España, en el centro de las pérdidas económicas que causa el cambio climático en Europa

En los últimos tres años alguno de los impactos severos del cambio climático en España se han colocado entre los eventos extremos más costosos del mundo, especialmente sequías y DANAS.

Esta semana, la revisión anual de la organización Christian Aid calculó que las inundaciones en Valencia y Albacete de octubre pasado fueron uno de los diez desastres climáticos más costosos de 2024 con una factura de unos 4.000 millones de euros. El año anterior, la sequía que atravesó España también fue incluida en ese ránking. Y en 2023, la falta de lluvias de toda la región mediterránea (en la que está incorporada España) apareció en ese mismo grupo.

Las pérdidas económicas relacionadas con el clima en España, aunque con subidas y bajadas anuales, están en ascenso desde, al menos, 2017. En 2023 sumaron 7.000 millones de euros, según el INE. En 2022 se marcó el pico con 11.000 millones –un año extremadamente seco, de incendios forestales y tormentas violentas–. Todavía no hay cálculo para 2024. La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEM) estima que, desde 1980, el país ha acumulado 95.000 millones de pérdidas por la crisis climática. Es el cuarto estado con más pérdidas totales de la UE detrás de Alemania, Francia e Italia.

Según el INE, en 2023, la pérdida económica per cápita fue de 147 euros mientras que la media de la Unión Europea se quedó en 97 euros por habitante. La aceleración del impacto económico, al menos a nivel europeo, viene reflejada –explica la AEM– porque los últimos tres años con datos han entrado en el top5 de daño económico. “Debido a que los eventos climáticos extremos van a intensificarse, parece poco probable que las pérdidas económicas que provocan vayan a reducirse antes de 2030”, analiza el organismo.

Evidencias

El anterior gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, admitía por escrito en un reciente trabajo sobre Implicaciones económicas y financieras del cambio climático que, pese a la incertidumbre, “existe consenso en que la península ibérica resultará especialmente afectada”. En este sentido, abundaba, los estudios indican que “la actividad económica de España sufriría caídas sustanciales” y señalaba como los riesgos en las próximas décadas los “asociados a fenómenos crónicos —como el aumento de las temperaturas, desertificación o subida del nivel del mar—, y los fenómenos meteorológicos extremos o graves, como inundaciones, tormentas o incendios”. Esa proyección descrita por el exgobernador se está materializando.

En palabras de De Cos: “El año de una sequía o una ola de calor severa, se produciría una ralentización notable del crecimiento económico; un aumento de la inflación y una caída del precio de la vivienda”. Sobre las inundaciones: “Un 1,3 % de las viviendas que actúan como garantía hipotecaria en España se encuentra en zonas inundables en un horizonte de diez años”.

Si en el pasado 2024 el impacto climático más claro y severo ha llegado en forma de precipitación violenta que ha causado avenidas de agua súperdestructivas, el Consejo Económico y Social recordaba en su análisis de 2024 sobre los impactos socioeconómicos de la crisis del clima que España es el Estado miembro de la UE “más afectado por la escasez de agua, indicando que alrededor de la mitad de la población está expuesta a este riesgo y estimando las pérdidas generadas por la sequía en alrededor de 1.500 millones de euros al año”.

En este sentido, el Gobierno ha cifrado en unos 4.000 millones de euros las ayudas puestas en marcha solo para el sector primario con la idea de suavizar los efectos de la sequía en 2023.

La factura de la destrucción

Actualmente existe una manera de ver claramente cuánto está costando paliar los efectos cada vez más palpables del cambio climático en España. ¿Quién paga los daños? Si se mira a las aseguradoras que desembolsan ante los fenómenos climáticos, se ve que, en 2023, estas empresas pagaron 847 millones de euros “para hacer frente a los daños que provocaron más de 993.000 siniestros meteorológicos”, según el informe de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA).

Esta patronal calcula que, en el periodo 2017-2021, las aseguradoras pagaron 3.796 millones de euros por siniestros climáticos. La mayoría de la destrucción afectó, además, a viviendas, analiza la UNESPA. Y esa cantidad, subrayan las aseguradoras, no incluye los fenómenos extraordinarios como son las inundaciones, los embates del mar o los vientos ciclónicos que paga el Consorcio de Compensación de Seguros.

Así que para completar la suma, el último informe anual del Consorcio informa de que, entre 2019 y 2023, ha pagado 1.503 millones de euros por inundaciones y embates del mar y otros 190 por tempestades.

Todos estos cálculos e informes sobre pérdidas han venido a corroborar las proyecciones que se hicieron públicas hace más de una década. Por ejemplo el informe sobre El coste de la inacción y el coste de la adaptación llevado a cabo en 2006 por la Agencia Europea del Medio Ambiente y publicado por el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino en 2008 concluía que aunque había “limitaciones para la cuantificación y la valoración, los efectos económicos son potencialmente muy significativos”. Y añadía: “Se prevén repercusiones más adversas en la región mediterránea y en el sureste de Europa”.

“Los estudios ya realizados o en marcha [indican] que las repercusiones económicas y sociales de las alteraciones climáticas van a ser muy serias”, remataba en la presentación de ese informe la que entonces era secretaria de Estado de Cambio Climático Teresa Ribera.