España contesta a Europa que cazar 400.000 tórtolas al año es compatible con salvar la especie

España considera que el nivel actual de caza sobre las tórtolas europeas ya permite salvaguardar la especie como ordena la legislación europea: “Desde la evidencia científica puede afirmarse que desde las administraciones españolas se han establecido los cauces para asegurar que la caza de la tórtola respete el principio de utilización razonable”, ha escrito el Ministerio de Agricultura en su informe para contestar al expediente de sanción abierto por la Comisión Europea, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El ultimátum europeo llegó el 3 de diciembre de 2020 y daba dos meses para contestar. Si Bruselas entiende que las acciones son insuficientes, puede remitir el expediente al Tribunal Europeo de Justicia para buscar una sanción. Agricultura ha recopilado datos e información de las comunidades autónomas en este periodo, según aparece en el informe. “Desde el año 2017, en España se ha realizado un esfuerzo notable en la reducción de la presión cinegética sobre la tórtola europea, asumiendo en cualquier caso que las medidas se han activado de manera tardía”, describe el documento.

La respuesta de Agricultura afirma que con la rebaja en el número de días que puede cazarse tórtolas y el número de aves que las comunidades autónomas autorizan matar por cazador, en 2020 se ha alcanzado un equilibrio que permite proteger la especie y continuar abatiendo ejemplares.

El Ministerio da por buenas las proyecciones realizadas por la Fundación Artemisán para decir que el año pasado se cazó un 47% menos que en 2015: “En base a la información disponible para cada comunidad autónoma, se ha realizado (Fundación Artemisan, 2021) una estimación de las capturas de tórtola para toda España”. Y a continuación prosigue: “Es posible estimar una cifra máxima de capturas de tórtola para España de 486.471 para la media veda del año 2020, cifra que supone una reducción de aproximadamente el 47% respecto a las 918.000 tórtolas de 2015”.

La Fundación Artemisan es una organización que tiene como benefactores a la Oficina Nacional de Caza, la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza (Asiccaza), la Asociación de Rehalas Regionales de Caza (Arrecal), la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética (Aproca), la Asociación Española de Rehalas o la Real Federación Española de Caza. Precisamente la RFEC avanzaba el 15 de febrero que llevaría al Ministerio de Transición Ecológica a los tribunales si declaraba “especie vulnerable” a la tórtola y usaba como argumento que “el informe de la Fundación Artemisan demuestra un descenso de las capturas de un 47% de las capturas de tórtolas en el periodo 2015-2020”.

En su informe para enviar a la Comisión Europea, Agricultura se remite al estudio encargado al Instituto de Investigación de Recursos Cinegético (IREC) para evaluar la sostenibilidad de la caza de la tórtola en España culminado en 2018. En ese documento se concluía que “una suspensión temporal de la caza, junto con otras medidas de conservación, sería la medida de gestión que tendría más sentido desde el punto de vista de la ecología poblacional de la especie para permitir su recuperación”. Es decir, en 2018 los científicos del IREC recomendaron que la mejor opción era un parón, al menos provisional, de la caza.

Pero luego, como incluye el documento preparado por Agricultura, se añadía que “en el caso de que se quiera implementar una medida menos drástica, por razones socioeconómicas, y se opte por reducir un 50% las capturas anuales, sería importante reflexionar adecuadamente sobre los mecanismos apropiados para conseguir este objetivo”. Esa rebaja facilitaría que “la caza no afecte a la tasa de crecimiento actual de las poblaciones reproductoras españolas, es decir, para que la caza no suponga un factor adicional de declive para la especie”.

Así que, optando por esa vía para evitar paralizar totalmente durante un tiempo la caza de tórtolas apuntada en 2018 y aplicando los cálculos aportados, según describe Agricultura, por el lobby de los cazadores Fundación Artemisan, en 2020 se mató cerca de un 50% menos que en 2015 por lo que el nivel se ha adaptado al equilibrio. “Situaría la reducción de capturas en línea con las recomendaciones del estudio de sostenibilidad”, según el informe.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, afirmaba este jueves en el Senado respecto a la tórtola que la caza “es solo uno de los aspectos a considerar” y que “es competencia plena de las comunidades autónomas”, que son las responsables de dictar las autorizaciones de caza cada año. “Vamos a intentar ponerlas de acuerdo”, expresó, al mismo tiempo que anunciaba a los senadores: “Ha habido cierto progreso. Una reducción de capturas muy importante. Un 47% respecto del año 2015”. El dictamen también especifica que “todas las actuaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación deben limitarse a la coordinación de la actividad cinegética de las Comunidades Autónomas, asumiendo estas la competencia exclusiva en materia de caza, como reflejan expresamente los Estatutos de Autonomía”.

El expediente europeo sobre la inadecuada protección de las tórtolas no se limitaba a la caza. De hecho, hacía referencia como principal factor de riesgo la falta de hábitats adecuados para esta esta especie que ha provocado el modelo de agricultura intensiva. Se han destruido zonas para que nidifique y se ha hecho desaparecer el alimento que buscan a base del uso masivo de herbicidas o la aceleración de cosechas. Asimismo, se señala que la presión cinética se ha llevado a un nivel “no razonable”, exponían.

“Cierta amargura y frustración”

El pasado 4 de febrero, el Ministerio de Transición Ecológica sometió a votación en la Comisión Nacional de Biodiversidad su propuesta de catalogar la tórtola europea como especie vulnerable lo que impediría su caza. Esta medida fue avalada en 2016 por el Comité Científico del Gobierno. La propuesta quedó en empate. “Se siente cierta amargura y frustración al ver cómo se somete a votación, y se pierde, una situación tan incontestable científicamente como la evolución de la especie”, dijo este jueves en el Senado la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En aquella votación, el Gobierno, Aragón, Canarias, La Rioja, Melilla y Euskadi votaron a favor de declarar vulnerable a la tórtola mientras Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Galicia y la Región de Murcia se opusieron, según fuentes conocedoras de la reunión. Al final, 11 comunidades se mostraron a favor, como alternativa, de establecer una moratoria de la caza. La organización SEO-Birdlife, que ya en 2015 propuso que se catalogara la tórtola como vulnerable, considera que la moratoria “hubiera sido una buena solución hace un lustro, acompañándose de medidas de protección de los hábitats de la especie. La catalogación hubiera sido el paraguas legal perfecto para activar todas las herramientas que la especie necesita”.

Transición Ecológica por su parte también ha redactado una contestación al dictamen motivado de la Comisión Europea que ha podido revisar elDiario.es. Bruselas pedía la “designación de zonas especiales de protección para las aves” a lo que el Ministerio argumenta que “España es el país que mayor superficie terrestre de Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) aporta (18,7% del total UE), doblando al siguiente Estado Miembro, con más de un 20% de la superficie total del territorio nacional”.

El dictamen afirma que las comunidades autónomas consideran que tienen un gran margen de “mejora en la definición de la situación de la tórtola en el conjunto de la parte española de la red Natura 2000”, ya que solo se ha informado sobre el 1% de la población reproductora. También han informado de que pretenden desarrollar “planes de gestión de la tórtola como especie importante” y “medidas para su preservación”.