Las educadoras y maestras del primer ciclo de la etapa de Educación Infantil, de 0 a 3 años, que ejercen en centros públicos de gestión indirecta y en privados son dos colectivos de los más precarizados en nuestro país. Hoy y ayer: sus condiciones laborales y salariales llevan congeladas más de una década. En 2019, las docentes decidieron convocar paros por un bloqueo de su convenio colectivo que “perpetuaba la situación de precariedad de miles de trabajadoras”, según el sindicato convocante, CCOO.
Estas huelgas concluyeron, según las propias trabajadoras, con “avances insignificantes” en la negociación con la patronal. Tras más de dos años de reuniones, la situación sigue igual. Estas profesionales –es una profesión mayoritariamente de mujeres– cuidan bebés a cambio del salario mínimo o poco más. Eso sí, aunque tengan condiciones laborales de trabajadoras no cualificadas, el servicio que dan es esencial, en palabras de la propia administración. Cansadas, han dicho basta y han decidido volver a la lucha convocando cuatro jornadas de paro que comienzan este jueves, 19 de octubre.
El aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) de los últimos años ha sido la única subida salarial que han tenido estas trabajadoras desde 2011, mientras la vida (el IPC) ha subido un 25% en el mismo periodo. Los centros públicos gestionados por la administración o los concertados y los privados integrados en otros centros en los que se imparten otras etapas educativas (Primaria, Secundaria, etc.) tienen su propio y diferente convenio colectivo porque no reciben fondos públicos.
Hasta hace tres años, las educadoras de infantil (el 95% del colectivo son mujeres) cobraban 930 euros mensuales. Las últimas tablas retributivas se marcaron en el convenio de septiembre de 2021, que aumentaba sus remuneraciones hasta los 1.028 y 1.122 euros –en centros privados no integrados y escuelas públicas de gestión indirecta, respectivamente–, por 38 horas lectivas de atención directa a los niños.
Para las maestras, el salario actual se sitúa en 1.489 euros por 32 horas, jornadas en las que no entra la preparación de las clases ni las reuniones con padres, entre otras tareas de las que se tienen que ocupar fuera de su horario laboral sin remuneración extra. Esto supone un sueldo casi un 30% menor que en la educación concertada y la privada integrada y “muchas más horas de trabajo que las de las profesoras de los centros concertados o totalmente públicos”, según CCOO. Según la Carta Social Europea, el 90% de las trabajadoras del sector pueden ser consideradas como pobres. Su salario apenas supera el SMI y no alcanza el 60% del salario medio nacional.
Para Sara, educadora infantil en una escuela pública de gestión privada de la Comunidad de Madrid, esta diferencia entre colectivos que realizan la misma labor debería acabar: “Se deberían equiparar nuestras condiciones a las que tienen las profesoras de las escuelas concertadas o completamente públicas porque hacemos el mismo trabajo. Nos merecemos el mismo sueldo y los mismos derechos”, sostiene.
Además, como las competencias educativas son de las comunidades autónomas, coexisten regulaciones autonómicas que responden a diferentes planteamientos y objetivos, derivando en modelos y condiciones de prestación del servicio totalmente dispares entre territorios.
Según ha analizado CCOO, en los últimos años la privatización de la gestión de centros públicos ha ido ganando peso sobre la totalidad del sector, por lo que el sindicato calcula que las diferencias salariales pueden llegar hasta el 40% por el mismo trabajo según la comunidad autónoma.
La condiciones retributivas de las docentes son enormemente precarias, [...] sus jornadas laborales son draconianas e incompatibles con la atención a otras cuestiones esenciales para la calidad educativa de los niños de entre 0 y 3 años
“Esta huelga de escuelas infantiles está sobradamente justificada, ya que se trata de una cuestión fundamental como es la dignificación de un sector clave en nuestro país”, sostiene Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO (FECCCO). “La condiciones retributivas de las docentes son enormemente precarias, ya que no han conseguido un aumento de sueldo en años cuando el coste de la vida sí que se ha incrementado”, señala.
“Por otro lado –continúa García– sus jornadas laborales son draconianas e incompatibles con la atención a otras cuestiones esenciales para la calidad educativa de los niños de entre 0 y 3 años, teniendo que utilizar su tiempo personal para la coordinación, preparación o evaluación”.
Ana es docente en un centro público del Ayuntamiento de Madrid gestionado por una empresa privada. Cree que, aparte de las condiciones salariales y laborales, se debe luchar por muchas otras cuestiones que “solo se ven si trabajas día a día en este sector”. Y “también las precarizan”: “En el convenio existen artículos que cada empresa interpreta como quiere. Por ejemplo, tenemos derecho a un uniforme pero no se especifica cuál es. A mí me dan un delantal y el resto lo tengo que poner yo, cuando en otros centros no es así. Ahí también estamos perdiendo derechos”, reivindica.
Siguen empeñados en recortar donde no se puede recortar y en aumentar las horas semanales de las educadoras y maestras. No tienen buena fe negociadora, solo quieren perpetuar la precarización de las condiciones laborales de miles de docentes
El secretario general de enseñanza del sindicato argumenta que la precarización que denuncian las trabajadoras es visible en los meses de junio y septiembre ya que, asegura, es una práctica habitual despedir a las docentes al acabar el curso y volverlas a contratar cuando comienza el siguiente: “Dejan en el paro a miles de profesoras durante el verano, época en la que también trabajan para llegar a septiembre con las tareas indispensables para que el trabajo en el aula se desarrolle con plenas garantías y condiciones”, concluye.
Pedro Ocaña, secretario de Privada y Servicios socioeducativos de FECCOO, argumenta que la patronal está actuando de manera “retrógrada y conservadora”. “Siguen empeñados en recortar donde no se puede recortar y en aumentar las horas semanales de las educadoras y maestras. No tienen buena fe negociadora, solo quieren perpetuar la precarización de las condiciones laborales de miles de docentes”.
Las ratios deterioran la calidad educativa desde el inicio
Otro gran reto de mejora de las condiciones del personal docente de Educación Infantil –y de la educación en España en general– son las ratios por clase (número de niños que tiene que atender cada profesional).
Irene, al igual que su compañera Ana, trabaja en una escuela pública que gestiona una empresa privada en Móstoles, Madrid. Defiende que la mejora en la calidad de la enseñanza también tiene que ser una cuestión a tener en cuenta en las negociaciones con la patronal: “Hay estudios científicos que demuestran que la educación temprana es una etapa crucial para las capacidades cognitivas y detección de problemas de los niños, y nosotras notamos que no tenemos manos para todo”.
Sin embargo, las condiciones de calidad del servicio educativo y la enseñanza están condicionadas por esas ratios. Y es que, según recuerda el secretario de Privada y Servicio Sociales de CCOO, en España se duplican las recomendaciones de la Comisión Europea: se aconseja educar a cuatro bebés por cada persona adulta como cifra óptima cuando tienen un año o menos, pero en el conjunto del Estado español la estadística ronda los 8. Entre uno y dos años la recomendación es de seis y en los centros de España la ratio está entre 12 y 14. La cifra ideal entre los dos y tres años es ocho niños y la real en las clases oscila entre 18 y 20.
Además, la norma marca que cada aula de Infantil debe contar con una maestra y dos educadoras, pero tampoco se cumple. “Son abusivas”, opina Irene. “En mi caso estoy sola con 14 niños de uno y dos años desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde. No saben andar, les tienes que dar de comer mientras les enseñas a que lo hagan solos, o a estar tranquilos con sus amigos, a jugar. O te organizas y te lo tomas con calma o es un caos”, relata la educadora.
Al tener demasiados niños desde que son bebés, no llegamos a detectar si requieren atención temprana. [...] Tengo a 3 niños con necesidades educativas especiales que no teníamos ni idea de que lo requerían, y no puedo prestarle la atención que necesitan
Las educadoras señalan que esto afecta directamente a un problema que cada año ven más: la detección de alumnos con necesidades educativas especiales. Si las docentes son capaces de localizar a los alumnos que necesitan más atención en los primeros años de ciclo, en los siguientes cursos ese alumno contará como dos en la ratio, por lo que serán uno menos en clase por cada niño con necesidades educativas especiales. Por contra, si se descubre a mitad de curso, las docentes siguen con los mismos niños en clase.
“Al tener demasiados niños desde que son bebés, no estamos llegando a detectar en muchos casos este tipo de cuestiones. Por ejemplo, este curso acabamos de empezar y yo ya tengo a tres niños con necesidades educativas especiales que no teníamos ni idea de que lo requerían, y no puedo prestarles la atención que necesitan”, cuenta Irene.
Respaldadas, pero no por las administraciones
En estos paros, las educadoras se sienten respaldadas por los padres. Así lo cuenta Sara: “Hay padres que se te echan encima porque creen que no quieres trabajar, pero la mayoría nos respaldan en esta causa porque saben de nuestra vocación. Ellos son conscientes de que cada vez somos menos personal”.
La docente asegura que en los pliegos que aprueban las empresas cada año están viendo cómo recortan en personal de apoyo, educadores que “son totalmente necesarios porque, si en las condiciones que estamos nos falta tiempo para preparar actividades o hacer informes, si reducen plantilla no podremos con todo”, concluye.
“Esta huelga es para reivindicar la relevancia y el reconocimiento de la profesión y las administraciones deberían ser conscientes de ello. No estamos hablando de guarderías o jardines de infancia, son centros educativos en los que las profesionales potencian sus habilidades psicomotrices y sociales, algo que no está valorado”, opina Pedro Ocaña. “Sus retribuciones y condiciones laborales no se corresponden con la responsabilidad que asumen y la formación que se les exige –argumenta– y son especialmente impropias para quienes realizan actividades de docencia en esta etapa preescolar”.
Por último, está la gestión de los servicios mínimos. Para este jueves 19 de octubre muchas comunidades autónomas (Madrid, Catalunya, Galicia en las públicas) han fijado unos servicios mínimos que según CCOO equivalen a que el 95% de las plantillas tendrá que ir a trabajar bajo el argumento de que es “un servicio esencial”. Por ejemplo, en el centro de Irene únicamente podrán secundar la huelga 5 de las 37 educadoras que tienen en plantilla. “No nos están dejando hacer huelga”, reivindica. Ocaña califica estos servicios mínimos como “abusivos” y apunta que si la administración considera a los docentes infantiles esenciales, “unas condiciones laborales dignas también deberían serlo”. Sin embargo, CCOO también admite que otras comunidades no habían establecido los mínimos a última hora de la tarde de ayer, con lo que todo el personal de estas regiones tendría derecho a hacer huelga.