La víspera del desahucio. Fue el momento elegido por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid para comunicar a Julia Rodríguez, de 80 años, y su hija Paloma del Viso que, si finalmente la empresa Fidere las sacaba de su piso social por impago del alquiler, el Ayuntamiento les cedería una casa de uno de sus programas de vivienda solidaria.
Una solución in extremis fue anunciada en rueda de prensa por la alcaldesa de la capital, Ana Botella, el mismo día del lanzamiento, que se había convertido en protagonista de las redes sociales. Algo similar a lo que pasó con Carmen Martínez Ayuso, la mujer de 85 años que perdió su casa por avalar el préstamo de un hijo y que fue desahuciada el viernes pasado. La fotografía de Andrés Kudacki, de la agencia AP, de la mujer con el rostro repleto de lágrimas recorrió el mundo.
Inmediatamente llovieron las soluciones. La primera, del Rayo Vallecano, y después la que ofrece el Ayuntamiento de la capital, que según su alcaldesa va a ofrecer una vivienda social a Carmen “con independencia de lo que ella luego quiera hacer”.
Lo curioso es que ese fondo solidario ha nacido al calor de una de las decisiones más criticadas de el Gobierno municipal del PP: la venta de 1.862 pisos protegidos a fondos de inversión –en este caso, Magic Real Blackstone– que convierten esos inmuebles en objeto de negocio y beneficio. El de Julia y Paloma es un caso, cuanto menos, rocambolesco: el Ayuntamiento les da una vivienda social porque ha vendido el inmueble protegido en el que vivían a una empresa que, con las leyes del mercado por delante, deja a estas personas vulnerables –por eso contaban con el beneficio de un piso de esas características– en la calle.
En el último minuto
“Aguantaron hasta el último día. Ese mes de octubre que pasamos –el 16 estaba fechado un desahucio que la presión social frenó in situ– no se lo deseo a nadie. Incluso esa misma semana fuimos al Ayuntamiento para exigir una respuesta a nuestra situación y no fuimos escuchados. Dos vecinas nos abrieron las puertas de su casa. No teníamos dónde ir”, recuerda Paloma.
La tarde anterior al lanzamiento, una responsable de la EMVS llamó a Julia por teléfono para informarle de que les ofrecerían una vivienda alternativa. La mañana del desahucio se confirmó la oferta. Hace unas semanas, Paloma, de 49 años, firmó un preacuerdo anterior al contrato, que está a su nombre, aunque lo hizo a ciegas. Ni siquiera le dieron una copia. Y solo unos días atrás selló con su firma el contrato: un alquiler por cuatro años de una vivienda situada en San Cristóbal de los Ángeles (Madrid).
“Está muy bonita y los vecinos parecen muy amables. Aún tenemos que ver dónde está el médico, el banco, la farmacia... De momento estamos intentando guardar todo en cajas. Entre las dos lo hacemos como podemos, queremos salir de aquí cuanto antes”, reconoce Julia al otro lado del teléfono. En la conversación rompe a llorar varias veces.
El Proyecto de Viviendas Solidarias Distritos-EMVS, formado por un conjunto de 200 pisos al que pertenece el asignado a Julia y Paloma, está dirigido a familias con ingresos que no superan 2,5 veces el IPREM (18.640,00 euros en 2012) y que ya han sufrido un desalojo, que tienen notificación de lanzamiento o que, por su situación de precariedad económica, no pueden afrontar el coste de su vivienda.
La cesión de las viviendas se hace por tres años prorrogables uno más y con una mensualidad que no puede superar el 20% de la renta de la unidad familiar. Si los ingresos son inferiores a 800 euros a mes, el porcentaje se reduce al 15%, aunque en ningún caso el coste del alquiler podrá ser inferior a 65 euros. Este mínimo es el que pagarán Julia y Paloma, además de otros 52 de gastos de comunidad, que se cobra aparte. Los suministros y la Tasa de Residuos Urbanos también corren a cargo de los inquilinos.
Un aumento del 35% en las cuotas
Este proyecto se aprobó en Pleno Extraordinario del Ayuntamiento el 7 de junio de 2013. Justo un mes antes habían salido a la venta 18 promociones de vivienda social, cuya entrega a Magic Real Blackstone se cerró en julio de ese mismo año por valor de 125,5 millones de euros. Las negociaciones, según el relato de los vecinos, se realizaron a sus espaldas. Nunca recibieron una notificación oficial para informarles de que su casero no sería nunca más un ente público, aunque el Ayuntamiento asegura en su web que “el proceso de venta se ha caracterizado por su transparencia y concurrencia competitiva”. El cambio de manos, conocieron después los inquilinos, iba a suponer un aumento de las cuotas de hasta el 35% en tres años.
Muchos vecinos ni siquiera podían hacer frente a las cuotas iniciales fijadas por la EMVS. La crisis ha hecho estragos en casas como la de José, la de Mari Carmen, o la de Julia. Con un fondo buitre como propietario, la negociación de nuevas condiciones en los alquileres se complica. Y los desahucios se aceleran. El colchón sobre el que caen las personas que pasan por este trance es, de nuevo, la EMVS. Pero esta vez con un fondo reducido de 400 viviendas cuyo arrendamiento tiene, según los convenios, fecha de caducidad.
De 400 viviendas, solo se han entregado 261
A las 200 viviendas del programa conjunto de la EMVS con distritos, se suman otras 200 pertenecientes al Programa de Viviendas Solidarias de la Ciudad de Madrid 2012-2015, cuya gestión aprobó por convenio la misma empresa municipal con el Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. Se firmó en julio de 2012 y “pone a disposición de entidades y organizaciones sociales”, como figura en la web del Consistorio, “un número aproximado de 200 viviendas hasta 2015, propiedad de la EMVS, en régimen de arrendamiento para cederlas temporalmente”. Es requisito indispensable para poder ser beneficiario del programa “carecer de vivienda” y no superar el umbral de 2,5 veces el IPREM, además de “estar inmerso en un proceso de intervencioÌn social”.
En la comisión de Familia de octubre, el concejal socialista Pedro Zerolo preguntó al Gobierno municipal por estos dos programas puestos en marcha. En su respuesta, Carlos María Martínez Serrano, coordinador general de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana, señaló que a fecha 30 de septiembre de 2014 solo 261 de estas 400 viviendas tenían inquilinos, aunque, puntualizó, 311 estaban concedidas.
En el distrito centro, por ejemplo, según datos de la propia zona, de las 42 viviendas puestas disposición por la EMVS solo 12 han sido asignadas. Del resto, otras 12 se encuentran en trámites de alojar a personas procedentes de otros distritos. El resto, 18, están por el momento vacías.
“Está saliendo a la luz la chapuza de la operación”
“La paradoja es que hagan esto cuando nos han vendido a los fondos buitre”, dice Arancha Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de vivienda pública EMVS. “Este tipo de cosas deja a la luz la chapuza de la operación, que está causando más estragos y problemas que los que había antes. Igual hasta les sale más caro”, apostilla. Mejías denuncia además la opacidad en la gestión y en la información. “Cada persona te dice algo distinto. La confusión es tremenda”.
Según datos de la asociación, a ninguna de las 12 familias –aparte de la de Julia– inmersas en un proceso de desahucio en este momento les han ofrecido la posibilidad de trasladarse a un piso del fondo solidario. “El parque de viviendas es muy reducido, y la demanda supera a la oferta, si hablamos en términos de mercado. Además, esta solución es pan para hoy y hambre para mañana. Una vez que pasan los años de arrendamiento establecidos por convenio, ¿qué? Las personas no pueden estar toda su vida de nómadas. Ahora aquí, ahora allá”, destaca.
Julia y Paloma viven con un único ingreso: una pensión de viudedad de 632 euros. Solo el alquiler se llevaba 517, una cifra que era asumible para la familia antes de que Paloma perdiera su empleo en una cafetería. Con el fin del paro, llegaron los impagos y un periplo de las dos mujeres por las administraciones para tratar de poner solución a su situación.
Pero todas las salidas, hasta el anuncio de Botella, parecían bloqueadas. La EMVS se cerraba hace un mes a renegociar un nuevo alquiler porque ya no es propietaria de su vivienda; un acuerdo que Fidere, la empresa inmobiliaria de Blackstone, nunca ha estado dispuesta a plantear. Desde los servicios sociales la propuesta pasaba por que Julia buscara una residencia y su hija alquilara una habitación por su cuenta.
El próximo 3 de diciembre está marcado en el calendario. Es el fin de la prórroga que la comisión judicial ha concedido a Julia y Paloma. O, lo que es lo mismo, la fecha definitiva del desahucio. “Vamos a abandonar esta casa en cuanto podamos. Aquí dejamos a personas que han dedicado su tiempo a nuestro problema, que han levantado el teléfono cada día o subido a casa para saber cómo estábamos. Es nuestra familia aquí y eso es duro, pero no podría soportar otro episodio como el del último intento de desahucio”. Entonces, la voz de Paloma se endereza de repente: “No lo quiero vivir más ni consiento que lo viva mi madre”.