones de su fundador, según sus cuentas públicas. En 2015 fueron 24,5 millones de euros. La ley permite desgravar casi un tercio de las donaciones a fundaciones. José Manuel Freire opina que es crucial que existan cauces “claros y transparentes” para estos regalos. Cauces que “a día de hoy en día no existen en España”.