Hablar de la pandemia de coronavirus en España es hacerlo del impacto que tuvo la COVID-19 en las residencias de mayores durante la primera oleada. El Gobierno ha cifrado en algo más de 20.000 las persona fallecidas en estos centros, lo que supone un porcentaje importante del total de muertes. Ahora que la segunda oleada ha vuelto a poner en el foco a estos lugares, un reciente informe, publicado por el Instituto de Política y Bienes Públicos del CSIC, analiza la gestión de las residencias, las dificultades a las que se enfrentaron y las lecciones aprendidas para este nuevo incremento de contagios.
El proyecto comparará 15 países europeos para analizar cómo ha afectado la pandemia a las residencias de mayores, aunque de momento solo está disponible la versión del caso español. El investigador del CSIC y coautor del informe, Francisco Javier Moreno, adelanta a elDiario.es que “lo que ha pasado aquí es muy parecido a lo que ha pasado en todos los demás países europeos”.
El investigador considera importante tener en cuenta ese contexto. “No nos exime de responsabilidad, pero la autoflagelación tampoco conduce a nada cuando a todos nos ha pillado desprevenidos, tanto la pandemia como su impacto en un colectivo muy vulnerable que además está agrupado en espacios de alta densidad”. La sensación inicial, en todos los países analizados, era de “incredulidad”.
“No era inevitable que ocurriera, pero es lógico que lo haya hecho. Otra cosa es cómo hemos respondido”. Aquí empieza el análisis de Moreno, basado en 25 entrevistas a responsables de residencias y de gestión de servicios sociales y sanidad. Su objetivo: “Ver qué se puede hacer mejor y sacar lecciones para que no vuelva a ocurrir”. En este sentido, el informe interno de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales adelantado por El País esta semana llega a conclusiones similares tras analizar un conjunto de 30 factores que contribuyeron a lo que se define como una “tormenta perfecta”.
“Si hay un mensaje optimista es que hemos aprendido mucho”, dice el investigador. “Algunas cosas empezaron mal pero al final ya se respondía mejor”. Todo esto en un sector con grandes fallos estructurales que requieren medidas a medio y largo plazo: “El problema de fondo es de recursos y financiación”. Aun así, Moreno destaca buenas prácticas, “más inmediatas”, que ya se pueden implementar e incluso imitar de otras Comunidades Autónomas.
“Nada es gratis, pero hay prácticas que han sido muy útiles, no son tan complicadas ni implican costes muy elevados, pero permitieron responder de forma muy eficaz y fueron clave para frenar la expansión de la pandemia entre los residentes de estos centros”. Puestos a invertir recursos, dice Moreno, “conviene enfatizar” estas estrategias.
Lección 1: conectar el mundo sanitario y el de los cuidados
Moreno apunta al primer fallo como el más grave. Se refiere a la “desconexión” entre el sistema sanitario y el de cuidados. “No quiere decir que no se hablaran, pero en la práctica los centros de Atención Primaria están desbordados y suelen delegar el seguimiento de los pacientes de las residencias a los médicos que trabajan en ellas”.
Esto hacía que “no fuera común” que los médicos de Primaria visitaran a los mayores de los centros, pero no provocó “excesivos problemas” durante la calma. Y entonces llegó la COVID-19. “Al empezar la pandemia se mostró que esto es insuficiente y que hace falta una implicación del sistema sanitario mucho mayor, empezando por los centros de Atención Primaria”, defiende Moreno.
Cuando las Comunidades Autónomas intervinieron las residencias con casos de coronavirus, “se nombró a una persona que hiciera de vínculo entre el sistema sanitario y la residencia”. En general, enfermeros de los centros de salud de la zona. “Pasaban buena parte de su jornada laboral en la residencia y su presencia facilitó la articulación entre sistemas”. Moreno asegura que los directores de estos centros “querrían que esta mejor conexión se mantuviera más allá de la pandemia”.
Lección 2: no discriminar pacientes por su origen
Son bien conocidos los casos en los que se negó la derivación de residentes hacia hospitales. “Sabemos que ha ocurrido, pero no se trata de demonizar ni plantear la judicialización, porque lo que ocurría era que en los hospitales no había camas”, dice Moreno. En ese contexto, los médicos deben tomar duras decisiones según la capacidad de supervivencia a una intervención en UCI. “Cuando hay recursos escasos los médicos tienen que priorizar, la clave es no discriminar por venir de una residencia sino por el estado de salud de la persona”.
“No se puede aceptar que el criterio de negación de acceso a la UCI fuera venir de una residencia, porque había personas viables por mucho que tuvieran COVID-19”, lamenta Moreno. El investigador explica que la mejora en la coordinación entre el sistema sanitario y social “evitó” estas situaciones de discriminación “y se empezó a avanzar a un sistema mucho más centrado en la evaluación individual de los pacientes”.
Lección 3: aislamiento radical
La infraestructura de cada residencia “facilitó o dificultó” el necesario “aislamiento radical” de los pacientes contagiados y sospechosos. “Algunas residencias tenían varias plantas, otras incluso tenían espacios autónomos como apartamentos, con más margen para la separación”, comenta Moreno.
Lo fundamental es, según el experto, “que cuando surja un caso, sospechoso o confirmado, se saque a esa persona de la residencia” para que otros residentes vulnerables no enfermen. “Aislarlas internamente es buena opción, pero sacarlas es mucho mejor”.
Aquí el informe muestra distintas prácticas entre Comunidades Autónomas. “[La separación] depende de los recursos disponibles, pero vale la pena [invertirlos] si así se frena la expansión de la infección en la residencia, y se pueden llegar a inventar donde no existan”.
Moreno cita ejemplos como Asturias y Aragón, donde se usaron infraestructuras vacías como espacios intermedios para llevar a los infectados. Por ejemplo, “residencias que no estaban en funcionamiento”. En caso de necesidad, sugiere también el uso de hoteles medicalizados.
Este aislamiento es mucho más complicado de lo que parece en personas que no son plenamente autónomas: “Aunque cerremos las residencias van a tener que interactuar, porque tienen que venir cuidadores a darles de comer”. A todo esto hay que añadir el impacto de obligar a que los mayores se encierren en su cuarto, cuyas consecuencias cognitivas y físicas están todavía están por explorar.
Lección 4: test, test, test
Confirmar los casos de COVID-19 es siempre buena idea, también en las residencias de mayores. “Todo mejoró mucho cuando aumentó la capacidad de hacer test”, asegura Moreno. Del dicho al hecho, por desgracia, hay un trecho.
“Necesitamos hacer test periódicamente a todos los residentes, pero también a los trabajadores”, comenta. “La capacidad diagnóstica sigue tensionada y no es suficiente. En muchos casos, hasta ahora, se limitan a empleados que, por ejemplo, vuelven de vacaciones.
Lección 5: contratar más personal para crear grupos burbuja
La precariedad de los profesionales que trabajan en las residencias es otro factor estructural que, sin embargo, admite cierto margen de maniobra en el corto plazo. Plantillas muy ajustadas, contratos, salarios, carga de trabajo… “Todo estaba ya tensionado y con la pandemia explotó”, explica Moreno. Así empezaron las bajas entre empleados infectados, de riesgo o con miedo a contagiarse.
En medio de esta tensión, el informe de Moreno detecta otra buena práctica: crear grupos de trabajo que interactúen solo con un conjunto de residentes. En otras palabras, segmentar también a los trabajadores en una estrategia similar a la que siguen hoy algunos colegios. “Así, si alguno se contagia, el potencial grupo de infectados está acotado”.
El problema es que esto requiere una plantilla lo suficientemente grande para atender a los residentes de esta forma. “Conseguir personal fue una pesadilla, cuando los incentivos laborales y salariales no eran buenos”, asegura Moreno, que considera una “paradoja” que esto suceda en un país “con tasas de paro brutales” incluso “en personas formadas en gerontología y cuidados de mayores”.
¿La solución? Moreno explica que los gobiernos autónomos optaron por “poner a disposición de las residencias sus propias listas de personal y bolsas de trabajo”, que aprovecharon para suplir las bajas.
Lección 6: Un trabajo poco valorado
Moreno apunta a un sentimiento generalizado en su informe: “Los trabajadores de las residencias comentaban de forma explícita que su trabajo no era valorado adecuadamente, que se sentían estigmatizados”. Criticaban así las acusaciones de no cuidar adecuadamente a los mayores o incluso de maltratarlos.
“Sentían que se les señalaba con el dedo cuando la mayoría se desvivía por estas personas, trabajaba muy por encima de los horarios laborales y eran su única conexión con el resto del mundo”, añade. “Decían que eran los únicos que estaban dándoles la mano y acariciándoles en sus últimos momentos, pero al mismo tiempo se les atacaba”. Por eso, Moreno cree necesaria una “reflexión” sobre “cómo valoramos a estos profesionales que también han hecho frente a la pandemia”, aunque no estuvieran en nuestras mentes durante los aplausos.
De forma similar, el informe señala que la falta de conexión entre el sistema sanitario y social es debida a obstáculos muy grandes entre ambos mundos. “Tienen visiones diferentes, se prioriza más la parte sanitaria y se tolera más el sufrimiento en la parte social, cuyos profesionales sienten que los médicos no les respetan lo suficiente”, aclara Moreno. La solución, en su opinión, es “asumir que cada uno tiene su papel y ambos son importantes y necesitan presupuesto”.
Residencias vs. atención domiciliaria: el caso escandinavo
A falta del informe definitivo que compare la gestión entre países, Moreno adelanta que “casi la mitad de fallecidos por COVID-19” lo hicieron en residencias. No solo en España, sino también en Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica e Italia, entre otros.
El investigador considera que hay elementos estructurales que pueden tener un papel clave en esta situación generalizada en residencias. “En los países escandinavos buena parte del cuidado se hace a domicilio, donde las personas siguen viviendo aunque sean dependientes”. Asegura que, a partir de los años 90, se fue desmontando el sistema de residencias establecido en los 60. En casos extremos, “se transfiere a la persona a domicilios adaptados en los que mantienen la mayor autonomía posible”.
Esta situación difiere de las grandes residencias con gran cantidad de mayores juntos que, en España, “llegan tras agotar sus años de autonomía y requieren muchísimo más personal”. Este grupo “de edad muy avanzada, nivel de dependencia muy elevado, con múltiples enfermedades crónicas y comorbilidades” es “muy vulnerable” a la COVID-19.
¿Preparados para el siguiente golpe?
Mientras los casos de covid-19 aumentan en toda Europa, ¿qué pasará en las residencias este invierno? “Yo creo que el impacto va a ser mucho menor”, dice Moreno, que confía en que no se vuelvan a repetir situaciones dramáticas. “Habrá contagios, ya los hay, pero se ha aprendido a no infravalorar el riesgo de la pandemia”.
Además, Moreno cree que las Comunidades Autónomas prestarán más atención a este sector. “En la primera oleada hubo la sensación de que había que priorizar los hospitales y las residencias se dejaban de lado”, dice, y pone en duda que esto vuelva a pasar “en la mayoría” de regiones. “Son conscientes de que la concentración de vulnerabilidad era mayor y que tenían que intervenir”.
“La implicación entre servicios sociales y sanitarios también va a ser más intensa, porque no ha dejado de serlo durante el período intermedio y ahora está más engrasado para la segunda oleada”. Esto, sin contar la “mayor capacidad de hacer test” y “los mecanismos para suplir trabajadores”.
“Eso no quiere decir que no haya que estar atento y aplicar lo aprendido”, advierte. “Algunas Comunidades Autónomas podrían aprender de otras, pero si hacemos todo esto cuando surja un brote seremos capaces de frenarlo”.