Actualmente hay 18 centros concertados que ofrecen educación segregada y que reciben financiación pública en la Comunidad de Madrid. Sindicatos, colectivos educativos, partidos políticos y asociaciones LGTBI llevan años solicitando la retirada de conciertos educativos a estos modelos de enseñanza, porque consideran que refuerzan los estereotipos de género.
Uno de estos colegios, el Juan Pablo II de Alcorcón, en Madrid, ha ido más allá en varias ocasiones, acaparando titulares y críticas desde el comienzo de este curso por el posicionamiento ideológico de su director.
La última petición la realizó el PSOE municipal y Ganar Alcorcón esta Semana Santa, después de que la Cadena Ser informase de que en este centro se organizan talleres de ganchillo y visitas a comedores sociales solo para alumnas y que las excursiones al Santiago Bernabéu quedan circunscritas a los alumnos. La fundación que gestiona el centro asegura que esto no está sucediendo así.
Actividades sexistas
Tras las acusaciones de actividades sexistas, la semana pasada miembros de la Inspección Educativa de la Consejería regional visitaron el centro para comprobar cómo se estaban organizando estos talleres y excursiones. Fuentes de este departamento aseguran que todavía no hay respuesta, aunque explican que han acudido porque no habían informado a la Consejería de que iban a realizar este tipo de actividades.
“Los talleres de ganchillo se han ofrecido a todos los alumnos del centro”, explicó en 13tv Juan Carlos Corvera, el presidente de la Fundación Educatio Servanda. “Es verdad que en el taller (de ganchillo) en ese colegio, no se han apuntado niños, pero es totalmente falso que fuesen impedidos”, añadió en alusión al hecho de que solo hubiese chicas en estas actividades. eldiario.es ha intentando en varias ocasiones contactar con algún portavoz de la organización que gestiona el colegio, sin que por el momento hayan respondido.
Este colegio separa a los estudiantes por sexos en clases diferentes y reserva los espacios comunes para que san compartidos de forma mixta. Al ser concertado, el Gobierno regional ha destinado a este centro 2,3 millones de euros en 2015; 2,5 en 2016 y hasta agosto del 2017 obtendrá 1,8 millones de euros, según la información facilitada por la Comunidad de Madrid tras una solicitud de información de esta redacción al portal de transparencia regional.
Los socialistas del municipio iniciaron una recogida de apoyos para evitar que este colegio reciba financiación pública. En 2011, durante el Gobierno de Zapatero, se presentó el anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato. En él se contemplaba la revocación de conciertos educativos a los centros que segregan por sexos. Leire Pajín, exministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, aseguró que el Consejo de Estado “avalaba la tesis del Gobierno”. Esta medida nunca llegó a entrar en vigor.
Financiación blindada por la Lomce
Actualmente, la Lomce blinda la financiación pública a estos centros, ya que esta normativa recoge que estos colegios no podrán recibir “un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto”. En 2015 el Gobierno regional destinó 34,8 millones de euros a este modelo educativo y en 2016 desembolsaron 37,7 millones, según información facilitada por la Consejería de Educación a eldiario.es.
La asociación LGTB Arcópoli también solicitó la retirada de fondos públicos al Juan Pablo II de Alcorcón después de que el director enviase, a comienzo de este curso, una carta plagada de ideas homófobas e islamófobas con las que pretendía criticar la ley contra la LGTBfobia aprobada por la Asamblea de Madrid. Además, comparó el islam y la que denominaba “ideología de género” asegurando que “son maquinaciones condenadas a la disolución y al fracaso”.
Por estos hechos, el Gobierno regional sancionó al director al pago de una multa de 1.000 euros. Por otro lado, los actos organizados por la Fundación Educatio Servanda, gestora del Juan Pablo II de Alcorcón, también han recibido críticas. Ellos fueron los organizadores del foro en el que el alcalde de Alcorcón, David Pérez, del PP, señaló a las feministas como “mujeres amargadas y fracasadas” en abril de 2015.
Concesiones en detrimento de colegios públicos
“Es un privilegio tenerla en nuestro territorio”, aseguró Pérez, en alusión a la fundación que gestiona el centro en una declaraciones publicadas en la web de esta organización. En Parla, el municipio que alberga el otro colegio madrileño concertado que gestiona la Fundación Educatio Servanda y que también segrega por sexos, esta fundación no tuvo tan buena acogida por parte del Gobierno municipal.
El Ayuntamiento de esta localidad denunció la “opacidad” de la adjudicación de la parcela que habían cedido a la Comunidad y en la que se edificó el Juan Pablo II. El Ejecutivo socialista aseguró que en ningún momento se les informó de la confesionalidad del centro y reseñaron que esta decisión del departamento de Lucía Figar, consejera de Educación en aquella época, “desoía las demandas vecinales para la construcción de un colegio público”. Por él han recibido durante estos tres años 2,4 millones de euros. Sumando lo recibido por estos dos centros, esta fundación ha gestionado durante este periodo 9,1 millones de euros de dinero público.
Por su parte, la Comunidad señaló que con esta adjudicación “se incrementaba la libertad de elección de las familias que hasta el momento no contaban (en el municipio) con oferta educativa religiosa”. El liderazgo de Figar en la Consejería de Educación provocó un “incremento de centros educativos ligados al integrismo católico, con concepciones poco favorecedoras de la igualdad de los sexos”, denunció Comisiones Obreras (CCOO) en un informe publicado en 2012 por Carmen Heredero, coordinadora del Observatorio de Igualdad de Género, en el que se evaluaba a estos centros.
En este análisis, Heredero reseñó que estos colegios recibieron “todo el dinero público que hiciese falta, aun en momentos de crisis económica y de recortes para todo lo que fuese oferta pública”.
“Hay escasez de esos colegios”
Figar fue consejera durante los mandatos de Aguirre y González y terminó abandonando el cargo tras ser imputada en la Operación Púnica. Nunca negó ser defensora de la educación diferenciada. “A mí, ni me molesta ni me alarma que existan. Es una opción más para los padres”, aseguró en una entrevista publicada en Público. “Obama tiene 600 colegios públicos así en EEUU. No molesta en el marco de la oferta. Hay escasez de esos colegios”, añadió. Además, en una declaraciones recogidas por Europa Press, utilizó un símil deportivo para rechazar las críticas que recibe este modelo: “Si todo lo que separa a chicos y chicas es discriminatorio, ¿qué hacemos con la liga de fútbol?”.
La construcción del colegio Edith Stein en el madrileño barrio de Usera, otro centro concertado que imparte educación diferenciada también fue recibido con críticas. En este caso fue la asociación de vecinos de Orcasitas, ya que no entendían que se tomase esa decisión porque cuando se produjo la concesión “aun quedaban plazas en los colegios públicos”. Además, los residentes de la zona consideraban prioritaria la edificación de un centro para mayores, teniendo en cuenta la tasa de envejecimiento que manejaban cuando se licitaron los terrenos.
Otro incidente también en la capital se produjo en las navidades del 2016. El Gobierno de Ahora Madrid fue muy criticado por la oposición, después de que negasen al colegio Arenales, que segrega a sus alumnos por sexos en clases diferentes, participar en la cabalgata del distrito de Carabanchel. La ya dimitida portavoz del PP municipal, Esperanza Aguirre, acusó al equipo de Carmena de querer “adoctrinar y descristianizar” este evento.
Desde la Junta Municipal de Distrito justificaron su decisión recordando que los organizadores acordaron no permitir la participación de ninguna entidad que ejerciera cualquier tipo de discriminación, ya fuera por razones raciales, de género, ideológicas, religiosas o cualesquiera otras. Por lo tanto, este centro contradecía los criterios pactados.
“No tiene encaje constitucional”
Este modelo que segrega a niños y niñas, sobre todo en Primaria y Secundaria, ha sido muy criticado por colectivos educativos. “Para nosotros, que haya colegios que separan a los alumnos no tiene encaje constitucional. Puesto que la Constitución española establece que no se puede hacer discriminación por ese motivo. Si el centro tiene encaje constitucional, cosa que nosotros negamos, la financiación sería solo una cuestión administrativa”, apunta José Luis Pazos Jiménez, presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
En 2015, la exsecretaria de Estado y actual directora adjunta de Educación y Competencias de la OCDE, Montserrat Gomendio, desmintió la base en la que los defensores de la educación diferenciada justifican este modelo, admitiendo que “no hay evidencia científica” de que la educación diferenciada (que separa a niños y niñas) aumente el rendimiento en clase.
Esta redacción ha intentando ponerse en contacto con varios centros educativos, con la Fundación Arenales (que aglutina cuatro colegios de este tipo) y con la Asociación Madrileña de Empresas Privadas de Enseñanza, sin haber obtenido respuesta.