El ministro de Educación se ha comprometido en una entrevista en el Canal 24 horas a no hacer públicos los resultados de la prueba externa de sexto de Primaria que se celebrará en mayo. El examen, al que tendrán que presentarse 450.000 alumnos, se hace por primera vez este curso, según prevé el calendario de aplicación de la LOMCE.
“Me comprometo a que los resultados de evaluación solo se comuniquen al alumno, a su familia y al centro”, dijo el ministro apenas horas después del debate en el Congreso en torno a la paralización de la ley educativa. En el hemiciclo, varios de los grupos cargaron contra la 'ley Wert' y sus efectos en las aulas. El diputado socialista Rafael Simancas hizo un apunte concreto a los listados, de los que dijo que “premian los colegios de los ricos y estigmatizan a los pobres”.
En la entrevista en La Noche en 24 también se comprometió a hablar con las Comunidades Autónomas para evitar que se conozcan las clasificaciones de cada región. “Ahora me estoy reuniendo con los responsables de las comunidades autónomas y estoy dispuesto a presentar una propuesta para que entre todos acordemos que ni las comunidades del PP ni las del PSOE hagan ranking”, afirmó.
En el decreto del 20 de noviembre, que desarrolla las características de la prueba externa de sexto de Primaria, no se menciona expresamente que los resultados tengan que hacerse públicos ni se habla de listados. Esto dice el artículo 8.4: “Los resultados de las evaluaciones finales de etapa serán puestos en conocimiento de la comunidad educativa mediante indicadores comunes para todos los centros docentes españoles, sin identificación de datos de carácter personal y previa consideración de los factores socieconómicos y socioculturales del contexto”.
El objetivo teórico de las prueba, que no tiene efectos académicos, es evaluar a los alumnos para ver su nivel y, sobre todo, sus necesidades, a los profesores y a los centros para detectar qué se hace bien y qué mal. “De lo que se trata es de evaluar y de saber si los chicos han aprendido y ver que las cosas están bien. No hay ningún otro interés”, afirmaba el ministro en la entrevista.
Sin embargo, su implantación está generando mucha controversia porque puede dar lugar a crear clasificaciones entre centros y comunidades autónomas, una especie de lista de mejores y peores colegios.
La Comunidad de Madrid ya introdujo exámenes de este tipo dentro de su marco regulatorio autonómico. Una experiencia que, según los expertos, “sirvió para hacer un ranking de centros: cuáles sacan mejores notas, cuáles peores, etc”. Se puede caer en el peligro, aseguran, de que la posición de los colegios en estas clasificaciones acaben siendo la mayor preocupación de los centros y pueda incluso condicionar las matriculaciones.