El Ministerio de Defensa ha finalizado la información reservada iniciada en agosto contra cinco militares en la reserva que ratificaron un manifiesto a favor de la figura del dictador Francisco Franco. Fuentes del departamento de Margarita Robles confirman a eldiario.es que la ministra ha ordenado iniciar un expediente contra estos oficiales investigados por “indicios de infracción disciplinaria”. Serán sus mandos los que determinen si cometieron una falta y qué sanción les imponen.
Estas mismas fuentes confirman que han citado a otros tres militares que también suscribieron el escrito, sin embargo al encontrarse en “segunda reserva”, “una situación equivalente al retiro”, la ministra no ha actuado contra ellos. Estos militares suscribieron un manifiesto titulado Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde que se hizo público con el apoyo de 181 militares, la mayor parte de los que firmaron estaban retirados.
En este escrito denunciaban la “campaña infame” que está llevando a cabo “la izquierda política” para desprestigiar al dictador a través de la “perversa pretensión” de exhumar sus restos del Valle de los Caídos. Todos ellos pidieron respeto por la “figura militar del General Franco” que según apuntan, ha “sido vilipendiada hasta extremos inconcebibles” con el objetivo “de borrar medio siglo de nuestra historia” a través del “empeño visceral de revancha” del Gobierno del Partido Socialista que lidera Pedro Sánchez.
Los cinco militares en la reserva investigados se pueden enfrentar a sanciones, ya que el régimen de las Fuerzas Armadas recoge como faltas graves y muy graves la manifestación de “expresiones contrarias” hacia la Constitución, la Corona y demás instituciones del Estado, así como “infringir reiteradamente los deberes de neutralidad política”. Esta normativa recoge sanciones como una multa económica de ocho a quince días, un arresto de quince a treinta días y la resolución del compromiso, es decir, ser expulsados de las Fuerzas Armadas.
A finales de agosto el Ministerio designó a una persona para que coordinase la investigación, el Teniente General Miguel Ángel Villarroya y citó a declarar a los oficiales que mantienen una vinculación con el Ministerio para ver si se ratificaban o no en el contenido del escrito“. Tras su comparecencia, elevó las conclusiones a la ministra que ha decidido ordenar la apertura de un expediente.