El problema de la invasión de especies exóticas ha llegado a un nuevo nivel. Australia ha comenzado este jueves a sacrificar 10.000 dromedarios silvestres por motivos ambientales. En realidad porque consumen un bien escaso: agua en medio de una severa sequía. Esos animales son nietos de los ejemplares trasladados allí por británicos a mediados del siglo XIX y que, cuando dejaron de servir como animales de carga, se asilvestraron y expandieron por los ecosistemas australianos convirtiéndose en una de las especies invasoras más dañinas.
Tras décadas de dispersión y daños ambientales (consumen el 80% de las plantas disponibles y causan gran impacto en el delicado ecosistema árido), los dirigentes australianos han decidido matar dromedarios desde el aire porque se beben un agua cada vez más carente en una región golpeada por una sequía aguda.
La operación camello australiano es un capítulo extremo de los efectos de la proliferación de especies exóticas: una de las principales causas del proceso de extinciones a escala planetaria del que advirtió la ONU el año pasado. España sufre la invasión biológica desde insectos como la avispa africana o el mosquito tigre a animales de compañía asilvestrados como el cerdo vietnamita o plantas como el camalote que ha colonizado el Guadiana.
La mayor población de camellos arábigos (Camelus dromedarius) del mundo vive a 13.000 kilómetros de Arabia. En Australia hay más de un millón de dromedarios silvestres provenientes de los que llegaron allí en barco a partir de 1840. Aquellos primeros individuos vinieron de las islas canarias de Lanzarote y Fuerteventura además de India. El plan para abatir con francotiradores apostados en helicópteros unos 10.000 animales en cinco días para evitar que consuman agua en medio de la sequía es la última medida de emergencia para frenar a los dromedarios.
Las invasiones biológicas en diferentes partes del mundo comparten varias características: estas variedades se expanden velozmente, causan estragos en los hábitats e intentar controlarlas una vez introducidas consume gran cantidad de recursos. Sin ir más lejos, el Gobierno australiano diseñó un plan especial para el camello de una joroba en 2010 al que tuvo que destinar 11,7 millones de euros.
La progresión de los ahora famosos dromedarios australianos es la siguiente: en 1968 había unos 20.000. Para 1988 se contabilizaban unos 43.000. En 2008 alcanzó el millón, según el Gobierno australiano. En España, el mosquito tigre ha doblado su presencia en la península en cinco años. El visón americano ha colonizado los ríos españoles llevando al visón autóctono europeo al borde de la extinción mientras multiplicaba su población. Hay unos 30.000 por unos 500 autóctonos. En el río Guadiana, el camalote detectado en 2005 llegó a ocupar 160 kilómetros del curso –actualmente quedan más de 90 por limpiar y en su erradicación se ha implicado incluso a la Unidad Militar de Emergencias–.
Las especies invasoras se han convertido un quebradero de cabeza ecológico y también económico. Los registros de variedades exóticas han crecido un 40% desde 1980, según la ONU. Una quinta parte de la superficie terrestre es susceptible de padecer una invasión biológica, explica la organización. La Unión Europea ha calculado que controlar y paliar los estragos de estas especies cuesta unos 10.000 millones de euros.
El daño que conllevan las variedades invasoras suscitan un consenso científico bastante generalizado. Sin embargo, su regulación, al menos en España, ha sido objetivo de vaivén político que ha terminado con el blindaje de especies invasoras, de reconocidos efectos devastadores en la naturaleza para posibilitar que sigan siendo cazadas y pescadas en cotos.
Una ley de 2007 ordenó que se creara un catálogo de especies invasoras. Estar en la lista impide aprovechar comercialmente esos animales y, por supuesto, liberarlos en el medio natural. El catálogo científico se aprobó por real decreto en diciembre de 2011. El documento terminó por añadir un puñado de animales apreciados por los cazadores y pescadores deportivos que vieron peligrar algunos de sus lances preferidos. También algunas variedades que se cosechan como el cangrejo americano de río. Casi nada más llegar al Gobierno Mariano Rajoy, esa norma fue derogada, en febrero de 2012.
Al surgir el conflicto, el Gobierno del PP decidió rehacer el catálogo eliminando esas especies en 2013. El Tribunal Supremo no admitió ese cambio y anuló la norma en una sentencia de 2016. Tras el revés en los tribunales, el Partido Popular diseñó una reforma de la ley que se ajustara a sus deseos.
A pesar de que la moción de censura de 2018 cambió el color de la administración ambiental, las mayorías en el Congreso hicieron que, finalmente, se blindaran las especies apreciadas por cazadores y pescadores. El 80% de las variedades de peces que salvó esa modificación legislativa eran trofeos o cebos utilizados por la pesca deportiva. Lucios, percasoles, blackbasses y siluros continúan medrando libres por los ríos.