“En mi casa hay muchos problemas. Tengo un hermano con una enfermedad mental que lleva años en prisión por varios conflictos violentos que hubo en mi casa. Mi hermana se quedó embarazada y mis padres la echaron de casa. Ella ahora tiene un hijo y no tiene trabajo. Tengo miedo de que si les cuento a mis padres que estoy embarazada, hagan lo mismo conmigo”. “Mi familia es muy religiosa. Si mis padres se enteran de que estoy embarazada, me tratarían mal, me obligarían a tenerlo y a dejar el instituto. Yo quiero estudiar y tener un futuro”. “Mis padres están separados, mi padre vive en Santo Domingo y tengo muy poca relación con él. Mi madre me advirtió que si algún día me quedaba embarazada me mandaría de vuelta a mi país a vivir con él. No puedo contarle nada”.
Estos son testimonios reales de chicas de 16 y 17 años que no quisieron seguir adelante con sus embarazos. Ante estos conflictos descritos la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo las exime de poner en conocimiento de sus padres o tutores su intención de abortar. “Son un número muy minoritario entre las menores que abortan, pero estos casos existen y son situaciones muy dramáticas”, asegura Olga Sancho, relaciones públicas de la Clínica Dator, el primer centro privado autorizado en España a realizar interrupciones voluntarias del embarazo, y quien de cuando en cuando es testigo de estas realidades.
Si finalmente entra en vigor el borrador aprobado el viernes en el Consejo de Ministros, estas mismas jóvenes, que ahora no necesitan el consentimiento, deberían acudir a un juez para poder abortar. Según el anteproyecto de Ley para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de las Mujer Embarazada, las chicas menores de 18 años que aleguen conflicto familiar tendrán que acudir a un juez, que deberá resolver en menos de 15 días si les permite interrumpir su embarazo sin necesidad del sí paterno. Si las chicas tienen 16 y 17 años, el magistrado deberá primar la decisión de ellas, y si son menores de 16, lo que opinen sus padres, según consta en el borrador elaborado por el Ministerio de Justicia. A todo ello hay que sumar el trámite previo de lograr un dictamen firmado por dos médicos que confirmen que están en peligro su salud mental.
“Se trata de una medida que tiene por objetivo entorpecer el acceso al aborto y alargar los tiempos, con los riesgos sanitarios que ello supone”, señala Marisa Soleto, abogada directora de la Fundación Mujeres, y miembro de la Plataforma Nosotras Decidimos. Cree que el hecho de que la norma obligue a que ambos padres den el consentimiento -ahora solo es necesario el conocimiento de solo uno- va a suponer un conflicto más. “¿Qué pasa si uno está de acuerdo y el otro no? La joven tendrá que acudir al juez, y eso sin tener en cuenta el tipo de resoluciones que den los jueces”, puntualiza Soleto.
Isabel Serrano, ginecóloga miembro de la Federación de Planificación Familiar Estatal y portavoz de la Plataforma Nosotras Decidimos, cree que está medida va a propiciar, por un lado, que se incrementen los embarazos en adolescentes y, por otro, que las jóvenes acudan a otros métodos, como tomarse pastillas o someterse a abortos clandestinos. “Las situaciones que vemos en estos casos son entornos familiares en los que las jóvenes no van a acudir a los jueces porque les va a suponer un ámbito desconocido y en casos amenazador”, explica la experta, quien insiste en subrayar, como hacía Sancho, que son una minoría de casos.
Un estudio realizado en 2011 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo -sobre una muestra de 36.718 mujeres que habían acudido a abortar- puso de manifiesto que tan solo 151 chicas de 16 y 17 años de un total de 1.186 no le habían dicho a sus padres o tutores que se habían sometido a la intervención. En algunos casos habían aducido riesgo de sufrir malos tratos, en otros estaban emancipadas y carecían de relación con sus progenitores y en otros los padres residían en otro país. El 87% restante de las chicas de esa edad que habían abortado habían acudido en todos los casos con alguno de sus progenitores.
En 2009, cuando el entonces Ministerio de Igualdad elaboraba la ley de plazos, el hecho de que las chicas de 16 y 17 años no necesitaran el consentimiento paterno para abortar fue quizá el punto más criticado, incluso dentro de las propias filas socialistas. Eliminar esta circunstancia era la única medida concreta que llevaba el PP en su programa electoral en referencia a la ley de plazos y cuando el Consejo de Ministros aprobó el viernes el anteproyecto, el Ministerio de Justicia destacó en el titular de la nota de prensa que las menores tuvieran que “contar con sus padres en casos de aborto”.
“Es una medida que no se entendió entonces por parte de muchos sectores y que ahora vuelve a ser un problema, pero lo que demuestra es un desconocimiento de la situación real”, indica Serrano. La ginecóloga recuerda el caso de una chica 17 años que llegó una vez a su consulta –con la ley de 1985 en vigor, que obligaba a las menores que quisieran abortar a tener el consentimiento paterno-. “Tardó muchísimo en decirle a su madre que estaba embarazada y cuando finalmente lo hizo no hubo manera de convencerla para que le diera el consentimiento, era muy religiosa y no quería dárselo”, explica Serrano. El padre estaba en otro país pero era imposible localizarlo, y se llegaron a plantear iniciar los trámites de emancipación. El problema es que ya era demasiado tarde. “La chica tuvo que terminar el embarazo y dar a luz un niño que no deseaba”, concluye la la ginecóloga.