Una mezcla de recortes, falta de planificación y precariedad laboral ha creado una situación paradójica en España. Hay escasez de médicos especialistas para completar determinados servicios sanitarios al mismo tiempo que, cada año, sale un gran volumen de graduados en medicina –fruto de la multiplicación de facultades universitarias– que no pueden convertirse en especialistas: el sistema de formación no da abasto para cubrir los huecos que han ido creando las desinversiones acumuladas.
Este sábado, 15.475 graduados en medicina buscan una plaza de médico interno residente (MIR) para formarse como especialistas. Un examen global de la carrera de medicina. Hay 6.797 puestos en juego, según la nota que se alcance en la prueba. Hace una semana, el Ministerio de Sanidad calculó que en España hacen falta 4.000 especialistas más, según el análisis que presentó a las comunidades autónomas.
La escasez en determinadas disciplinas se ha ido acumulando y no puede solventarse de la noche a la mañana. Un especialista tarda en formarse, de media, 11 años desde que ingresa en la facultad hasta que sale preparado.
Ante la previsión de las futuras necesidades, la apuesta oficial se centró en autorizar centros universitarios para acomodar la demanda de estudiantes. Cuando llegó la época de recortes presupuestarios, el sistema MIR de especialización se resintió y perdió oferta. La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, admitió hace unos días en RNE que “no hay magia”. “No podemos decir echamos unos polvitos y aparecen plazas de formación de especialistas”, aseguró. Y recordó que, según su criterio, se ha llegado a esta situación por cierta “falta de previsión” de las administraciones. Muchos graduados, menos especialistas.
Este curso crecen las plazas un 6%. “Pero no ha habido un estudio de necesidades sobre qué disciplinas son las que hay que potenciar. La última vez que se hizo fue en 2011. Sin ese estudio, no puede haber buena planificación”, explica el secretario de estudios de la Federación de Sanidad de CCOO, Pablo Caballero. Este sindicato analiza de manera pormenorizada cada año la oferta MIR. Y repite el diagnóstico: “No se está cuantificando la necesidad de plazas de formación tratando de garantizar la asistencia sanitaria en el futuro”.
La ley de profesiones sanitarias indica quién es el responsable de llevar a cabo esta labor: “El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad determinará las necesidades de especialistas del sistema sanitario en base a indicadores objetivos y criterios de planificación que garanticen la equidad y eficiencia del sistema de formación sanitaria especializada”. La oferta se tiene que coordinar con las comunidades autónomas, que son las que gestionan los hospitales donde se incrustan los residentes.
Ahora Sanidad ha explicado que las carencias se centran en medicina familiar y comunitaria y pediatría para Atención Primaria, seguidos por anestesia y reanimación, radiodiagnóstico y urología. También repara en que no todo es cuestión de números a la hora de explicar por qué no encuentran profesionales para las plantillas: la precariedad a base de plazas poco atractivas y contratos temporales también influye. Unas causas que vienen repitiendo los sanitarios desde hace tiempo.
La situación es que las plazas que se ofertan este 2019 –de las que salen los futuros especialistas de los hospitales– son menos que las que aparecieron en 2011. Hace ocho años la lista era de 6.881 puestos. En 2014, habían caído a 6.149, un 10,6% menos. Los recortes en los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas presentan una correlación con la caída en la oferta. Tanto por la reducción en las partidas en formación como por los gastos que un MIR conlleva en remuneraciones y especialistas que los supervisen.
No es una sorpresa
El declive en el número de profesionales sanitarios no ha llegado de sopetón. Ya en 2008, la Comunidad de Madrid anunciaba que necesitaría unos 2.500 facultativos en 10 años. Y que el 53% de las jubilaciones se darían en medicina de familia. Sin embargo, optó por multiplicar el número de facultades de medicina. Animó a cuatro universidades a que montasen sus centros: una pública (la Rey Juan Carlos) y tres privadas. El Gobierno central en principio solo quería autorizar la de la Rey Juan Carlos. Terminó por ceder.
Esa tendencia se expandió por España. La demanda de los estudiantes hizo que otras tres comunidades autónomas (Catalunya, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia) promovieran facultades para médicos. De los nueve nuevos centros, seis fueron iniciativas privadas (hasta entonces solo había dos facultades privadas de medicina: la de Navarra y el Ceu de Madrid). La Organización Médica Colegial advirtió entonces que, antes de ampliar las plazas de manera acelerada, debían analizarse las necesidades.
Para 2014 España era ya el segundo país del mundo en número de facultades de medicina por habitantes. Había pasado de 28 a 41 (actualmente son 42). Justo ese 2014, las plazas de MIR ofertadas tocaban fondo. La proporción está en 0,95 facultades por millón de ciudadanos. La Organización Mundial de la Salud considera óptimo 0,5 por millón. A la luz de los datos actuales, esa estrategia para garantizar las plantillas sanitarias se ha rebelado fallida. Precisamente la especialidad de medicina de familia ha padecido una pérdida acumulada de mil plazas de MIR en la última década.
La saturación de facultades ha terminado por derivar en que 4.000 graduados no obtuvieran plaza en la convocatoria de 2018. “El MIR no es una salida más. Es prácticamente la única salida”, cuentan en el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Esta fase educativa es obligatoria para ejercer de manera general en España. Los estudiantes consideran que esta proliferación de centros, además, pone en riesgo la calidad de la enseñanza: “Compartir infraestructuras entre varias facultades como son los hospitales universitarios y los centros de salud, necesarios para la realización de prácticas clínicas conlleva más estudiantes por tutor de prácticas, saturación de consultas y más trabajo para el profesional, en detrimento tanto de la formación de los estudiantes como de la calidad asistencial”.
Pablo Caballero entiende que ha sido incorrecto crear toda esta batería de facultades “más bien con un criterio económico, sobre todo en las universidades privadas”. Había alta demanda para estudiar medicina. Los estudiantes del CEEM coinciden en que se ha respondido más “a intereses económicos o políticos, no justificados por una demanda real de profesionales ni a criterios académicos ni sanitarios”.