La primera ley que protege en España a los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia y los abusos sexuales ha superado su último trámite. La norma ha cosechado una holgada mayoría en el Congreso, inédita en estos tiempos y superior aún a la de la primera vuelta tras su paso por el Senado, donde se han pulido algunas diferencias. Finalmente hasta 297 diputados han votado a favor, ninguno se ha abstenido y solo la ultraderecha de Vox ha votado en contra y se ha quedado sola en su arremetida contra una legislación que genera un amplio consenso y que la ONU pidió a España hace ya una década. La Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia despliega un marco integral de medidas en varios ámbitos que convierte a nuestro país en pionero en atajar un problema oculto y silenciado.
“Esto supone un hito fundamental en nuestro país porque por primera vez se regula de manera integral la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a todas las formas de violencia. Creo que el mayor éxito de esta ley es mandarle a la sociedad española un mensaje claro e inequívoco: no es aceptable ninguna forma de violencia hacia ellos y ellas en un estado que se considere digno”, ha dicho la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que ha intervenido para defender la posición del Gobierno, que también estaba representado en la bancada por la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Apenas hay cifras que lo retraten con exactitud, y esa es precisamente una laguna que pretende revertir la norma, pero las estimaciones apuntan a que uno de cada cuatro menores ha sufrido violencia en su hogar, según Save the Children; mientras que cada tres horas se interpone una denuncia por abuso sexual contra un niño, niña o adolescente. Y eso es únicamente lo que llega a los juzgados y una parte de los ataques tanto físicos como psicológicos que sufren. “El principal éxito de esta ley debe ser el fomento de un cambio cultural que provoque un rechazo unánime de toda la ciudadanía a todos los tipos de violencia hacia la infancia”, ha proseguido Belarra.
Con la llamada ley Rhodes, en homenaje al impulso que le dio el pianista James Rhodes, que sufrió abusos sexuales en su niñez, España pretende avanzar en un cambio cultural que promueva el buen trato y ponga en primera línea la violencia hacia los niños y niñas, algo similar a lo que ocurrió con la Ley Integral de Violencia de Género de 2004. La norma ha sido concebida como prioritaria y se ha tramitado por la vía de urgencia en las cámaras, pero el trabajo en las respectivas comisiones ha sido intenso y ha introducido cuestiones de calado, ya que el texto partió con duras críticas de organizaciones feministas y de infancia. De las más de 600 enmiendas presentadas, se han acabado incorporando algo más de 200, junto a 76 transaccionales.
Más apoyos que hace un mes
Todos los grupos, excepto Vox, han destacado el paso adelante que supone la norma, “un nuevo paradigma”, ha dicho la diputada de Unidas Podemos, Lucía Muñoz; “un auténtico hito”, en palabras del diputado del PSOE, Omar Anguita. Entre los cambios que introduce está la ampliación de la prescripción de los delitos sexuales, que empezará a contar cuando las víctimas tengan 35 años y no 18 como ocurre ahora; la generalización de la prueba preconstituida en los procedimientos judiciales para que los menores de 14 años no tengan que reiterar una y otra vez su testimonio o el blindaje de su derecho a ser escuchados en los procedimientos que les afectan. Despliega, además, una ristra de medidas de sensibilización y obliga a los centros educativos, deportivos y de ocio a contar con protocolos específicos.
Destacadas por muchos de los diputados han sido las enmiendas incorporadas en el Senado, entre ellas la prohibición de la sujeción mecánica en centros de protección –a excepción de la sujeción de las muñecas en casos excepcionales– o de los desnudos integrales o exploraciones genitales a menores que migran solos como procedimiento para determinar su edad. Han sido unos cuantos los parlamentarios, de hecho, que han señalado a la crisis de Ceuta, que está dejando a cientos de menores hacinados, durmiendo en la calle o devueltos en caliente. “Es de una gran falta de humanidad que hoy estemos aprobando una ley de estas características y estemos devolviendo en caliente a niños y niñas que llegan nadando y exhaustos a nuestras fronteras”, ha espetado la diputada de ERC María Carvalho Dantas.
El paso de la norma por el Senado ha supuesto que hoy salga del Congreso todavía con más apoyos de los que cosechó hace un mes, cuando fue aprobada por primera vez. Y esto es así porque los partidos nacionalistas han virado el sentido de su voto y han pasado del 'no' del PNV y la abstención de Bildu, JuntsxCat o PDeCAT al voto a favor tras la enmienda transaccional pactada in extremis para “salvaguardar” las competencias autonómicas, el motivo por el que en un primer lugar fueron críticos. Aún así, y aunque todas las formaciones reconocen que se ha mejorado en estos últimos meses, algunas cuestiones siguen generando discrepancias, como ha recordado Mertxe Aizpurua, de Bildu, que ha pedido más ambición contra los abusos en los centros de protección y ha lamentado que se reconozca a los Servicios Sociales como agentes de autoridad.
El reto de implementarla
En el ámbito de la violencia de género, la norma camina hacia la prohibición del Síndrome de Alienación Parental (SAP), un falso síndrome “machista”, ha dicho la ministra Ione Belarra, que se usa en ocasiones en juzgados para retirar custodias a madres que han denunciado previamente a los padres de los menores y que ha sido desacreditado por el propio Consejo General del Poder Judicial. También impide de forma general las visitas de niños y niñas con sus padres en caso de haber sido dictada contra ellos una orden de protección por violencia machista, aunque si la parte lo pide y el juez lo motiva, pueden otorgarse, o dispone como automática la retirada de la patria potestad en casos de asesinatos.
Los trabajos iniciales de la ley, como ha recordado la diputada del PP, María de la O Redondo, echaron a andar en 2017, con el Gobierno del PP; y la redacción corrió a cargo de la exministra socialista María Luisa Carcedo, en cuyo mandato el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto. Finalmente, Pablo Iglesias la aprobó en segunda vuelta y la mandó al Congreso. Redondo ha celebrado que la norma “puede suponer un antes y un después para la vida de los niños y niñas”, pero ha señalado la importancia de que sea implementada, porque “sin su desarrollo y dotación presupuestaria será una tomadura de pelo”. Belarra, que ha intervenido al final del debate, ha recordado que la memoria económica prevé un desembolso de 70 millones de euros para afrontar el reto de su aplicación completa. La ley es “un primer paso”, ha resaltado Sara Giménez, de Ciudadanos, en referencia a la larga tarea que le quedan por delante a su ministerio y las comunidades.
El ataque en solitario de Vox
Una vez más, solo Vox ha utilizado su turno de fijación de posiciones para cargar contra la ley, a la que la diputada María Teresa López ha llamado ley Herodes. La extrema derecha se ha quedado sola defendiendo que la norma pretende “cambiar las normas de la sociedad para arrebatarnos el regalo más hermoso que nos da la vida: los hijos” y ha criticado al Gobierno por lo que ha llamado “la invasión atroz” de Ceuta. “Ahora el campo de batalla lo han traído aquí para que nuestros hijos no sean nuestros y se apropien de su personalidad y sus deseos”, ha manifestado López en la línea con las intervenciones de su grupo en los pasados debates. Su argumento, el mismo de otras ocasiones, sin hacer referencia a medidas concretas: que la ley supone “una intromisión en la familia y la intenta destruir”.