España tiene, desde este jueves, una ley de cambio climático para luchar contra el calentamiento de la Tierra y sus consecuencias. El Pleno del Congreso concluye el trámite parlamentario tras pasar el texto por el Senado. La mayoría de grupos han anunciado su apoyo. El PP avanzó la abstención y Vox el voto en contra. Todas las enmiendas introducidas en la Cámara alta han sido finalmente aprobadas para el texto final.
“Es una ley que el país necesita y que se había postergado demasiado tiempo. Hay amenazas y riesgos que no distinguen colores políticos, pero que sí se ceban en los más vulnerables: nuestra generación tiene la gran obligación de afrontar el cambio climático. No queremos dejar un modelo de crecimiento insostenible abocado al colapso”, ha afirmado la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el hemiciclo.
Una ley que actúa como una suerte de hoja de ruta que marca como objetivo principal la “descarbonización” de la economía española, es decir, que la actividad humana en 2050 emita solo los gases de efecto invernadero que puedan absorberse. Para conseguir esto marca unos hitos en cuanto a reducción de emisiones de CO2, incorporación de fuentes de energía renovables –sobre todo eólica y solar–, utilización de electricidad con origen limpio o eficiencia energética en hogares y edificios para que se reduzca la demanda.
“Se habla mucho de las discrepancias del Gobierno de coalición, pero no tanto cuando se trabaja codo con codo para sacar adelante una ley como esta”, ha resumido el portavoz de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde, durante la sesión que votaba las enmiendas del Senado. “Estoy de acuerdo en que llega tarde, pero llega cuando ha habido un Ejecutivo con voluntad política para sacarla adelante”, ha rematado.
El diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha resumido cierto sentir en la Cámara al expresar que “¿es la ley que haríamos? No. ¿Es suficientemente ambiciosa? Tampoco. Pero sí que supone algo importante: el inicio de que el Gobierno es consciente de que algo ocurre en el planeta. Hay que dejar de jugar a la ruleta rusa en nombre del mercado libre”.
Las cifras que maneja el texto, que han cambiado algo durante la tramitación de la ley, son conocidas: recortar para 2030 en un 23% las emisiones de gases respecto de lo que se lanzaba en 1990. Ese año, para el que resta menos de una década, el 74% de la energía generada en España tendrá que venir de origen limpio y el 42% de toda la energía consumida deberá ser de fuente renovable. En cuanto a la eficiencia, se marca un mínimo del 39% para 2030.
La ley ofrece ciertas herramientas para alcanzar esos objetivos: prohibición de buscar hidrocarburos en España, elaboración de un plan de eficiencia para los hogares (que no desperdicien energía lo que redunda en consumir más), fin de la venta de automóviles de gasolina o gasoil para 2040 o la obligación de trazar zonas de bajas emisiones en las ciudades para transformar el patrón de movilidad urbana.
Retraso acumulado
Esta norma llega más de cinco años después de que se alcanzara el Acuerdo de París contra el Cambio Climático. Ese texto vinculante marca como objetivo global de la Humanidad conseguir limitar el calentamiento del planeta a menos de 2ºC, y, preferiblemente, no pasar del 1,5ºC en el año 2100. Para eso, las proyecciones científicas ya han repetido que la cantidad de gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera deben caer un 50% en esta década. Si no, la inercia climática hará imposible que el termómetro planetario no suba por encima de ese umbral en el medio siglo posterior.
La ley llega con retraso y ha dejado insatisfechos algunos grupos políticos y ambientalistas que reclamaron una norma ambiciosa durante años. La diputada de Más País-Equo, Inés Sabanés, ha reiterado este jueves que la ley necesita “más ambición, más ambición, más ambición. Nos vamos a quedar otra vez a la cola de Europa ante el acelerón de países como Alemania”.
Así, Ecologistas en Acción entiende que los objetivos “ya están desfasados”. También opinan que se apoyan “falsas soluciones basadas en adelantos tecnológicos” en lugar de incicidir en la “necesidad de reducir el consumo de materiales y energías”.
La directora de SEO-Birdlife, Asunción Ruiz, admite que la “ley va a permitir que España no sea el desierto de Europa y marca el inicio del camino” y ha puesto deberes: “Que la expansión de las energías renovables respeten el patrimonio de biodiversidad y que se cree un comité de expertos para que la ciencia oriente las nuevas metas de disminución de emisiones”. “Es un punto de partida poco ambicioso y no responde a la crisis climática y necesitará reforzarse en su desarrollo”, ha analizado la organización Greenpeace.