España deja sin ejecutar 31 millones de fondos europeos destinados a investigación sobre IA

Frustración, amargura e impotencia se han apoderado de cientos de investigadores sobre inteligencia artificial (IA) esta nochevieja al ver cómo un proyecto sin parangón y financiado con fondos europeos ha decaído sin mayor explicación que “circunstancias sobrevenidas”. El pasado 30 de diciembre, un año después de que la resolución definitiva de la convocatoria tendría que haberse publicado, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades comunicó que finalmente no ejecutaría los 31 millones de euros destinados a la partida denominada “Financiación de planes de investigación en cooperación en el área de la inteligencia artificial desarrollados por grupos de investigación interdisciplinares 2023”.

Todo comenzó en julio de ese año, cuando el ya extinto Ministerio de Universidades publicó la convocatoria. Según los investigadores, se trataba de una posibilidad sin igual en España: tendrían que crear grupos en los que participaran profesionales de diferentes centros de estudio del país para optar a una financiación de hasta dos millones de euros por proyecto, un presupuesto que abría la posibilidad de desarrollar investigaciones como nunca antes. En septiembre los solicitantes presentaron las propuestas, que deberían haber sido evaluadas y resueltas el mismo diciembre de 2023, pues los proyectos tendrían que desarrollarse entre 2024 y 2025. Nada de eso sucedió ni sucederá.

Alfonso Tarancón, catedrático de Física Teórica de la Universidad de Zaragoza (Unizar), fue una de las personas que trabajó durante agosto de 2023 para optar a una de las ayudas: “Estamos estupefactos. Estuvimos todo un agosto trabajando porque la oportunidad lo merecía, y ahora cancelan la convocatoria. Estoy muy indignado porque todo el trabajo se ha ido por la borda”, expresa. Él, que tiene una experiencia de cuatro décadas en el mundo de la investigación, asegura no haber visto nada similar en toda su trayectoria.

Los solicitantes, sin derechos al no ser beneficiarios

La resolución final, firmada el 27 de diciembre de 2024 por el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, no deja lugar a dudas. Los interesados tuvieron acceso a ella tres días después. El documento recoge que “en el desarrollo del procedimiento administrativo para su resolución han surgido una serie de circunstancias sobrevenidas que han resultado finalmente en la imposibilidad técnica de resolver esta convocatoria”. Y añade: “Al no existir propuesta de resolución provisional ni definitiva, ni notificación alguna, no existe derecho alguno a favor de los solicitantes, que no han llegado a adquirir el carácter de beneficiarios”.

El propio Cigudosa también ha remitido una comunicación que ya han recibido varios de los solicitantes en la que explicita que a esas “circunstancias sobrevenidas” se ha sumado “la necesidad de priorizar la gestión de normas y programas de ayuda para la reconstrucción de infraestructuras y comunicaciones y recursos de diversa índole hacia los territorios afectados por la dana”.

El Ministerio de Ciencia ha contestado a elDiario.es confirmando el contenido de la resolución y la carta del secretario de Estado, aunque no ha especificado a qué podrá destinarse esos 31 millones de euros.

Cientos de investigadores afectados

Tanto Tarancón como los demás investigadores consultados consideran que “la ineptitud que han demostrado desde el Ministerio es tan grande que es imposible saber el motivo real por la que dejan caer esta convocatoria tan ambiciosa”. El docente de Unizar pensaba en un primer momento que se podría tratar de un problema competencial o de dejadez, en sus propias palabras, aunque ahora se decanta por pensar que “aquí puede haber algo más oculto, como que quieran destinar estos fondos a otro sector”.

Únicamente en el grupo de Tarancón, en el que él aparecía como investigador principal, había 16 personas incluidas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el Instituto de Física de Cantabria, de la Universidad de Granada y de la fundación y centro de estudios Ibercivis. Se trata de ingenieros, físicos, sociólogos, estadistas, educadores y psicólogos. “Nos enfrentamos a un muro contra el que apenas podemos luchar. La incomprensión que sufrimos, la dejadez y la falta de interés son totales”, recalca Tarancón.

German Rigau, director adjunto del Basque Research Center for Language Technologies de la Universidad del País Vasco (UPV), es otro de los investigadores principales que se había presentado tras coordinarse con ocho centros académicos más de toda España entre los que se encuentran lingüistas, bibliotecarios, informáticos e historiadores. Este experto incide en que saben que los proyectos estaban evaluados en abril de 2024. “Si damos por válido lo que dicen de la dana, ¿qué ha hecho el Ministerio desde abril hasta casi noviembre?”, se pregunta.

Frenazo a la carrera investigatoria sobre IA en España

La convocatoria se alineaba con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, así como con la Estrategia Digital Europea y la Agenda España Digital 2026, y también Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, incluida en el componente 16 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español (PRTR). “Es realmente preocupante que, de forma tan arbitraria, por la incompetencia de un Ministerio, nos quedemos sin avanzar en la carrera investigatoria. Debido a esto, España se quedará muy atrás en lo que a IA se refiere”, sostiene Rigau, quien afirma que tampoco había sufrido algo parecido en su experiencia laboral.

Este especialista del lenguaje subraya lo expuesto por Cigudosa en su misiva. El secretario de Estado confirma que “en el menor tiempo posible, se va a elaborar una nueva convocatoria en 2025, que en esta ocasión será gestionada por la Agencia Estatal de Investigación y que responderá a los objetivos científicos que inspiraban la convocatoria inicial, con una dotación económica que incluirá fondos propios no ligados al PRTR y un diseño que faciliten y aseguren su ejecución”.

En cambio, el investigador de la UPV no se contenta con ello, y así lo argumenta: “Esto era una oportunidad extraordinaria. Nunca antes habíamos podido optar a 2 millones de euros a repartir entre tantos investigadores para proyectos interdisciplinares durante dos años. Lo que haga el Ministerio ni siquiera se le parecerá porque suelen financiar hasta 150.000 euros para tres años”.

Oportunidad perdida para investigadores precarios

El sentimiento de resignación también se ha hecho fuerte entre los afectados, quienes piensan que finalmente si los 31 millones de euros no se ejecutan será “un fracaso colectivo, pero también y en gran medida de Diana Morant”, tal y como resume Rigau. Él ya tiene una plaza consolidada en la academia, pero otros tantos investigadores postdoctorales estaban intentando consolidarla, un hito nada fácil tal y como se plantea la carrera investigadora en España.

“Para ellos esto supone un mazazo increíble. Muchos estaban como investigadores principales, se habían trabajado propuestas de hasta 80 páginas en las que minuciosamente comentaban sus objetivos y el presupuesto que necesitarían. A nosotros no nos va el sueldo en esto, pero es que hablamos de que cientos de postdoctorales se ha quedado sin que los contraten por la incompetencia del Ministerio”, reitera el mismo Rigau.

Inseguridad jurídica para el futuro

Por el momento, los afectados se están intentando organizar para luchar frente a lo que consideran un atropello, incluso en los tribunales. La propia resolución mediante la que se cancela la convocatoria recoge que todavía pueden interponer un recurso de reposición en un mes o acudir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses. Ante este extremo, Tarancón apuntilla que recurrir a nivel judicial sería iniciar un proceso que se alargaría varios años: “Podremos ganar a la Administración, pero ¿para qué? Ese dinero ya estará perdido. La investigación tiene que estar en la punta de lanza de los ámbitos y necesidades de cada momento”.

Rigau, por su parte, considera que “las reclamaciones no van a llegar a nada”. Además, destaca que la propia Administración se ha cubierto bien las espaldas. Tanto en la resolución de cancelación de la convocatoria como en la carta enviada por Cigudosa, el secretario de Estado, se recoge que, al no haber existido en ningún momento propuesta de resolución provisional ni definitiva, ningún solicitante ha llegado a adquirir el carácter de beneficiario, ni se han generado los derechos asociados a este reconocimiento.

“La situación nos deja en una inseguridad jurídica tremenda. A partir de ahora, ¿nos presentamos a más proyectos sabiendo que los pueden cancelar de manera arbitraria? ¿Nadie va a asumir responsabilidades por haber perdido 31 millones de euros de los fondos europeos que España tan solo tenía que repartir? Esto no se trata de causas sobrevenidas como dicen, sino de decisiones políticas que nunca tienen en cuenta a la ciencia”, concluye el investigador de la UPV.