A España se le acaba el tiempo de gracia para evitar ser llevada a los tribunales europeos por no cumplir la ley y mantener niveles de contaminación del aire por encima de lo permitido. La Comisión Europea ha avisado al Gobierno este miércoles por escrito de que la paciencia y la prórroga concedidas hace siete meses se agotan: “Parece que las medidas anunciadas y tomadas no son suficientes”.
Bruselas abrió expediente a España en junio de 2015 por el exceso de dióxido de nitrógeno en Madrid y Barcelona. En febrero de 2017 lanzaron un ultimátum antes de llevar el caso a la justicia por el “incumplimiento constante”. Pero las cosas de la Unión Europea van despacio y, en enero de 2018, el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, todavía mantenía advertencias: “A la vista del fracaso prolongado”. Exigía medidas “suficientes para alcanzar los objetivos sin ningún retraso”.
Había nueve estados implicados: Alemania, República checa, Francia, Italia, Hungría Rumanía, Eslovaquia, Reino Unido y España. En diciembre del año pasado, hace siete meses, España esquivó el expediente. La Comisión entendió que los planes presentados por el Gobierno, entre los que estaba el paquete de medidas de la ciudad de Madrid que incluía Madrid Central, podrían servir. Las actuaciones “en fase de preparación, podrían abordar adecuadamente las carencias” si se aplicaban “correctamente y en los plazos anunciados”, justificó el Ejecutivo comunitario.
Entre ese diciembre de 2018 y julio de 2019, llegaron algunas de las medidas anunciadas como la activación de la fase con multas para infractores de Madrid Central. Barcelona ha ido diseñando su plan de restricciones al tráfico con criterios ambientales que todavía está sin poner en marcha.
La zona de bajas emisiones metropolitana incluye casi toda Barcelona y ciudades colindantes como L'Hospitalet y Sant Adrià. La previsión es que arranque en 2020. Ahora solo se activaría en días de emergencia, pero no ha funcionado nunca. En el área de influencia de la ciudad catalana, en 2018 todavía dos estaciones de la red de medición arrojaron niveles de NO por encima de lo pertmitido: la de l'Eixample y la de Gràcia-Sant Gervasi (fueron tres menos que en 2017).
Pero la progresión es demasiado lenta. La situación “es grave”, analiza la CE. “De acuerdo con los informes, los niveles de dióxido de nitrógeno siguen siendo excesivos y vulneran los límites establecidos en la directiva de Calidad del Aire”, ha escrito Vella al Gobierno español. Además, tras las elecciones municipales del 26 de mayo, el nuevo Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez-Almeida (PP) sustentado por Ciudadanos y Vox, ha intentado dejar sin efecto la zona de bajas emisiones de Madrid Central. De hecho, Martínez-Almeida reiteró durante meses que eliminar esa medida sería su primer acto de gobierno.
Una vez en la Alcaldía, el Gobierno municipal de PP y Ciudadanos aprovechó algunos fallos en el sistema de sanciones para paralizar las multas por acceder a Madrid Central a pesar de que estaban resueltos antes, según constató un informe municipal de 24 de junio. Aun así, Martínez-Almedia mantuvo la moratoria hasta que un juez la ha levantado.
El alcalde popular se ha escudado en que esta zona de bajas emisiones aumenta la contaminación y que lo que se exige desde Bruselas son resultados no medidas concretas. Mientras su equipo piensa un plan para el aire (avanzó que apostaría por la renovación de caldeas de calefacción, el uso de la motocicleta, los aparcamientos disuasorios y la subvención para comprar coches eléctricos), la Comisión ha enviado esta carta exigiendo planes más radicales. Incluso el comisario de Clima, Miguel Arias Cañete (PP), dejó entrever que Bruselas vigilaba la deriva ambiental en Madrid.
“Necesitamos hacer más. No menos”, ha explicado la ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha pedido que se exploren nuevas medidas para cumplir con la ley y contener la polución del aire en España. Es decir, Europa ha recordado que los niveles de NO son demasiado altos y que lo realizado hasta ahora –que en un principio frenó la acción frente a los jueces– no es suficiente. Hay que ir más allá, ha instado la Comisión.
Coches y buques
¿Qué significa más? El coordinador de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, explica que debería estar relacionado con los principales contaminadores en cada sitio. “En Madrid no hay duda: a corto plazo y dado que el coche es el principal contaminante, las medidas pasan por mantener y extender Madrid Central y actuaciones similares en otras zonas de la ciudad, así como planes concretos en los alrededores de las estaciones más conflictivas, como plaza Elíptica y Escuelas Aguirre, siempre con el criterio común de reducir las emisiones, por tanto, limitando el uso del transporte con motores de explosión”.
En Barcelona, al tráfico rodado se le une un foco particular: el puerto. España es el país europeo más expuesto a la polución que provocan los grandes cruceros turísticos. Y Barcelona encabeza la lista con peores datos. Segura incide en que cabrían “limitaciones claras a la mala calidad de los combustibles de los barcos, como la creación de un Área de Emisiones Controladas (ECA) como la que ya existe en el Mar del Norte y el Báltico”. Los carburantes que usan los buques para desplazarse están menos refinados y sujetos a estándares de emisión menos estrictos que, por ejemplo, el transporte por carretera.