Enferma de cáncer, con dos niños a cargo y la amenaza de un desahucio

La tranquilidad reinaba en la mañana del viernes 12 de noviembre en la calle Sacrificio del barrio de Vicálvaro, donde vive Carmen Arroyo desde hace siete años. Junto a ella estaba media docena de activistas de la PAH de Vallekas que habían acudido al despuntar el día a arroparla ante la posibilidad de que apareciera la comisión judicial a ejecutar su desahucio después de que Bankia, la entidad rescatada con dinero público en lo peor de la crisis de 2008 y propietaria de la vivienda, la vendiera a una empresa inmobiliaria que desde entonces hace todo lo posible por echar a la mujer.

Según los abogados de la plataforma, el juzgado donde se tramita su caso había aceptado paralizar el lanzamiento pero no tenía la confirmación oficial. A las doce del mediodía, ya respiraron tranquilos. El peligro parece haber pasado. “Por ahora”, matiza Carmen, poco convencida de que acabe su zozobra. De hecho, ni ella ni los miembros de la PAH que la acompañaban bajaron la guardia y permanecieron toda la mañana en alerta dentro de la casa. “A veces llega la policía sin saber que el desahucio se ha paralizado”, explican.

Carmen es madrileña y tiene 46 años, un hijo de 14 y una nieta de 7, fruto de una relación que tuvo su otra hija siendo adolescente quien, tras marcharse de casa, la dejó a su cargo. Según explica, hubo un tiempo en el que estuvo trabajando en residencias de ancianos y prestando ayuda domiciliaria a personas mayores, pero hace años que se quedó sin trabajo. Ahora está cobrando una renta mínima vital de 650 euros mensuales. Carmen relata una vida imposible: “Con mi hijo, que hasta hace poco ha necesitado de mis cuidados debido a una enfermedad mal diagnosticada, y la nieta a mi cargo...”. Este verano, además, ella misma fue operada de un tumor de mama del que ha empezado a tratarse con radioterapia.

Y este mes tenía pautada una operación para quitarse la vesícula, después de sufrir numerosos cólicos. Mientras relata las vicisitudes por la que ha pasado, su perro, Yako, un pitbull de más de 12 años al que Carmen rescató “medio muerto, cerca de aquí, atado a una farola” , no para de seguirla por toda la casa dándole muestras de cariño. “Le habían dado una paliza. Me lo llevé sin dudarlo y lo curamos”. Desde entonces, es su sombra.

Al ser un día laborable, su hijo está el instituto y la pequeña en el colegio. En las habitaciones hay bolsas por el suelo con ropa de ambos y de Carmen. “Por si tenemos que salir pitando”, explica. El padre de su hijo, del que estaba separada, murió el pasado agosto de cáncer de colon. “No me ayudaba a nada”, lamenta la mujer. Tampoco puede contar con la ayuda de su familia -madre y dos hermanos- porque “ya tienen ellos por su cuenta bastantes dificultades”.

Carmen empezó a vivir en ese piso de Vicálvaro hace siete años pagando un alquiler cercano a los 300 euros al que pensaba que era su propietario, un vecino del barrio que la ayudó cuando tuvo que dejar otra casa en la misma zona. Al cabo de un tiempo, este supuesto arrendador dejó de aparecer a cobrar las mensualidades. Hasta que le llegó una carta de Bankia notificándole que el inmueble era propiedad de la entidad y para anunciarle que debía marcharse. La mujer propuso entonces al banco seguir pagando un alquiler social acorde con sus ingresos, pero no lo aceptaron. Al contrario, el banco vendió la casa a una sociedad limitada llamada Artilleros Consulting/Look and Find, que es la que luego ha solicitado el lanzamiento. Desde entonces, Carmen libra una lucha para que no la echen del piso, lo que podría derivar en que los servicios sociales le quiten a su hijo y a su nieta. “No me pueden dejar en la calle con dos criaturas. No sé dónde va a acabar mi niña si me desahucian”, dice, angustiada. “Solo pido pagar una renta social y quedarme para poder recuperarme y encontrar de nuevo trabajo”.

El pasado 2 de noviembre, los activistas convocaron una concentración delante de la sede de Artilleros Consulting para demandar una solución para Carmen. Ese día cerca de medio centenar de personas ocuparon las oficinas de esta inmobiliaria a cuyos responsables entregaron los papeles de los Servicios Sociales en los que se certifica su situación de vulnerabilidad social y los informes médicos en los que se detalla la operación y su pronóstico.

Los representantes de Artilleros Consulting se negaron a sus demandas, según denuncia la PAH. Ante la situación, el colectivo decidió convocar a los vecinos en la puerta de la vivienda de Carmen para parar el desahucio anunciado y fijado para el pasado viernes, 12 de noviembre, con el fin de seguir exigiendo una alternativa que evite que esta mujer y los dos menores se queden en la calle.

La buena noticia fue que se paralizó el lanzamiento y, por lo tanto, se desconvocó la concentración. A pesar de todo, un grupo de compañeros de la PAH de Vallekas, no quiso dejarla sola, “por si las moscas” y acudió a su casa. La primera batalla la acaban de ganar. Pero la incógnita es “hasta cuándo”, se preguntan tanto Carmen como los miembros de la Plataforma que siguen asistiendo y ayudando a estas personas vulnerables.

La versión de la inmobiliaria

Antonio Escobar, gerente de la inmobiliaria Artilleros Consultind/Look and Find, ubicada en el distrito de Moratalaz, explica que su empresa compró el piso donde vive Carmen Arroyo a un fondo de inversión del Sareb -en el que participa Bankia- pero “sin saber que estaba habitado”, motivo por el que asegura que interpusieron “una querella contra Bankia” por no advertírselo. “Intentamos negociar con ellos, porque esta mujer tiene una pareja”, afirma Escobar. “Les ofrecimos dinero para que se fueran dado que yo necesito ese piso para una hija mia. Pero no aceptaron”, prosigue.

“Hemos intentado hablar varias veces con Carmen pero no hay manera...se pone histérica y una vez nos dijo que iba a llamar a la policía”. “En una de esta conversaciones es cierto que nos dijo que quería pagar un alquiler social de cien euros, pero es que nosotros somos una empresa privada pequeña y no tenemos por qué fijar un alquiler de ese tipo”, añade el gerente.

Además, denuncia que su empresa y sus trabajadores están sufriendo “acoso” en las redes sociales a raíz de que los activistas de la PAH realizaron aquella concentración y se “plantaron en la sede profiriendo amenazas e insultos, amedrentándonos a todos”. “Por culpa de todo esto tuvimos que cerrar la inmobiliaria una semana y algunos de los empleados dicen que tienen miedo de volver a pasar por ese trago”, asegura.

Un drama que no es un caso aislado

El drama de Carmen es uno más de los muchos que sufren a diario familias y personas en situación especialmente delicada, pese al decreto extraordinario del Gobierno con medidas urgentes aprobado en marzo del año pasado, que no ha logrado paralizar ni durante la pandemia estos desahucios.

De acuerdo con los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de 2021 las actuaciones judiciales para expulsar a inquilinos han aumentado en 29 de 50 provincias con un total de 7.862 lanzamientos, un 14% más que el año anterior. En Madrid, en concreto, la variación entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021 fue del 5,7%, por impagos del alquiler en cada uno de esos años.

La realidad la conocen bien las plataformas y los sindicatos de vivienda, que durante meses han estado avisando de que las cifras no se reducían y de que bancos, fondos de inversión, inmobiliarias, grandes tenedores e incluso empresas públicas de vivienda continuaban denunciando a familias vulnerables e intentando expulsarles de su casa, obviando el redactado del texto del decreto o colándose por sus fisuras. Una realidad de la que el exministro responsable de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, dijo estar sorprendido al ser preguntado en una rueda de prensa que protagonizó hace ahora un año. La imagen de una familia -Adoración, su hijo, su nuera y sus cuatro nietos menores desahuciada en Carabanchel- , “impactó” al ya extitular de ese departamento, que dijo: “Lógicamente, el decreto del Gobierno no permite los desahucios”. Sin embargo, se siguen haciendo.

El decreto acaba de ser prorrogado de nuevo por el Gobierno y convalidado por el Congreso para que tenga validez hasta el 28 de febrero. Pero afectará solo a los casos en los que los propietarios de los inmuebles sean administraciones o grandes tenedores. En ese caso, los afectados por la amenaza de lanzamientos sin solución habitacional podrán solicitar prórrogas extraordinarias de seis meses en el pago y la moratoria del abono de la renta. Además, incluye compensaciones para los propietarios.

El PP, Vox y Ciudadanos votaron en contra de esta prórroga. El partido de extrema derecha de Santiago Abascal incluso la ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. La secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona, calificó la norma de “una auténtica salvajada jurídica” porque, a juicio de su partido, “legaliza la ocupación delictiva”. Según matizó en su perfil de Twitter, de lo que están en contra es de “los okupas que han entrado en una casa cometiendo un delito de allanamiento o usurpación de vivienda”, algo que la ley ya contempla y castiga.