En España se aborta sobre todo en el quirófano, pero crecen las interrupciones con fármacos

Pocas veces el aborto ha estado tanto en la agenda como en las últimas semanas. La reforma de la ley de 2010, que pretende garantizarlo en los centros públicos, inició su trámite hace un mes y, aunque aún le queda un largo camino por delante, ya ha abierto debates que habían pasado desapercibidos. Aun así, el estigma y el silencio que lo rodea siguen apuntalando el desconocimiento sobre un derecho que en 2020, el año de la pandemia, ejercieron 88.269 mujeres. De hecho, apenas se habla de cómo se aborta, con qué métodos médicos se hace o cuáles se emplean más en España.

Existen dos procedimientos principales a la hora de realizar un aborto: el instrumental o quirúrgico y el farmacológico. Ambos son igual de seguros y eficaces, pero el primero es una intervención que lleva a cabo un equipo profesional y para el segundo se utilizan solo medicamentos. Y, aunque no hay consenso sobre si el farmacológico puede alargarse algunas semanas más, los dos coexisten para abortos, en general, hasta la semana 9 de gestación, que son la inmensa mayoría. Cuando se interrumpe el embarazo por causas médicas, en un 10% de los casos, entran siempre en juego técnicas instrumentales, que son procesos más complejos y más largos.

En general, según los datos oficiales, se recurre más al método instrumental con diferencia, mientras que el farmacológico es una minoría, aunque ha ido creciendo progresivamente en los últimos años. En 2011, el primer año completo de aplicación de la ley, el 90% de los abortos fueron quirúrgicos, una cifra que ha bajado al 76% en 2020. Aun así, hay interrupciones que no están calificadas en los informes del Ministerio de Sanidad en ninguna de las dos categorías y aparecen en “otros”. Fueron en 2019 y 2020 una cantidad no desdeñable y la inmensa mayoría se corresponden con abortos farmacológicos de Catalunya, tal y como consta en el informe de Salut de la Generalitat.

El reparto, sin embargo, es muy distinto en función de la titularidad de los centros en los que se practican los abortos. En las clínicas privadas, con las que la Administración concierta el 85% de las intervenciones en un modelo que la reforma del aborto quiere revertir, la mayoría de ellas se hacen de forma instrumental. Y al contrario ocurre en los pocos de titularidad pública que hacen abortos. De hecho, se ha producido en los últimos años un doble fenómeno: a medida que las clínicas han ido haciendo menos intervenciones y los centros públicos han ido asumiendo más, mayor es el número de abortos farmacológicos que se llevan a cabo en España.

Los centros públicos asumen cada vez más abortos

Evolución anual de las interrupciones voluntarias del embarazo, según si fueron con el método farmacológico, instrumental o otros, en centros públicos y privados

Fuente: Ministerio de Sanidad

No obstante, las cifras son una aproximación porque es prácticamente imposible con la información pública disponible saber exactamente cuántos abortos corresponden a cada método. “Los sistemas de vigilancia e información institucionales sobre el aborto son totalmente deficitarios y presentan los datos de forma confusa, incompleta y descontextualizada”, denuncia Silvia Aldavert, coordinadora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Catalunya. Por su parte, la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) hizo en 2019 una propuesta a Sanidad para mejorar la recogida y clasificación de datos, que lleva haciéndose igual desde hace 12 años, pero no obtuvo respuesta.

Las diferencias entre los métodos

Pero, ¿en qué consiste cada método? El quirúrgico se suele realizar en quirófanos, aunque no es una cirugía. Se trata de una intervención con anestesia local o sedación y en la que el personal médico utiliza dilatadores y cánulas para dilatar y aspirar. Para el farmacológico se emplea una combinación de dos medicamentos. La mifepristona, que detiene la continuación de la gestación y que en España está prohibido que salga de los centros sanitarios; y el misoprostol, que se tomará la mujer 48 horas después. El proceso suele durar entre dos y cuatro horas, se suele llevar a cabo en el domicilio y se acompaña de una pauta analgésica.

A lo que apuntan todas las voces consultadas para este reportaje es que lo importante es que la mujer tenga la capacidad de elegir el método que mejor se adapta a sus circunstancias, algo que se estipula en la ley y recomienda la OMS. “Ambos tienen ventajas e inconvenientes. El instrumental es inmediato, hay sangrado posterior pero es menor que en el farmacológico y, aunque suelen ser muy infrecuentes, hay alguna posibilidad más de complicaciones. El farmacológico provoca más dolor y sangrado y hace falta un control posterior para corroborar que ha habido expulsión, algo que no ocurre en el 5% de los casos”, resume Abel Renuncio, ginecólogo del Hospital de Burgos, que desde enero practica abortos farmacológicos.

Precisamente esta pasada semana ACAI presentaba un estudio reeditado de 2014 que pregunta a 1.536 mujeres que han abortado en las clínicas qué método prefieren: los resultados apuntan a que más de ocho de cada diez eligen el instrumental. Y las razones que esgrimen son la rapidez, la seguridad o evitar el dolor. Las que optan por el farmacológico suelen hacerlo por “miedo” al otro método. La asociación insiste en que la clave es que la mujer pueda elegir, pero en su opinión, la sanidad pública “no está preparada” para ello y denuncia que las instituciones públicas “están fomentando el aborto farmacológico, mermando la calidad del servicio”, en palabras de Eva Rodríguez, vicepresidenta de ACAI.

A más centros públicos, más farmacológico

Lo que está ocurriendo es que algunas comunidades, como Catalunya o Baleares, han empezado a asumir los abortos en la sanidad pública a través de los centros de salud, pero solo los que se llevan a cabo con pastillas, mientras que siguen derivando a las clínicas los instrumentales. Un caso extremo que no ocurre en ningún otro sitio, sin embargo, es el de Baleares, según ACAI, que denuncia que “la sanidad pública solo cubre los abortos farmacológicos”, de forma que si una mujer requiere el quirúrgico “debe pagárselo”.

A esto se suman cada vez más hospitales que apuestan por incorporar a sus servicios la práctica. Una experiencia reciente es la del Hospital de Burgos, que desde el pasado enero realiza los abortos farmacológicos gracias al empeño del servicio de ginecología con la vista puesta en que “a corto o medio plazo” el centro asuma también los instrumentales.

Abel Renuncio reconoce que esta última posibilidad es la ideal, pero considera que el hospital ha dado “un primer paso” de cara a garantizar el aborto en la sanidad pública. “Lo entiendo como acercar o facilitar el acceso a muchas mujeres”, apunta. El ginecólogo pone el foco en que antes todas las mujeres de Burgos, eligieran farmacológico o instrumental, eran derivadas a Valladolid a una clínica concertada. Es algo que tienen que atravesar miles de mujeres cada año que viven en provincias en las que no hay centros privados para concertar el servicio ni tampoco la pública lo asume.

“Lo que no podemos es sacrificar la calidad asistencial y la elección del método por garantizar la accesibilidad”, opina por su parte Aldavert, de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos. Catalunya es la comunidad que más abortos farmacológicos practica porque son accesibles en los centros de salud, pero, si la mujer elige quirúrgico, debe hacerlo en una clínica concertada. En Lleida, por ejemplo, se logró que la sanidad pública llevara a cabo los farmacológicos, pero quienes los rechacen deben viajar a Barcelona. “Al final hay una vulneración del derecho a elegir porque está sesgado, no hay el mismo acceso territorial”, cree la experta.

Los abortos, por tipo, en cada comunidad autónoma

Número de interrupciones voluntarias del embarazo, según si fueron con el método instrumental o farmacológico u otro, en centros públicos y privados de cada comunidad autónoma

*No se muestran las cifras de Canarias ni Castilla y León por incorrecciones en los datos
Fuente: Ministerio de Sanidad

A ello le suman desde ACAI la literalidad de la reforma de la ley del aborto que tramita el Gobierno, y que quiere garantizar la accesibilidad y poner fin a los desplazamientos de mujeres para ejercer su derecho. Pero desde la asociación de clínicas denuncian que la libre elección del método “puede quedar menoscabada” porque el texto es “ambiguo”, ya que especifica que los centros ofrecerán el método farmacológico y/o quirúrgico.

En la práctica, esto puede implicar que haya servicios en los que se dispense uno y otros en los que se lleve a cabo el otro, una posibilidad que, lejos de ser la ideal, sí “es abrir una puerta”, para Renuncio. “Es más importante que se dé un servicio de calidad, con información objetiva y acompañamiento”, dice el ginecólogo, para el que generalizar el aborto farmacológico no es un problema y ve “llamativo” que si ambas técnicas son igual de eficaces los datos entre quirúrgicos y farmacológicos sean tan dispares. “Si el farmacológico implica que puedan hacerlo de forma cercana a su domicilio, y no como ahora, que muchas se tienen que desplazar, creo que en el fondo humaniza y normaliza este derecho y le quita toda esa carga de estigma y excepcionalidad”, añade.

La Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos aplaude iniciativas como la del Hospital de Burgos, y más aún si incluyen protocolos de acompañamiento como el del centro castellanoleonés, que inicia con cada mujer que aborta un programa de anticoncepción y seguimiento –siempre que lo desee–. Sin embargo, lo que teme Aldavert más allá de casos concretos es que el camino que tome España para garantizar el aborto en centros públicos sea “imponer” el aborto farmacológico en detrimento del quirúrgico, solo por una cuestión de que el primero “es más barato, distancia al personal sanitario del proceso, requiere menos formación y práctica y genera menos inconvenientes profesionales y éticos”.

De fondo, lo que hay es un problema con la objeción de conciencia, algo a lo que se agarran hospitales enteros y comunidades autónomas para no asumir los abortos en la pública a pesar de que la ley establece “que no debe estar por encima del derecho al aborto”, resumen desde el Movimiento Feminista de Salamanca, que reclama formación de los profesionales en ambas técnicas y la regulación de la objeción para que la sanidad pública no pueda seguir mirando para otro lado.

Gráficos elaborados por Victòria Oliveres y Ana Ordaz