Las empresas aprovechan la falta de protección pública para lanzarse a la telesasistencia privada
Ya se ha consolidado con la sanidad y, desde que se agudizaron los recortes presupuestarios, se viene dando en los servicios sociales: las empresas privadas están aprovechando el creciente número de lagunas del Estado de Bienestar para hacer negocio. La última en sumarse a esta tendencia ha sido Telefónica, que acaba de lanzar un servicio de teleasistencia privado con SARquavitae, una de las empresas líderes en el sector.
Es la punta del iceberg de un proceso de cambio de sistema en el que las aseguradoras ya han puesto un pie. Sus seguros de dependencia, aunque pocos en cifras totales (35.040), han crecido un 61% en el último año.
“Los sistemas de atención social públicos no pueden asumir los grandes gastos en sistemas de atención o cuidados”, destaca como reclamo Telefónica en la nota de prensa en que presenta su nuevo servicio. En la teleasistencia –y en muchas prestaciones sociales– la oferta privada ha coexistido tradicionalmente con la pública, en un segundo plano. En parte, porque el servicio público de teleasistencia se ha ido prestando con conciertos económicos. Primero fue con Cruz Roja y luego se sumaron empresas como Eulen, Atenzia o SARquavitae. Ahora, los recortes les han afectado directamente y proliferan las promociones de su oferta privada.
El planteamiento de Telefónica y SARQuavitae es que ya no solo se beneficien personas mayores que viven solas, o con discapacidad. También abren su público objetivo a mujeres víctimas de violencia machista: otro sector que ha sufrido recortes públicos. La teleasistencia, al ser un servicio más barato que una plaza en una residencia, o en un centro de día, permite a un mayor número de familias costeársela por su cuenta (ronda los 20 euros al mes).
“Excesiva” dependencia de los fondos públicos
La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) reconoce en su última memoria, de 2013, la dependencia “excesiva” del sector de los fondos públicos. Aseguran que están una situación de “bancarrota”, propiciada sobre todo por las residencias que están sin ocupar y que se crearon con expectativas de que la Ley de Dependencia concertara sus servicios.
No es el caso de SARQuavitae, según los datos que hace públicos en su página web. Con su oferta privada y concertada de residencias, hospitales de día y teleasistencia, entre otros, ha aumentado un 31% (de 184 a 267 millones de euros) sus ingresos desde 2011, el periodo en el que más se ha visto reducida la inversión pública y por tanto más ha repercutido en las empresas concertadas.
La teleasistencia se viene facilitando en España desde hace más de dos décadas, como parte de la red de servicios sociales municipales. Cuando se aprobó la Ley de Dependencia, en 2006, también entró a formar parte de la cartera de servicios del nuevo sistema y ya se le da a 115.000 personas. A ellas hay que sumar cientos de miles más que reciben la ayuda de los servicios sociales municipales.
Los recortes en servicios sociales municipales y en la Ley de Dependencia, lógicamente han afectado a la atención por teléfono. Otra muestra del tipo de compromiso público con este servicio fue la ruptura, en 2012, del convenio específico que el Estado había suscrito 20 años antes con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Ese año, los ayuntamientos dejaron de ingresar los 29 millones de euros directos que aportaba el Imserso para esta prestación.
A ello hay que sumar que a partir del 1 de enero de 2016, cuando entre en vigor el apartado de la reforma de la Administración Local relativo a los servicios sociales, estos pasaran a ser competencia autonómica (sólo las ciudades mantendrán sus competencias).
Supondrá, según denuncian los sindicatos y las asociaciones del sector, el fin encubierto de los servicios sociales de proximidad. Afectará por tanto a los cientos de miles de personas que reciben teleasistencia por medio de sus ayuntamientos. No obstante, en el departamento de comunicación de la FEMP aseguran que este traspaso de competencias ya se ha hecho efectivo en muchos municipios en lo que refiere a este servicio específico. Según explican, el modelo de financiación de la teleasistencia es ahora complejo y muy dispar. Hay municipios que tienen acuerdos con las comunidades autónomas. Otros tienen convenios. En otros casos, las autonomías han delegado las competencias a los ayuntamientos.
