Donaciones para prostitutas en Tailandia entre debate sobre legalización

Con el cierre a cal y canto de los barrios rojos de Tailandia por la COVID-19, cientos de miles de trabajadores del sexo se han quedado sin ingresos y desamparados. Las donaciones ha sustituido a las ayudas oficiales, en un país que a pesar de su lucrativa industria de turismo sexual, mantiene la prostitución como una actividad ilegal.

En una estrecha calle del casco histórico de Bangkok, donde trabajan prostitutas de edad madura, un amplio grupo de mujeres y transexuales espera la llegada del reparto de ayuda por parte de una oenegé local.

Una de ellas, que pide no revelar su identidad, comenta a Efe que hace unos días ha retomado el trabajo a pesar de los temores a contraer el nuevo coronavirus.

“Siempre llevo espray y geles de alcohol (desinfectantes)”, afirma ocultando su rostro.

La mujer, quien asegura que necesita el dinero para pagar la educación de sus 4 hijos y a quienes oculta su labor, pide que su profesión sea legalizada para así lograr acceso a las ayudas estatales.

Al menos tres días a la semana, los miembros de la organización local por los derechos de las trabajadoras del sexo SWING reparten comida, medicinas y productos de higiene personal en varios puntos de Bangkok y Pattaya.

“Al principio estábamos preocupados por la reacción debido al estigma social de las trabajadoras del sexo. Pero el mensaje de ayuda fue muy compartido por usuarios de Twitter y recibimos un gran apoyo”, comenta a Efe Surang Janyam, directora y fundadora de la organización.

A pesar de que la ley tailandesa establece la prostitución como una práctica ilegal, los enormes lupanares o calles repletas de burdeles son evidentes en la masificada Bangkok y suponen una gran porción de la economía sumergida del país.

Calles como el conocido Soi Cowboy o recintos como Nana Plaza, ambos en el corazón comercial de la metrópoli, albergan decenas de locales donde trabajan centenares de jóvenes, procedentes en su mayoría de las regiones empobrecidas del interior del país.

A mediados de marzo, el ayuntamiento de Bangkok anunció el cierre de establecimientos de entretenimiento, lo que incluye a los prostíbulos disimulados entre bares con bailarinas o centros de masaje, y todavía se desconoce cualquier tentativa de fecha de reapertura.

Al perder su única fuente de ingresos muchas de las decenas de miles de prostitutas que ejercen en Bangkok y la ciudad costera de Pattaya, se han visto abocadas a pernoctar en parques o en la playa al no poder hacer frente al alquiler de sus habitaciones.

“Es uno de los sectores más afectados (económicamente por la pandemia), pero también uno de los más desamparados”, declara Surang.

La asociación inició en marzo en las redes sociales una exitosa campaña para recibir donaciones que acumula cerca de 1 millón de bat (31.200 dólares o 28.800 euros) y cuyos fondos son destinados a ayudar a las trabajadoras del sexo.

Además reivindican la legalización del sector y que las trabajadoras queden protegidas por ley y reclaman que la pandemia de COVID-19 sirva de lección para las autoridades a la hora de reconocer la profesión y recaudar impuestos a través de legalización de este negocio.

“El dinero que ganan no es solo para ellas, sino también para sus familias. Si ellas no pueden trabajar, ellas se ven afectadas, pero también los que las rodean”, apunta Surang, que asegura más del 50% de los trabajadores del sexo ayudan económicamente a sus familiares.

Aunque no existen datos oficiales de las autoridades tailandesas, un estudio de la Organización Mundial de la Salud sitúan entre 150.000 y 200.000 las personas que ejercen la prostitución en Tailandia, mientras oenegés elevan la cifra hasta las 300.000 y un estudio universitario considera que hay hasta 2,8 millones de ciudadanos involucrados en el sector.

Una enorme industria que, según la agencia de inteligencia Havocscope especializada en el mercado negro, movió en 2015 más de 6.400 millones de dólares (cerca de 5.900 millones de euros) o cerca del 1,5 % del PIB del país.

Anna, una transexual que ejerce la profesión desde hace 11 años y afincada en Pattaya, señala a Efe que puede llegar a ingresar a la semana entre 10.000 y 20.000 bat (entre 310 y 620 dólares o 285 o 570 euros) en temporada alta de turismo -entre octubre y abril-.

Cerca del 25 por ciento de sus ganancias se las envía a sus padres en la oriental provincia de Loei, donde trabajan como agricultores.

Sin embargo, ante la situación actual, Anna asegura que lleva semanas sin “ningún ingreso, solo con gastos” y que le han denegado el acceso al fondo extraordinario mensual de 5.000 bat (154 dólares o 142 euros) que reparte el gobierno a los más necesitados.

Apesadumbrada, la meretriz reconoce que el camino a la recuperación de la industria del sexo será muy largo.

“Puede ser que el año que viene las cosas vuelvan a la normalidad. Primero se tendrá que recuperar el turismo y la confianza de los viajeros, eso también será complicado y tardará”, asegura Anna al incidir en la dificultad de encontrar otro trabajo fuera del sector debido al parón de la economía por la pandemia y los estigmas de ser trabajadora del sexo y transexual.

“Esta será la última industria en reabrir (cuando termine la pandemia). E incluso cuando retomen el negocio, no creo que tengan muchos clientes (...) Es el momento de que el gobierno de Tailandia hable abierta y seriamente sobre este problema”, sentencia la directora de SWING.

Noel Caballero