La empresa Ercros ocultó durante años que había contaminado con tóxicos un acuífero en Huelva

El grupo Ercros ocultó durante años que su planta industrial a orillas del río Odiel en Huelva había contaminado las aguas subterráneas bajo sus suelos. Los responsables de la planta eran conscientes de las filtraciones tóxicas al acuífero, pero no informaron a la “administración hidráulica competente”, en este caso la Junta de Andalucía, según los documentos internos de la empresa a los que ha tenido acceso eldiario.es.

Los correos electrónicos entre encargados y los informes internos que ha consultado este diario mediante el buzón de filtraciones Filtrala.org que comparte con los medios La Marea, Diagonal y Mongolia, dan cuenta de cómo se sabía que el agua subterránea contenía contaminantes altamente tóxicos “organoclorados” y de que “de todo esto no se ha informado nunca a la Administración”.

Es decir, la empresa había comenzado a analizar el suelo del centro en 2007. Ese análisis de suelos había revelado que el terreno había filtrado los tóxicos al acuífero y se había mantenido en secreto. La frase del informe de Situación de suelos en el centro de Palos. Febrero 2011 es: “La conclusión es que tenemos cuatro zonas con aguas subterráneas contaminadas”.

El análisis se refiere a los “seguimientos analíticos desde agosto de 2007 hasta octubre de 2010” encargados a la empresa Geocisa (del grupo ACS). Ercros ha contestado a eldiario.es que “la empresa interpretó que no se tenía la obligación de informar hasta haber valorado esa contaminación y sus riesgos”. Esa valoración se fue hasta 2013: “Es en ese momento y no antes cuando disponiendo del suficiente conocimiento del grado de contaminación (…) y de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 9/2005 Ercros entrega la documentación”. Es decir, años después.

Ese Real Decreto sobre estándares para la declaración de suelos contaminados dice que, si al analizar los suelos, “se derivan evidencia o indicios de contaminación de las aguas subterráneas como consecuencia de la contaminación de un suelo, tal circunstancia será notificada a la administración hidráulica competente”.

De hecho, el mismo informe interno explicita que “en estos momentos estamos incumpliendo: el artículo 5 del RD ya que somos conocedores de una contaminación del acuífero y no hemos informado”. Ercros contesta que “esa fue la interpretación sesgada y restrictiva de un técnico. No había que informar hasta valorar los riesgos”. Y remata: “Hay que dejar claro que hemos cumplido la ley”.

Red de control sin declarar

El celo por mantener sus análisis –y una eventual contaminación subterránea– fuera del alcance de Medio Ambiente viene ilustrado por un episodio de vertido de ácido clorhídrico que se dio en esas instalaciones en 2010. La empresa no lo notificó al considerarlo “menor”.

Pero los representantes de los trabajadores sí dieron parte. Como consecuencia, la Consejería envió a sus técnicos a investigar y, más allá de la cantidad de ácido, descubrieron que la planta tenía medidores de agua (piezómetros) que sirven para llevar a cabo análisis. “A continuación se reciben dos requerimientos en los que se nos pide que se les informe de la situación y el perfil de todos los piezómetros existentes en la fábrica”, explica el informe de la empresa.

Sin embargo, Ercros no se dio por concernida y mantuvo oculta la mayoría de su red de control. “Solo se le informa de la situación y perfil de cuatro de ellos”. Tanto es así que entre los incumplimientos que se reconocen en 2011 se incluye que no se ha cumplido “el requerimiento en el que nos pide que informemos de ‘todos’ los piezómetros y solamente hemos informado de cuatro”. En 2015, Ercros admite que no se informó de todos y se excusa en que “entendimos que únicamente se nos pidieron los de la zona afectada por el ácido clorhídrico”. Si hubieran dado toda esa información, podría haberse sabido que el acuífero se había contaminado desde los suelos de la fábrica, ya que habían comenzado los trabajos de análisis.

Lo que revela este episodio es que la fábrica tenía una red de medición creada, al menos desde 2007 –que estaba indicando aguas contaminadas- que mantenía fuera del conocimiento de la Administración. Para sortear este escollo, en 2011, Ercros se adhirió a un estudio de recuperación de suelos contaminados financiado por la Unión Europa y que había recaído técnicamente en la empresa que tenían contratada para analizar sus terrenos: Geocisa.

El proyecto UPSOIL implicaba la realización de análisis de situación de los terrenos donde se quería estudiar la eficacia del método de descontaminación así que “aprovechando que se van a comenzar los trabajos de campo”, dice una propuesta interna elaborada entonces por Ercros, podría justificarse la creación de una red de medidores que podrían decir que el agua estaba contaminada.

Según un documento de propuesta de Pasos a seguir con la administración andaluza remitido al jefe de Servicio de la fábrica en marzo de 2011, se dice que es preciso pedir a Geocisa que retrase “como mínimo una semana” los sondeos, dar tiempo para hacer una explicación oficial a la Junta de Andalucía del proyecto y mantener la ficción de que no existían medidores en la planta química: “Recordemos que no podemos decir que ya existen piezómetros”. Así, el 25 de marzo de aquel año, Ercros envió una carta a Medio Ambiente para corroborar que se incorporan en ese proyecto. “Ercros acepta colaborar aportando el terreno y autorizando los trabajos que necesiten, sin ningún coste”, escribieron a la delegación provincial de Huelva.

De esta manera, la red de piezómetros de medición en la fábrica quedó justificada. De un total de 34 medidores, la empresa da cuenta oficial a Medio Ambiente de 13 y mantiene otros 21 bajo su control exclusivo. En un correo electrónico de 4 de marzo de 2015, el jefe de Servicios de la planta recuerda a la central de Ercros “no sé si sabes que disponemos de dos informes iniciales referidos a, llamemos, dos redes de piezómetros. La oficial que es la que entregamos a la Consejería de Medio Ambiente sobre 13 puntos y el resto que analizamos pero no entregamos ni existen”. La oficial es la utilizada para la “renovación de la Autorización Ambiental Integrada” que dispensa el Gobierno autonómico.

“Riesgo aceptable para la salud”

Fuentes de la empresa insisten en que la red interna la instalaron “sin ánimo de ocultar” y para avisar con antelación de “una posible afectación de las aguas subterráneas y podamos detectarla lo más rápidamente posible” para evitar que llegue a la “red periférica”, la que aparece como “oficial”. A noviembre de 2015, la empresa asegura que “la contaminación está en regresión”. Según su criterio, el análisis de riesgos que ellos elaboran indica que “el riesgo es aceptable para los trabajadores y para los hipotéticos usuarios de la ría Odiel” así como que la contaminación del acuífero “no afecta a la calidad de las aguas del río”.

El coportavoz nacional de Equo, Juan López de Uralde, tras conocer esta situación ha subrayado este jueves que “los delitos medioambientales en España parece que gozan de impunidad” para luego añadir que “hasta ahora ningún gobierno se ha tomado esto en serio, e incluso se han estado saltando la normativa para favorecer a empresas contaminantes y destructoras del medio ambiente”. Equo ha pedido a la Junta de Andalucía que actúe “con contundencia” al analizar que la empresa se ha saltado “el principio de prudencia”.