España donará a Latinoamérica entre el 5 y el 10% de las vacunas de la COVID-19 adquiridas este año, lo que supondrá al menos 7,5 millones de dosis. La distribución tendrá lugar a través de COVAX, una alianza internacional que busca garantizar el acceso equitativo a estos fármacos y cuyos resultados no están exentos de críticas. Los expertos en gestión sanitaria creen que esta plataforma se ha convertido en un reflejo de un sistema que ha permitido que los países ricos acaparen los sueros en primer lugar. Además, los donativos olvidan otros factores fundamentales para que las campañas de inmunización tengan éxito.
“Donar manda un mensaje de solidaridad, pero desde el punto de vista técnico existen problemas”, explica a elDiario.es el investigador del Centro de Salud Global de Ginebra (Suiza) Adrián Alonso. Estos incluyen coordinar los envíos con las agencias locales, comprobar los criterios de calidad, asegurar que la cadena de transporte es adecuada y evitar caducidades.
El hecho de que las vacunas sean recibidas primero por el país donante hace que, según Alonso, “la eficiencia en la cadena de suministro tenga que ser muy alta para que no caduquen o no lleguen con poco margen de tiempo”. Ya existen ejemplos: Sudáfrica donó a Jamaica 75.000 dosis de AstraZeneca que no iba a utilizar, pero el lote llegó dos días antes de que caducara. Malaui tuvo que destruir 16.000 dosis donadas caducadas. Sudán del Sur, más de 60.000.
“Imagínate que Reino Unido tuviera que vacunar esperando los excedentes de otros países, ¿cómo se organiza eso?”, comenta la farmacéutica experta en gestión sanitaria y acceso a medicamentos Belén Tarrafeta. Por eso cree que existe un “gran riesgo” de que muchas vacunas donadas caduquen en los países receptores, tal y como ya está sucediendo.
No está claro que las vacunas caducadas no puedan utilizarse y, de hecho, se están llevando a cabo estudios para comprobar si su vida útil podría alargarse de los 6 a los 9 meses. Por eso la OMS ha pedido a los países africanos que no se deshagan de ellas antes de saber si todavía sirven. Sin embargo, esto no invalida las críticas al sistema de donaciones a través de COVAX que hacen expertos como Alonso y Tarrafeta desde el punto de vista de la justicia social.
"Se sabía que la compra masiva de vacunas arrasaría el mercado, destruiría la capacidad de compra de los países receptores de ayudas y no permitiría planificar adecuadamente, pero se intenta justificar diciendo que los excedentes se donarán"
El Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (COVAX) nació como un mecanismo de compra conjunta para todos los países, ricos y pobres, que garantizara la equidad en el reparto de vacunas. Sin embargo, se ha convertido en la plataforma en la que los países menos favorecidos se ven obligados a adquirir los sueros, y que compite directamente con economías del tamaño de Estados Unidos y la Unión Europea.
El resultado es que los países ricos se aseguran cantidades suficientes como para inmunizar varias veces a toda su población y luego regalan las vacunas que no necesitan. Reino Unido, por ejemplo, ha asegurado su acceso a 367 millones de dosis de siete fabricantes para una población de 66 millones de personas. Junto con la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos podrían vacunar a todos sus ciudadanos varias veces. En el otro lado de la balanza, Latinoamérica tiene garantizadas 0,4 dosis por habitante. La Unión Africana, 0,2.
Por ese motivo Alonso considera que las donaciones suponen un problema ético: “Lo ideal sería facilitar que todos los países puedan comprar sus propias vacunas con sus recursos, pero les estás diciendo que ellos no son capaces de asegurar la salud de sus ciudadanos y que necesitan tu ayuda”. Por eso considera “un tema político” que los gobiernos del primer mundo vendan esto como algo positivo. “Supone pensar que los países ricos sabemos lo que necesitan los pobres”, añade Tarrafeta.
“Se sabía que la compra masiva de vacunas arrasaría el mercado, destruiría la capacidad de compra de los países receptores de ayudas y no permitiría planificar adecuadamente, pero se intenta justificar diciendo que los excedentes se donarán”, dice Tarrafeta. “Donar es la única forma de quitarse de en medio los excedentes, porque la alternativa es que caduquen en las fábricas y en los almacenes de los países ricos”.
La situación es paradójica si tenemos en cuenta que la Unión Europea hizo donaciones económicas importantes a CEPI, uno de los impulsores de COVAX. “No puedes financiar a COVAX por un lado y a la vez competir con ellos. Es soplar y sorber a la vez”, asegura Alonso. “Los países con ingresos altos han utilizado su poder económico para acaparar un gran número de vacunas, lo que ha dejado a otros sin capacidad de compra y de acceder a COVAX”.
El resultado, según Alonso, es que “COVAX no ha podido ser todo lo efectivo que quería porque no tenía vacunas que comprar”. Atribuye este fracaso a las muchas tensiones e intereses en juego que hay entre gobiernos, financiadores privados e industria. “En este caso se debería haber trabajado mucho mejor la transparencia de cómo se iba a hacer el reparto de vacunas y la participación en la toma de decisiones de organizaciones con tanta experiencia como Médicos Sin Fronteras”.
Hace falta mucho más que donar dosis
COVAX ha distribuido unos 42 millones de vacunas hasta la fecha, pero estas no se ponen solas. Liberia ha recibido 96.000 y solo ha administrado 400. Yemen obtuvo 360.000 y, que se sepa, no ha inyectado ninguna.
Alonso advierte de que dar vacunas no puede “servir de justificación” para “no hacer nada más”. Considera que las donaciones son una herramienta a corto plazo, cuando “hay que hacer algo en el medio y largo plazo” para que el sistema sea sostenible y no dependa de la caridad. En su opinión “está bien que se ayude a otros países y haya solidaridad, pero eso hay que trasladarlo a otros temas políticos como la propiedad intelectual y los acuerdos entre farmacéuticas y los países que han financiado el desarrollo” de las vacunas de la COVID-19.
Los países de la UE podrían haber invertido en que las farmacéuticas hicieran acuerdos con fabricantes en Latinoamérica que podrían estar produciendo las vacunas, algo que sí ha hecho China en Brasil y Rusia en Argentina
Hasta ahora los países desarrollados se han opuesto al levantamiento de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas. “La UE y sus países miembros, como financiadores de la investigación de las vacunas, podrían haber ejercido su papel de inversores para que las farmacéuticas establecieran acuerdos de licencias con fabricantes en Latinoamérica que podrían estar fabricándolas”, comenta Alonso. Es algo que sí ha hecho China con su vacuna CoronaVac en Brasil y Rusia con su Sputnik V en Argentina. “Europa debería haber apostado por algo más valiente y todavía está a tiempo de hacerlo”.
Tarrafeta defiende la “enorme” capacidad de movilización de África a la hora de hacer campañas, que se llevan a cabo con gran éxito para repartir mosquiteras en zonas donde la malaria es endémica. Alonso hace lo mismo con la experiencia de Latinoamérica para hacer campañas de vacunación.
“El problema es que uno tiene que poder gestionar los suministros que llegan de acuerdo a un plan, y no saber cuándo ni cuántas vacunas llegan no permite planificar”, explica Tarrafeta. “Las campañas de donaciones deben entenderse dentro de las capacidades que tenga tanto el donante como el que recibe, porque si no puedo vacunar prefiero que no me des nada”, añade Alonso.
“La fragilidad de los sistemas sanitarios africanos hace que estas campañas se hagan con sistemas paralelos, que hay que pagar y mantener y no pueden ser permanentes”, añade. Que las vacunas de la COVID-19 lleguen con cuentagotas y fechas de caducidad cortas no ayuda.
El resultado es que algunos países se han visto sobrepasados: cuando Ghana recibió 50.000 vacunas de la India este mes descubrió que no tenía personal para ponerlas, ya que todavía no habían terminado de utilizar las recibidas en febrero a través de COVAX. “Estamos en medio de la primera campaña, ¿cómo planteas para 50.000 cuando ya estas haciendo otra campaña?”, se lamentaba a Reuters el jefe del programa de inmunización del país.
Esta situación ha obligado a COVAX a establecer dos mecanismos adicionales para manejar los excedentes de dosis mediante su redistribución e intercambio. “Los medicamentos no se distribuyen solos”, recuerda Tarrafeta. “La capacidad de fabricación y el precio son fundamentales, pero luego hace falta mucha planificación e inversión para que sean accesibles y estén donde los pacientes los necesitan, y para asegurar su calidad en toda la cadena”.
El acelerador ACT, una iniciativa desarrollada por la OMS para dar una respuesta global a la COVID-19, busca solucionar estos problemas. Se basa en cuatro pilares, pero tanto Tarrafeta como Alonso coinciden en que no se ha prestado atención a reforzar los sistemas sanitarios de los países que lo necesitan, y que van desde la logística y la comunicación a la farmacovigilancia.
“Invertir ahí es lo menos atractivo porque los resultados no son inmediatos y es mucho más llamativo decir que donas millones de vacunas. También es menos llamativo recortar el presupuesto de lo que no se ve tanto”, explica Tarrafeta. El resultado, en su opinión, es que los recursos reservados a este tema “son muy deficientes”. Alonso, por su parte, cree que parte de la financiación de la UE podría haber ido a ese punto. Mientras Israel vuelve a la normalidad, el coronavirus causa estragos en Brasil y la India. Ambos defienden que entender la pandemia como un problema global no puede limitarse a los anuncios efectistas y las buenas intenciones.