Un diagnóstico psiquiátrico. Es lo que precisa la mayoría de personas transexuales en España para poder acceder a tratamientos hormonales, cirugías de reasignación o modificación del sexo en los documentos oficiales. Deben acreditar médicamente que sufren disforia de género, un “malestar” asociado a la diferencia “entre el género experimentado o expresado y el que los demás le asignarían”.
Es la definición que la Asociación Estadounidense de Psiquiatría hace en el manual de enfermedades mentales de mayor influencia, el DSM. En su ultima edición, de 2012, movió la transexualidad de la categoría de trastornos sexuales a una propia y la renombró. Y aunque la asociación acepta que no es una enfermedad en sí misma, los colectivos LGTBI y activistas trans llevan años pidiendo salir de la llamada “biblia de la psiquiatría”.
Lo mismo exigen a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en la décima versión de la Clasificiación Internacional de Enfermedades (CIE-10) incluye “los trastornos de identidad de género” bajo el epígrafe “trastornos mentales y del comportamiento”. Una filosofía que subyace en la mayoría de los países del mundo, también en España.
La falta de regulaciones o la diversidad de normas dibujan un panorama autonómico desigual. Hay leyes en comunidades como Navarra, País Vasco o Canarias, pero las más despatologizantes, en opinión de los colectivos trans, han sido las recientes de Madrid y Andalucía, que suspenden el requisito diagnóstico. A ello se suma ahora Cataluña, que ha diseñado un nuevo modelo de salud, y próximamente Valencia, que aprobará una norma en este sentido.
Autodeterminación de la identidad
A nivel estatal, el pasado 26 de octubre la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobaba una proposición no de ley impulsada por Ciudadanos y que apoyaron todos los grupos políticos salvo el PP. En ella se urgía al Congreso aprobar una ley que posibilitara tanto a menores como a adultos trans cambiar el sexo registral en los documentos oficiales sin necesidad de acreditar los requisitos a los que obliga la ley.
“Es una declaración de intenciones que nos da un poco de luz, pero debe concretarse”, apunta Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans. La norma de 2007 establece como condiciones para modificar el nombre acreditar “que le ha sido diagnosticada disforia de género” y que “ha sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado”.
En este sentido, el Consejo de Europa adoptó en abril de 2015 una resolución que insta a los Estados a “garantizar que las personas transexuales, incluidos las menores, no sean considerados como enfermos mentales”. Amnistía Internacional también ha solicitado que “el reconocimiento de la identidad de género no debe hacerse depender de diagnósticos psiquiátricos”, apunta en su informe 'El Estado decide quién soy'.
El borrador que ha elaborado la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (FELGTB) exige la aprobación de una ley estatal que se base en el derecho a la autodeterminación de la identidad de género y que garantice que “ninguna persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico”. Quieren asegurarse de que no haya desigualdades según la comunidad autónoma y virar el rumbo hacia la despatologización.
Más allá de avances autonómicos como Andalucía, que permite la modificación registral en la tarjeta sanitaria, o Aragón, que obliga a los centros educativos a tratar al alumnado por su sexo sentido, España sigue contradiciendo algunos parámetros internacionales. Países como Argentina, Dinamarca, Noruega o Irlanda ya han reconocido en sus legislaciones el derecho de que cada persona decida cómo quiere ser tratada legalmente sin necesidad de diagnóstico médico.
¿Y las operaciones estéticas?
Este cambio de filosofía está basado en un giro del enfoque que, para el activista trans Pol Galofre, parte de asumir que el malestar que puede sentir una persona trans “no es intrínseco”. “¿Qué es lo que genera malestar? ¿Su propio cuerpo o la mirada que el sistema nos devuelve de él?”, cuestiona. Asegura que generar “tu personalidad en torno a un problema implica pensarte y crecer entendiendo que tienes una patología, algo que merma la propia autoestima”.
La ginecóloga Rosa Almirall puso en marcha hace cuatro años en Barcelona el servicio de salud Transit, en el que se ha basado la Generalitat para implementar el nuevo modelo. En su opinión, el papel médico debe centrarse en la escucha y en el acompañamiento porque “la única prueba diagnóstica es su relato de vida”. “No me dice nada”, concluye sobre el término disforia de género. “Yo como mujer también puedo tener ese malestar, que es social”, prosigue.
El relato de ambos se asienta sobre una crítica al binarismo hombre-mujer, a la noción de género y a la idea de que todas las personas trans desean seguir un camino hormonal y quirúrgico predeterminado. Sobre la necesidad de modificar el cuerpo, Galofre se pregunta: “¿Quién no modifica hoy en día su cuerpo para sentirse mejor? ¿Y las dietas, los gimnasios, los blanqueamientos dentales o las operaciones estéticas? ¿Son todo eso trastornos?”.
El género, dice, “es una construcción social, si el cuerpo no determinase el género, la gente no tendría necesidad de modificarlo”. Galofre pone el acento en la necesidad de ampliar los imaginarios sobre cuerpos diversos en vez de seguir insistiendo en que “estos cuerpos están equivocados y que se arreglan modificándose”. “¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿No sería más interesante trabajar para erradicar las presiones que se ejercen y ampliar los cuerpos habitables?”.