Las entidades sociales: es un hito en la protección de los menores migrantes

Madrid, 19 oct (EFE).- Las entidades sociales de defensa de los derechos de la infancia migrantes celebran la reforma del Reglamento de Extranjería, que “mejora la vida” de los menores que llegan solos a España, eliminado los “obstáculos y barreras insalvables para su integración” que sufrían hasta ahora.

Las entidades llevan años denunciando “las abusivas condiciones” de un reglamento que abocaba a la irregularidad administrativa y exclusión social a miles de adolescentes y jóvenes a los que la ley de Extranjería reconoce regulares “a todos los efectos”, quejas a las que se ha sumado el Defensor del Pueblo.

En un comunicado suscrito por una treintena de organizaciones, como Unicef, Fundación Raíces, Plataforma de Infancia o Red Acoge, valoran la propuesta del Ministerio de José Luis Escrivá como un “paso histórico” que facilitará a todos los menores que llegan solos a España su transición a la vida adulta y su integración efectiva en la sociedad.

A la espera de conocer el texto que publicará el Boletín Oficial del Estado, destacan que el nuevo reglamento asegura que “estén debidamente documentados, pudiendo tramitarse sus autorizaciones de residencia a instancias de los propios niños y, en cualquier caso, obligando a hacerlo a las oficinas de extranjería transcurridos 90 días desde la entrada del menor en el Sistema de Protección”.

Además, la residencia de los jóvenes a partir de 16 años, llevará aparejada siempre el permiso para trabajar, al igual que tienen reconocido los jóvenes españoles de esa edad.

“De esa manera se pone fin al sinsentido de tener miles de jóvenes indocumentados o con un permiso para vivir en España pero que no les permite trabajar”, explican en el comunicado conjunto.

Con esta reforma, ya no podrán darse casos de menores que estando tutelados tengan autorización para residir en España pero que caduque o se extinga al cumplir los 18 años.

También se flexibilizan las condiciones de las renovaciones para aquellos que en el momento de renovar no estén trabajando y se valorarán los informes de las entidades que acrediten que estén dentro de programas de integración social y laboral y acrediten medios de vida con un programa desarrollado por una institución pública o privada.

De esta forma, se reducen los más de 2.000 euros mensuales que hasta ahora tenían que acreditar como medio de vida a un importe de unos 470.

Una de las cuestiones mejor valoradas por las ONG es que la reforma contempla rescatar a miles de jóvenes que han quedado en el limbo y padecen las consecuencias de una mala gestión de las distintas administraciones y de un reglamento que impedía su integración.

Las entidades están convencidas de que se va a impulsar la inserción sociolaboral de miles de jóvenes de entre 18 y 23 años siempre y cuando puedan acreditar haber estado bajo la protección del Sistema Público de Protección durante los últimos 5 años.

No obstante, expresan su preocupación por el destino de aquellos que no podrán acogerse por tener en su pasado reciente alguna causa pendiente o antecedente penal que en algunos casos podrían explicarse por su situación de abandono.

Advierten de que quedan fuera de la aplicación del reglamento los menores que no accedieron nunca al sistema de protección al verse sometidos al procedimiento de determinación de la edad, a pesar de que hubieran acreditado su edad e identidad sus embajadas y consulados, lamentan las entidades sociales.

Amnistía Internacional teme que la situación de estos menores no se resuelva hasta que no se revise profundamente el sistema de determinación de la edad y reclama cambios “ante la actual falta de corresponsabilidad territorial en la protección de menores no acompañados”.