El Instituto de Derechos Humanos de la jesuita Universidad Centroamericana (Idhuca) expresó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la ONU su “preocupación” por la poca información y el impacto en las libertades fundamentales de las medidas de excepción adoptadas en El Salvador para afrontar el coronavirus.
El Idhuca envió una carta a la CIDH y a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la que señaló que le “preocupa” el “respeto a las garantías y libertades fundamentales, en cuanto la aplicación del régimen de excepción” y la “poca información sobre las formas y mecanismos de aplicación de las políticas y medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales”.
El Idhuca junto a otras organizaciones de derechos humanos se pronunciaron en contra del estado de excepción, ya que al entrar en vigencia las autoridades capturaron a personas que supuestamente violaron la cuarentena domiciliar obligatoria y las trasladaron a calabozos de la Policía y no a centros de contención.
El Ejecutivo manejó inicialmente esta medida como “detenciones” y posteriormente, tras la críticas de diferentes sectores, como “retenciones”.
La Asamblea Legislativa salvadoreña amplió el pasado domingo por 15 días más el estado de excepción.
CRÍTICAS A “RETENCIONES” POR VIOLAR CUARENTENA
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ordenó enviar a sus casas a unas 300 personas detenidas por supuestamente saltarse la cuarentena domiciliar y que se encontraban en instalaciones policiales.
Esta medida fue dictada en un proceso de “hábeas corpus” instaurado por una organización humanitaria a favor de tres mujeres detenidas en un localidad del oriente del país y que fueron encerradas en calabozos.
A criterio del Instituto de Derechos Humanos, “la falta de planificación, logística y transparencia por parte de las autoridades gubernamentales, en las implementación de medidas, podría poner en riesgo a la sociedad en general”.
De acuerdo con el Idhuca, la CIDH y la ONU “pueden ayudar al Gobierno con recomendaciones que mejoren la implementación de las medidas de contención, curación y protección de las personas en vulnerabilidad social”.
El Gobierno de El Salvador también ha sido criticado por el “mal proceso” para la entrega de un bono de 300 dólares a personas afectadas por la pandemia, ya que el lunes miles de salvadoreños salieron a las calles en plena cuarentena domiciliar obligatoria por la COVID-19 en busca del dinero.
El domingo, el presidente Nayib Bukele anunció el nuevo sitio web para que las personas verificaran si serían beneficiados y pidió que quienes consideraran que necesitan el dinero y no aparecían como beneficiarios ingresaran su reclamo o visitaran el Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidio (CENADE) “más cercano”.
Los salvadoreños que sí han salido beneficiados han hecho largas filas este martes en diferentes sedes bancarias del país para retirar el dinero, pero en algunos casos las personas no han respetado las medidas establecidas para evitar el contagio del coronavirus, como mantener una distancia de un metro.
El Salvador sumó el lunes a 32 casos positivos de COVID-19, de los que una persona se encuentra en estado “crítico”, cuatro están “graves” y 27 “estables”.