El Escorial considera la exhumación en el Valle de los Caídos como obra mayor y puede tardar meses en autorizarla

En este momento, la entrada a la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para que los obreros y técnicos especializados comiencen los trabajos necesarios para abrir las criptas depende de un papel del ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (18.000 habitantes).

Están a la espera 62 familias a las que se les ha reconocido el derecho de exhumación pero ninguna sabe a ciencia cierta si los restos de sus familiares podrán ser recobrados o no, todo depende del estado de las criptas, que es diferente para cada una de ellas, y de la caja que los contenga. En muchos casos, los restos de diferentes personas se han mezclado debido al deterioro de los columbarios.

La pelota está en el tejado del Gobierno municipal de San Lorenzo de El Escorial, un consistorio madrileño que ha cambiado de color en las últimas elecciones y en el que gobierna el PP en coalición con Ciudadanos y gracias al apoyo de Vox. Según un comunicado remitido por este ayuntamiento, la intervención que les ha solicitado Patrimonio Nacional es de obra mayor. Esto quiere decir que el trámite no es el mismo que cuando se pidió el mismo tipo de autorización urbanística para abrir el suelo de la basílica y proceder a la exhumación del cuerpo del dictador Francisco Franco, que fue considerada obra menor.

El Gobierno, que ha presentado la solicitud después de que el Consejo de Ministros aprobase el pasado 30 de marzo el decreto que regula la concesión de una subvención de 665.000 euros para la financiación de estos trabajos, no espera retrasos en este último escollo legal: “Nosotros deseamos que nos la puedan dar cuanto antes [la licencia] porque estimamos que se han preparado bien todos los requisitos”, ha expresado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, en declaraciones a este diario. No obstante, el trámite no es tan sencillo como el que se solicitó en 2019 y que tres jueces intentaron suspender.

En esta ocasión, al tratarse de una intervención en la que se tocan estructuras, que pueden ser un peligro para la seguridad del edificio y de los trabajadores, requiere de un proyecto técnico, según los expertos consultados por este periódico, que entienden que la entrada a las criptas es un trabajo de complejidad. En su comunicado, el Ayuntamiento indica que el proceso a seguir será el siguiente: primero, el estudio y realización de informe técnico del arquitecto municipal, que en este caso tampoco es la misma persona que realizó el de la exhumación de Franco (Luis Martín Gamero, fallecido en agosto de 2020), sino Antonio Rosado, que anteriormente cumplía las funciones de aparejador municipal.

Una vez realizado este informe, que necesariamente será complejo, como el propio proyecto de intervención, deberá remitirse a la Comisión Local de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid (un instrumento de colaboración de la Comunidad Autónoma con el municipio donde se establecen los criterios para la intervención en los inmuebles de los Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés Cultural), que elaborará un dictamen. Cuando esté, y si es positivo, se trasladará a la Junta de Gobierno Local para su aprobación. Este es el procedimiento reglado según marca la Ley de Ordenación de la Edificación en España, las normativas de edificación de la Comunidad de Madrid y las propias normas municipales. Cuando se hayan efectuado los informes jurídicos y arquitectónicos necesarios para tomar una decisión, el Ayuntamiento dispone de un plazo máximo de tres meses para emitir su respuesta. Debido al colapso administrativo, algunos ayuntamientos superan ese plazo, lo cual no incurre en silencio administrativo positivo. Si no contestan, hay que seguir esperando.

Según las fuentes consultadas, con informes técnicos a favor, la Junta de Gobierno no debería tomar una decisión política contraria, aunque lo puede hacer. “Igual de grave sería tomar una decisión urbanística con informes desfavorables, que al contrario”, explican.

Una de las argucias de la Fundación Francisco Franco, que no prosperó, para intentar paralizar la exhumación del dictador fue la de elaborar un informe técnico contrario a la calificación de aquella intervención como obra menor, porque como obra mayor este trámite se vuelve más lento y laborioso. El asunto llegó entonces incluso a los tribunales, donde el magistrado José Yusty Bastarreche, conocido por sus críticas a la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, ordenó paralizar el informe por el que el Ayuntamiento de San Lorenzo daba el visto bueno a las obras para sacar el cadáver del dictador.