El partido ecologista EQUO ha presentado hoy en la Fiscalía General del Estado una denuncia sobre los “excesivos” y “numerosos incendios que se vienen produciendo en las plantas de gestión de residuos” de manera “generalizada” y “alarmante” algo que, consideran, no puede ser “casos aislados” .
Los representantes del partido ecologista instan a la Fiscalía a investigar si existe algún “nexo común” que una “lo que -en su opinión- hay detrás de los fuegos” acontecidos en municipios de toda España, como Seseña, Arganda, Alcorcón o Córdoba, entre otros.
“Hemos pasado de diez incendios por año”, que se produjeron en el 2012, a “más de 50 casos en lo que va del 2017”, ha detallado el diputado y co-portavoz de EQUO Juantxo López de Uralde, quien ha exigido que se aclaren los posibles “intereses económicos” detrás de las causas de estos sucesos de los que, ha reclamado, “nadie se hace responsable”.
López de Uralde ha agregado que tras trasladar formalmente una la batería de preguntas parlamentarias acerca del incremento de los fuegos, la respuesta del Gobierno aduce que es competencia de las comunidades autónomas, algo que desde el ecologismo político critican por considerar que “sólo elude responsabilidad”.
El diputado verde ha argumentado además que el “excesivo” número de fuegos ocasionados en las instalaciones de reciclaje “no es casual” y ha calificado de “alarmante” la “mala gestión” de residuos tóxicos cuyas emisiones “no sólo afectan al medio ambiente” sino que también afectan a la salud pública.
El co-portavoz de EQUO Madrid y diputado regional, Alejandro Sánchez, también ha lamentado que “las administraciones miran para otro lado” y que el Estado debería controlar el “tráfico de residuos peligrosos” que, según este diputado en la Asamblea, se ha puesto en evidencia, por ejemplo, en los incendios como el de la planta de Chiloeches en Guadalajara, en la vecina Castilla-La Mancha.
En este caso, Sánchez se ha quejado de casos en los que se “cobra por gestionar los residuos peligrosos” y en vez de realizar esta tarea, los trasladaron a escombreras, por lo que “se ahorran una cantidad importante de dinero”, algo que, a su juicio, es “un negocio peligroso”.
Por su parte, la coordinadora de cargos verdes de este partido, Ana Álvarez, ha declarado que “no pueden ser casos aislados” y por ello considera que “es de justicia que se examine desde lo global y no solamente desde lo local”.